El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se enfrentará este martes a una de las citas menos apetecibles para un líder empresarial de su nivel, pero que más desea desde que se ha visto metido en el periplo judicial del ‘caso Villarejo’ en los últimos tres años. Tendrá que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre las contrataciones que desde su compañía se realizaron de las empresas del comisario José Manuel Villarejo para presuntos trabajos de espionaje, en un intento de dejar claro que desde la Presidencia y la cúpula directiva de la eléctrica no se mantenía una relación directa ni consciente con el polémico policía, ni se sabía que era un funcionario en activo, bases ambas que justifican un posible delito continuado de cohecho activo, que es la clave de su imputación, además de supuesta falsedad en documento mercantil y un delito contra la intimidad.
Fuentes jurídicas cercanas al caso aseguran que a Sánchez Galán le bastará con dejar claro que la responsabilidad objetiva del presidente de una gran corporación, como es la segunda compañía eléctrica del mundo, no llega a los actos menores que pueden realizar cada uno de los miembros de su equipo aguas abajo, dado que eso imposibilitaría su trabajo y sería un golpe desproporcionado para la reputación del ejecutivo en cuestión y de la empresa que preside. Esa fue una de las claves que permitieron la desimputación de sus dos ‘colegas’ del Ibex 35 en el caso de Repsol y CaixaBank, si bien la declaración de Sánchez Galán se ha retrasado medio año por las complicaciones procesales que han surgido desde que le imputaran, en junio del año pasado, en la mayor parte de las ocasiones provocadas por su propio equipo jurídico en aras a llevar a cabo una defensa agresiva de la cúpula de la empresa frente a la Fiscalía y al propio juez.
El juez debe revisar, en las declaraciones pendientes para tres días de esta semana, la responsabilidad penal de los altos directivos y la de la empresa Iberdrola Renovables Enegía como persona jurídica, tras los indicios que le ha presentado la Fiscalía Anticorrupción y, además del resto de declaraciones y escritos que han surgido durante la instrucción, con una doble base documental: por un lado, el informe aportado por el exresponsable de control corporativo de la empresa, José Antonio del Olmo, sobre la contratación supuestamente irregular del comisario, que dio lugar a la apertura de esta pieza separada número 17 en la macrocausa ‘Tándem’; y por otro lado, con las anotaciones y detalles que han surgido de los registros al expolicía, sobre todo de las notas de su agenda. No obstante, fuentes jurídicas conocedoras del caso externas a Iberdrola aseguran que, con esos datos de “el jefe”, “el señorito” o “don Ignacio”, sueltos y sin conexión, no será fácil fundamentar ante el juez una acusación tan grave contra el presidente de la compañía.
Imputados dos años después
Esta línea de investigación se inició en octubre de 2019 y no ha sido hasta casi dos años después cuando se ha imputado al máximo responsable de la compañía eléctrica y a la cúpula directiva en el momento de los encargos al agente encubierto. Desde la imputación, la causa ha sufrido distintos altibajos por el planteamiento de la nulidad de la causa y una serie de recursos. De hecho, hasta que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal no puso orden en el procedimiento el pasado mes de noviembre, el juez no ha retomado la intención de interrogar a Sánchez Galán, así como al ‘número dos’ de la compañía, Francisco Martínez-Córcoles; al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker; y al exjefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
Mientras tanto, el juez ha seguido recibiendo escritos de la parte acusada y de la parte acusadora que buscan ensalzar los intereses de cada uno y en contra del otro. Por un lado, Iberdrola y su presidente han reiterado al magistrado la necesidad de que la investigación se acelere y se resuelva cuanto antes, llegando a culpar al instructor de dañar su reputación y generarle un “claro perjuicio” en su intento de expansión en Estados Unidos, tras la compra frustrada de PNM Resources. Por otro lado, la defensa de uno de los perjudicados de los trabajos de Villarejo, el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, ha tratado de impulsar la imputación de todo el Grupo Iberdrola como persona jurídica para no dejar en el aire ningún fleco de la presunta responsabilidad que tuvo Sánchez Galán en los encargos de espionaje.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó la imputación del presidente de Iberdrola y su cúpula directiva apoyándose en las declaraciones de otros investigados, el entonces jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, y del ex ‘controller’ José Antonio del Olmo. Según explicó en su auto, existen indicios de que Sánchez Galán conocía “exclusivamente”, y en algunos casos también su equipo, que los servicios encargados al Grupo Cenyt fueron “ocultados mediante la manipulación de los conceptos que se hicieron figurar”. En concreto, se refiere a 15 facturas recibidas y abonadas que figuran en la contabilidad de la eléctrica entre 2004 y 2012 por importe de 1.047.324 euros relacionados con trabajos de investigación sobre empresarios de la competencia, como Florentino Pérez, o a grupos de ecologistas y representantes sindicales que podrían perjudicar sus negocios.
El informe del testigo ‘clave’ de la causa
Asenjo fue uno de los primeros imputados por su papel de intermediario entre la compañía y el Grupo Cenyt. En su declaración ante el juez asumió la responsabilidad de la contratación de Villarejo, admitió la manipulación de facturas y salió en defensa de Sánchez Galán, sobre quien aseguró que no tenía ningún tipo de conocimiento de dichos encargos. El presidente de Iberdrola ya se encontraba en el punto de mira de los investigadores, pues poco antes, había salido a la luz un informe interno que Del Olmo había elaborado en 2004, y posteriormente depositado ante notario, que apuntaba que la cúpula directiva era consciente de los encargos y pagos a Villarejo fuera del circuito legal.
El ex ‘controller’ se convertía así en el testigo ‘clave’ del juez -aunque está imputado en este procedimiento y cuyo informe debe ser investigado- y en el ‘enemigo’ de Iberdrola, que inició una batería de acciones legales en distintos tribunales para quitar credibilidad al documento, que según la compañía no consta registrado internamente. Cabe destacar que otros tres directivos de la multinacional vasca imputados, el jefe de Riesgos y Aseguramiento Interno de Iberdrola, Juan Carlos Rebollo, el director de Administración de Control, Pablo Insunza, y el ex ‘número dos’ de Iberdrola José Luis San Pedro, también aseguraron ante el juez instructor que la acusación de Del Olmo es totalmente falsa. Es más, firmaron una declaración en la que manifestaban “la inexistencia del informe y su total desconocimiento del mismo”.
Aún así la sombra de la sospecha siguió planeando sobre Sánchez Galán, aumentando en mayo de 2021 cuando el magistrado García Castellón recibió un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que analizaba nueve audios incautados a Villarejo sobre conversaciones que éste habría mantenido con Asenjo y en las que se escucha como el comisario alude al presidente de Iberdrola para indagar sobre la valoración que hacía la cúpula sobre sus trabajos y conseguir cobrar más por ellos. Fue entonces, a la espera de la imputación, cuando Sánchez Galán, a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se puso a disposición de la Audiencia Nacional para despejar cualquier duda en relación con la contratación del agente encubierto. La cita esperada tendrá lugar el 18 de enero.
