La orden del Gobierno para poner las bases de un protocolo de actuación contra las noticias falsas (‘fake news’) y la desinformación, lejos de aclarar como se debe actuar ante un fenómeno que está contaminando los canales de comunicación social, ha provocado una reacción airada de los medios de información profesionales y ha generado una ola de incertidumbre jurídica entre los expertos que se dedican a esta área de práctica, que no comprenden la utilidad de una iniciativa jurídica que lo único que hace es salvaguardar la realización de campañas de contrapropaganda del Gobierno contra cualquier atisbo de información que les pueda hacer daño.
Los abogados más avanzados de los grandes despachos españoles en materia de derecho de la información y de las nuevas tecnologías de la información se vieron sorprendidos por la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una orden en la que la palabra justicia o tribunales no aparecía por ningún sitio. La conclusión es evidente: lo único que establecía era una metodología oficial para hacer algo que ya se hace desde la Administración, que es la persecución de las noticias falsas que se publican en redes, foros y plataformas, con impacto en los medios de comunicación y que pueden atentar contra la seguridad nacional.
Antes incluso de se publicase la polémica orden metodológica, el proceso ya estaba funcionando. De hecho, la vigilancia que desde el Ejecutivo se realiza en redes y plataformas detectó recientemente una campaña de noticias falsas que aseguraba que cierto tipo de mascarillas contenía amianto y podía provocar cáncer. Ese hecho se comunicó con rapidez a Moncloa, que puso en alerta a la secretaría de Estado de Sanidad, para lanzar una campaña de propaganda en contra de esa aseveración. Y este es solo un ejemplo real de otros procesos similares que se han dado en toda la pandemia, según aseguran fuentes cercanas al Ejecutivo.
Lo que sorprende a los profesionales del Derecho que están a la última en la normativa europea de esta área de práctica, es por qué se introduce como segunda línea estratégica del protocolo “fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil”. Esa cuestión es la que ha generado más incertidumbre sobre las intenciones reales del Ejecutivo con su orden, sin relevancia desde el punto de vista jurídico, pero que retrotrae a la tristemente famosa pregunta que este verano se introdujo en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sobre la conveniencia o no de mantener la “libertad total para la difusión de noticias” en los medios, a la vista de la proliferación de bulos sobre el coronavirus que en ese momento se estaban dando.
El control de las ‘fake news’ a nivel europeo, que es donde se enmarca la orden publicada, se considera más justificado por los expertos en lo que respecta a la injerencia en procesos electorales a través de campañas internacionales de bulos o la desinformación que se crea en torno a la Covid por lo cambiante de los acontecimientos, pero no en la actuación de los medios. Por ello, la posible creación de una Comisión Permanente contra la Desinformación, como se establece en la orden, controlada por la Secretaría de Estado de Comunicación, Presidencia y el propio CNI, estaría solo justificada en ese contexto, dado que una actuación legal contra la libertad de información de los medios, basada en una mera orden, podría ir contra las leyes que ya controlan esta actividad.
“Los conflictos en materia de comunicación se centran en la pugna entre los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información y otros derechos fundamentales, como pueden ser el honor, la intimidad y la propia imagen”, advierten los juristas consultados, pero eso es algo que ya está en el ordenamiento y no se puede trastocar con una orden del BOE. “Si tenemos en cuenta que los procesos de rastreo y escucha activa y el análisis de las menciones sobre una persona, marca o hecho ya están al orden del día en todas las grandes empresas y gobiernos, la conclusión es clara: esta orden solo sirve como aval para mostrar a Europa que se ha hecho un protocolo y justificar las campañas de contrapropaganda que pueda hacer el Gobierno”, señalan.
Por otro lado, esa especie de 'comisión de la verdad', sin serlo pero con el aval y el poder del Ejecutivo, genera inquietud entre los juristas que se dedican a este tipo de procesos, por el hecho de que pone en manos de una entidad distinta a los jueces y magistrados el control de la veracidad de los contenidos que circulan en la red, lo cual puede a su vez afectar a la libertad de expresión. La cuestión sin resolver hasta ahora, ni en las grandes plataformas que crean equipos propios para controlar y vetar contenidos (al mismísimo Donald Trump si es necesario), ni entre los gobiernos, es dirimir quien es el árbitro de la verdad. O lo que es lo mismo, quien controla al controlador. Mientras eso siga así, en nuestro ordenamiento ese papel lo hacen los jueces y tribunales, a los que esa orden no se refiere en ningún momento.
Incluso en lo que respecta al control de la información falsa que se publica en todo el ecosistema de medios sociales sobre la Covid, sobre todo al inicio de la pandemia, existen dudas sobre la eficacia de esta iniciativa legal. Un estudio publicado hace apenas dos semanas por las investigadoras en comunicación Concha Pérez-Curiel (Universidad de Sevilla) y Ana María Velasco (Universidad de Valladolid) sobre el impacto del discurso político en la difusión de bulos sobre la Covid, centrado sobre todo en los primeros días de la pandemia, demuestra que la mayor parte de la desinformación se generó a través de las publicaciones en redes sociales de los particulares (62,3%) y los vaivenes de los discursos de los políticos (32.8%), mientras que apenas un 4,9% se produjo en los medios de comunicación.
“En todos los perfiles políticos analizados (Donald Trump, Boris Johnson, Giuseppe Conte y Pedro Sánchez), la cantidad y diversidad de falacias relacionadas con el virus, conduce a una seria reflexión sobre las consecuencias para una ciudadanía cada vez más expuesta a mensajes engañosos y en definitiva para la estabilidad democrática”, señalan las expertas en su estudio, tras analizar centenares de mensajes de los mandatarios. Frente a ello, se destaca “la importancia del periodismo y de sus profesionales como expertos en la verificación y el contraste de fuentes que resista a la influencia de los políticos y de la ciudadanía como prosumidores de lo falso”.
