Las empresas españolas afrontan el último trimestre del año con expectación sobre su futuro, en el que el cuadro macroeconómico, la nueva reforma concursal y el fin de la moratoria tras varios años de pandemia dibujan un nuevo escenario. A través de concursos, procesos de refinanciación o de ventas a derribo, los grandes tenedores de deuda -desde la banca hasta los bonistas- y los propietarios de las compañías echan un pulso sobre el nuevo tablero. Los expertos tienen claro su diagnóstico: las reglas del juego han cambiado y el resultado ahora va a ser bien distinto. ¿Qué nos espera? La entrada en escena de más protagonistas, como los fondos de capital riesgo acostumbrados a aparecer en 'situaciones especiales' y la irrupción de distintos árbitros, como los expertos en reestructuraciones para pilotar el futuro de estas compañías en apuros.
Las cifras ya dejan entrever qué se avecina. Con el fin de la tregua concursal, que permitió a miles de compañías evitar la causa de disolución mientras persistiesen los efectos del coronavirus, las quiebras se han disparado. El dato acumulado del año revela que hasta septiembre se alcanzó un récord de concursos, con una subida a doble dígito (+15%) respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 4.983. Lo mismo sucede con las disoluciones, en cuyo caso el número total es de 22.313 y el repunte del 11%. Antonio Amorrich, socio de la plataforma de inversión Outliers y experto en reestructuraciones e inversión en situaciones de insolvencia, señala que la mayoría detrás de estos porcentajes están “microempresas y pymes que no han podido superar la situación de crisis que estamos viviendo. Para esta tipología de compañías, su pequeño tamaño les impiden acceder por falta de recursos a un asesoramiento especializado”.
El temporal no golpea igual en todas las direcciones. La peor parte se la llevan las empresas expuestas a la volatilidad de los precios y, por tanto, al encarecimiento de sus costes de producción. Aquí aparecen sectores muy localizados a nivel geográfico como el azulejero, ubicado principalmente en la Comunidad Valenciana, o el agrícola. También el de la construcción, donde el encarecimiento de las materias primas y la imposibilidad de trasladar costes está paralizando infinidad de proyectos. A este respecto, Francisco García Oliva, socio responsable de Restructuring de PwC, señala que los sectores que resistirán serán el aeroespacial o el de la automoción, más acostumbrados a parar su producción.
García, también socio responsable del área de Debt Advisory, hace hincapié en cómo van a movilizarse el resto de actores, entre ellos las entidades financieras. La banca afronta numerosas solicitudes de refinanciación en los próximos meses. Aunque en términos generales los datos de morosidad, de momento, no hacen saltar las alarmas, los grandes bancos se han sentado ya con distintas grandes compañías para refinanciar el calendario de amortizaciones y extender los vencimientos. Los años más marcados de la pandemia hundieron los ingresos y pararon en seco la actividad de las compañías, lo que les empujó a negociar carencias de pago y dispensas (waiver) sobre determinados compromisos. Ahora, explica García, será el tiempo de extender el calendario, como principal medida para “ganar tiempo”, como así coinciden también otras voces consultadas.
El apetito de los fondos
Las entidades financieras no van a estar solas. Con la incertidumbre acechando los mercados y sin atajar la necesidad de nueva liquidez por parte de las compañías, el terreno de juego está preparado para los fondos de capital riesgo acostumbrados a las situaciones de estrés financiero. Sebastián Montoya, creador del boletín especializado M&A Teaser, que monitoriza la actividad del capital riesgo en España y Portugal, recoge que el fondo oportunista Castlelake ha elegido recientemente Madrid para abrir su primera oficina del sur de Europa, mientras que la gestora alemana Mutares está expandiendo su equipo agresivamente.
Las decisiones de estas gestoras se basan en tendencias y datos como los que componen el índice Weil European Distress, que coloca a España como uno de los países de Europa con empresas más vulnerables. En su última edición del mes de septiembre consideran que las compañías de nuestro país son más débiles por haber sufrido más con la interrupción de la cadena de suministro y con el aumento coste del coste de la vida. “La inflación en Italia (+8,4%) y España (+10,8%) ha aumentado hasta niveles incómodos”, mientras que “el mercado laboral de ambos países es significativamente más débil que el de otras naciones europeas”, resumen.
Nuevas fórmulas
Pese a que las grandes compañías afrontan con más fortalezas una posible recesión, ya hay nombres propios en el disparadero. El caso más paradigmático es el de la siderúrgica Celsa, una de las grandes firmas estratégicas de la industria en España. Sus acreedores, con quienes acumula años de batallas por los impagos y vencimientos de su deuda, han estrenado la nueva ley concursal, solicitando la reestructuración el mismo día que entró en vigor la nueva legislación. La clave está en el espíritu de esta nueva norma, en la que no solo se busca anticiparse a los problemas de insolvencia, sino que introduce la posibilidad de que los tenedores de deuda tengan más poder e incluso la capacidad de invocar una cláusula de arrastre (cross-class cram-down, en inglés).
Sobre este arrastre, Amorrich explica que puede extenderse a los “acreedores disidentes e incluso a los socios” en aquellas situaciones donde la insolvencia es evidente, lo que, a su juicio, "pone sobre la mesa un arma muy poderosa que podrán utilizar aquellos agentes más agresivos y activos en este tipo de situaciones". Para Javier Marquina, abogado, economista y socio del despacho PradaGayoso, para adaptarse a estas nuevas circunstancias será necesario que las empresas implanten sistemas de alerta “que permitan anticipar los problemas futuros” relacionados con cualquier situación de estrés financiero.
El mercado ya ha sido testigo de otras fórmulas que ahora se quieren potenciar, como el denominado pre-pack. Es el caso de la hotelera Room Mate, que presentó concurso de acreedores por su incapacidad de hacer frente a la deuda que arrastraba desde antes de la pandemia, pero lo hizo adjuntando en el juzgado una oferta vinculante para parte de la unidad productiva. El objetivo se logró: la firma se mantuvo viva mientras duraba el proceso y su caída en concurso no significó una defunción anticipada, como ha sucedido hasta ahora con la mayoría de empresas. Otra fórmula similar la empleó la cadena de juguetería ToysRUs, que terminó en manos de grupo italiano PRG Retail, presente en España con la marca Prenatal.
El futuro de estas compañías estará también influenciado por la figura del experto en reestructuraciones, un actor que tiene que ser nombrado por el juez y, de algún modo, sustituye al administrador concursal. Esta figura, cuya creación emana de la transposición de la Directiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo, puede ser propuesta tanto por el deudor (la empresa) como por el acreedor, por lo que la candidatura ganadora pueda despertar recelos. Marquina añade que entre las funciones de este experto está la de asistir en las negociaciones entre las partes, para actuar siempre "con diligencia, independencia e imparcialidad".
