La magistrada al frente del caso Erial, María Isabel Rodríguez Guerola, está ultimando el análisis de las conclusiones aportadas por las comisiones rogatorias solicitadas al extranjero. Se trata de un paso clave para el avance de las pesquisas, en tanto permitirá dilucidar el presunto desvío de fondos en el que habrían incurrido los principales acusados en el procedimiento, entre ellos el expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana, tal y como sostiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Así lo razona la magistrada en un auto fechado el pasado 18 de octubre y al que ha tenido acceso este diario en el que expone los motivos por los que prorroga un mes más el secreto parcial de las actuaciones. Al respecto, la instructora explica que todavía no consta el "análisis final" de las comisiones encargadas a determinados países como Luxemburgo, Andorra, Panamá, Uruguay y Suiza. Por ese motivo mantiene el secreto de sumario de una causa que arrancó hace ahora cuatro años y en la que consta ya una "ingente documentación" que está siendo analizada por la Policía Judicial.
Con todo, la juez al frente del caso 'Erial' mantiene que, aunque está levantado el secreto de la pieza principal, no puede hacer lo propio en con este asunto porque afectaría el resultado de las pesquisas además de que podría perjudicar de manera directa en el análisis de toda la información procedente de los países en los que los principales acusados de la trama habrían ocultado hasta ocho millones de euros. En concreto, la instructora sostiene que las dádivas repartidas provienen del amaño de las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) en 2001 o de la privatización de las concesiones de la ITV de 1997.
Zaplana se distancia de su exsocio
Las continuas prórrogas del secreto de las actuaciones han sido recurridas por la defensa del exministro de Trabajo al considerar que le perjudica el hecho de no tener acceso a las pesquisas, lo que implica que tampoco pueda solicitar diligencias. Sin embargo, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia no solo no comparte este criterio sino que asegura en sus autos que el caso "podría verse frustrado". Con todo, la defensa del expresidente valenciano insiste en desvincularse de su exsocio y presunto testaferro Fernando Belhot y mantiene que no tiene dinero en el extranjero.
Igualmente cuestiona la postura adoptada por el empresario uruguayo el cual dejó plasmado por escrito el pasado mes de diciembre su voluntad de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en el esclarecimiento de los hechos. De este modo precisó en calidad de testigo y por videoconferencia su papel como gestor de las cuentas en el extranjero de Zaplana; el líder popular y suegro del exministro Miguel Barceló y el asesor fiscal Francisco Grau, todos ellos investigados en el caso. En dicho escrito, recogido por este diario, Belhot aseguró que daría todos los pormenores de "la gestión patrimonial efectuada" y no solo eso sino que pondría a disposición de las autoridades españolas el patrimonio que poseen en el extranjero y que según dijo ascendía a 6,7 millones de euros en metálico y 3,3 millones en diferentes inversiones.
Esta confesión permitió a los investigadores localizar los fondos descritos por Belhot. En concreto, la magistrada halló 6,3 millones de euros en dos cuentas de Suiza y tras consignar dichas cuantías, acordó la libertad provisional de Zaplana, el cual había ingresado en la prisión de Picassent ocho meses antes. Precisamente su estancia en el centro penitenciario fue motivo de una gran controversia entre las partes, pues mientras la defensa del principal acusado expuso en reiterado escritos que su salud se estaba viendo deteriorada en ese tiempo, la instructora respondió asegurando que había existido un alto riesgo de fuga y que "podría recibir el mismo tratamiento y control en otros países muy avanzados" y en los que es difícil conseguir extradiciones por la legislación y convenios suscritos; es decir, en paraísos fiscales.
El también exedil de Benidorm, al que se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación, fraude, falsedad documental y tráfico de influencias, emitió un comunicado a la salida de la prisión en el que negaba haber cobrado "un euro" en comisiones ilegales o sobornos. "Probablemente cometí errores, pero puedo asegurar que nunca cobre ni un euro en sobornos o comisiones ilegales, ni me apropié ni distraje fondos o activos relacionados con la Administración Pública", expuso entonces.
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