La crisis financiera y de deuda y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria dieron lugar en España a algo mas de una década perdida en términos económicos. Al país le costó trece años recuperar su nivel de crecimiento previo a ese shock al tener que combinar la pérdida de actividad que trajo consigo la recesión con los ajustes necesarios para contener un déficit público que llegó a dispararse al 11,55% en 2012. En solo dos ejercicios, entre 2009 y 2010, el Estado dejó de ingresar 41.000 millones de euros en impuestos por la pérdida de tejido productivo, el hundimiento del consumo, el fortísimo incremento del paro (de acuerdo con la Encuesta de Población Activa, en el primer trimestre de 2013 la tasa alcanzó su pico histórico en el 26,9%) y el trasvase de una parte de las actividades a la economía sumergida que es más difícil de cuantificar.
No son tiempos tan lejanos y, sin embargo, la coyuntura poco o nada tiene que ver. Los ingresos tributarios alcanzarán la cifra récord de 262.781 millones de euros el año que viene, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado. Subirán un 7,7% en relación a este ejercicio (en el que está prevista ya un alza del 9,6% con respecto al pasado). Los datos de ejecución presupuestaria confirman que la recaudación ha pisado el acelerador hasta agosto (se han disparado un 18% en relación al mismo periodo de 2021) por el rally de la inflación, el avance de la actividad y también, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, por el afloramiento de economía sumergida.
Sin embargo y pese a las advertencias de que España pueda entrar en recesión técnica entre el último trimestre de este año y el primero del próximo (lo apuntaba esta misma semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y tampoco lo descartaba Funcas, la Fundación de las Cajas), el Gobierno confía en que esta vez no habrá una pérdida de recaudación tributaria como la que se produjo en el pasado. “No habrá un desplome”, como mucho habrá una pequeña “oscilación”, apuntaba el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, el pasado jueves durante su intervención en el XXXII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado que se ha celebrado esta misma semana en Granada. Los propios inspectores confirman la tesis sostenida por el ‘número dos’ del Departamento que lidera María Jesús Montoro.
A raíz de la pandemia se ha producido un cambio social que confirma que una parte de ese incremento de la recaudación tributaria es estructural. Medidas, como la obligatoriedad de que los pagos superiores a 1.000 euros de los particulares a empresas o profesionales se hagan mediante medios que permitan identificar el origen del dinero, como las transferencias bancarias o el pago con tarjeta (incluida en la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal) han sido esenciales para ello, aseguraban a ‘La Información’. También, el hecho de que durante la covid se recomendase el uso del ‘dinero de plástico’ como medida de carácter sanitario para reducir el riesgo de transmisión del virus. Todo lo anterior ha promovido un cambio social que nos equipara más a otros países de nuestro entorno, concluyen las fuentes consultadas.
Los datos del Banco de España (BdE) así lo avalan. Los pagos con tarjeta en terminales de punto de venta se incrementaron un 23,56% en el segundo trimestre del año en tasa interanual, mientras que las retiradas de efectivo apenas lo hicieron un 2,75%. Los primeros, de hecho, mantienen la senda ascendente que se aceleró con la pandemia y se sitúan en máximos históricos. El gobernador de la entidad, Pablo Hernández de Cos, reconocía hace apenas unas semanas que hay un 30% del aumento de la recaudación que no puede explicarse, y no descartaba que se debiera al afloramiento de economía sumergida. En el Plan Presupuestario de 2023 remitido recientemente a la Comisión Europea el Gobierno reconoce que prevé contar con un colchón extra de 20.500 millones de euros entre éste y el próximo ejercicio gracias a la buena marcha de los ingresos. El Ejecutivo no descarta emplear ese margen para ampliar el escudo social desplegado para amortiguar el impacto del aumento de la inflación, la crisis energética y la guerra en Ucrania sobre familias y empresas. Gascón confirmaba en el mismo foro que el Consejo de Ministros aprobará en unas semanas el nuevo decreto ley de medidas (incluidas las de ámbito tributario) en el que tendrán cabida.
De momento, la economía ya ha echado el freno. El PIB apenas avanzó un 0,2% en el tercer trimestre del año, de acuerdo con el avance del Instituto Nacional de Estadística (INE), con el turismo manteniendo el pulso y el consumo. Al mismo tiempo, el dato adelantado de inflación de octubre muestra una imagen mas próxima a la que contemplan la AIReF o Funcas. Los precios moderaron en 1,5 puntos su avance en octubre (un movimiento a la baja de una magnitud sin precedentes) y la tasa anual del IPC se situó en el 7,3%. Los dos datos evidencian que España está más lejos que otras grandes economías del euro de una posible estanflación, cuyos efectos perniciosos se harían sentir con más virulencia entre las familias y empresas en una situación más vulnerable.
A ese colectivo reclaman las autoridades internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo que se destinen las medidas anticrisis promovidas desde los gobiernos europeos. Todo con el fin de evitar que la burbuja inflacionaria se hinche aún más. En cualquier caso, las perspectivas de los analistas y organismos internacionales sí que confían en que España logre sortear una recesión que dan por hecha en Alemania o Italia, más expuestas a la ‘guerra energética’ con Rusia. Un escenario así no empañaría el escenario que dibuja la ministra María Jesús Montero y que apunta a un aumento de la recaudación tributaria de 32.000 millones de euros. En el debate de Presupuestos, la titular de Hacienda aseguró que la inflación apenas representa el 25% del total de ese aumento y atribuyó al aumento de las bases imponibles el 75% restante.
