“La norma soy yo”. Esa frase aun resuena en algunos de los pasillos de los ministerios energéticos de la democracia. Aunque pueda parecer una ‘boutade’, el poder de la política tiene muchas manifestaciones. Una de las más poderosas es la posibilidad de interferir en la vida social de los ciudadanos y decidir cuánto dinero queda a fin de mes en unos bolsillos cada vez más menguados. Estas dos cualidades son precisamente las que confluyen en la factura de la electricidad. Un ‘todo complejo’ que engloba conceptos tan dispares como costes extrapeninsulares, interrumpibilidad, primas a las energías renovables o impuestos sobre la generación de la electricidad, que encuentra sus orígenes en los fondos de ayuda al sector minero. Todo aquel que ha intentado explicarlos ha muerto, políticamente hablando, en el intento.
La factura de la luz presenta todos los ingredientes para convertirse en el arma política perfecta que puede ser administrada por unos u otros sin más trabajo que cambiar una coma o un número en el BOE. Pocos políticos podrían resistirse a utilizar un armamento tan contundente y por desgracia, en muchas ocasiones, demagógico.
La polémica de la última semana pone de manifiesto la importancia sociológica de la luz. Los españoles pueden movilizarse por muchas causas, pero realmente se cabrean por pocas y una de estas razones es la luz. Cualquier céntimo que pueda pagarse de más tiene una influencia directa sobre la percepción de los gobiernos y puede acabar con las aspiraciones de cualquier candidato si no maneja correctamente los tiempos que marcan el precio de la electricidad.
Cada Gobierno, incluso cada ministro que ha pasado por el Ministerio de Industria, ahora de Transición Ecológica, ha tratado de dejar su impronta, su parche en un traje que ya no aguanta más remiendos desde que en 1997 se hiciera un esfuerzo ímprobo por poner orden en la generación, distribución y comercialización de la electricidad en España. Este fue el comienzo de un proceso en el que la luz pasó de ser un bien de naturaleza pública al botón nuclear que pulsar en caso de querer ganar o perder elecciones. Durante este año se elaboró la Ley del Sector Eléctrico, la "Biblia de la electricidad" durante casi 20 años, que acabó con décadas de intervención pública directa en los precios de la electricidad. Eran los tiempos del ordeno y mando en el BOE. Los ciudadanos pagábamos a final de mes aquello que el gobierno socialista de González consideraba oportuno.
Madrid llevaba años dando largas a la UE, que exigía la liberalización del sector eléctrico, no tanto para permitir la entrada de empresas europeas en un mercado por definición oligopolista, sino para evitar que un solo país dentro del espacio europeo gozara del privilegio que supone fijar unilateralmente y por decreto cuanto cuesta el megavatio.
Para solucionar esta situación, el recién llegado gobierno del Partido Popular de José María Aznar ‘encerró’ a los grandes expertos de la por aquel entonces semipública Endesa para confeccionar un traje a la medida al sistema español. La Ley del Sector Eléctrico buscaba establecer la regulación del sector con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico, la calidad del servicio y que éste se realizara al menor coste posible. Estos serán los mantras que, año tras año, gobierno tras gobierno, se repetirán… y fracasarán en su lucha por interferir artificialmente en los precios de la electricidad.
No hubo que esperar mucho tiempo. Tan solo tres años después los primeros problemas comenzaron a surgir. El Ministerio de Economía de la época y concretamente su secretario de Estado, Cristóbal Montoro, descubrió que la liberalización del mercado traía consigo una ingrata labor, que no era otra que adecuar e igualar los precios que pagaba el consumidor con el coste real de la energía. En cualquier otro sector esto supondría una práctica normal. En el eléctrico era un anatema: una máquina de perder elecciones.
Esta era una cuestión capital. La luz tenía la mala costumbre de ir incrementando su valor según pasaban los meses y los años. Sólo había una forma posible de poner fin a una subida que obligaba el ministerio de turno a comparecer en rueda de prensa cada tres meses para subir la luz: el infierno para cualquier director de comunicación ministerial. Rodrigo Rato no dudó un segundo y estableció la regla de oro de la época: la tarifa eléctrica jamás subiría por encima del IPC. La consecuencia no podía ser otra. La diferencia entre los costes de la electricidad y el precio que recibían las eléctricas por su servicio no cuadraban, generándose una incipiente deuda conocida como déficit de tarifa.
Una hipoteca invisible que iban a pagar las generaciones futuras y que en 2013 llegó a alcanzar los… 30.000 millones de euros. Mas preocupados por la competitividad que por este déficit, el gobierno de Aznar promulgó la Ley 53/2002 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la primera de las leyes que contemplaría la fiscalidad más o menos verde y que supuso un enfrentamiento con el principal partido de la oposición. El argumentario del gobierno popular era sencillo: podía hacer lo que fuera mientras que el precio de la luz no subiera… y no lo hizo… o al menos no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde. La luz había pasado de ser un bien a un arma arrojadiza que en las manos incorrectas se convertiría en un elemento de negociación entre el peligroso dúo de la empresa y la política, con los medios de comunicación como acelerante perfecto de esta combinación.
En 2005, el gobierno de Zapatero se jactaba de tener la economía más boyante de la Unión Europea y a la vez poder disponer de un arsenal económico para dirigir a numerosos gastos sociales. Sin saberlo, los españoles continuábamos aumentando nuestra deuda con las eléctricas que, en el fondo, podrían frotarse las manos ya que sabían que, tarde o temprano, esa deuda saldría del agujero en el que se había metido.
La Ley 24/2005 de reformas para el impulso a la productividad supuso la entrada en escena de las energías renovables y las primas que conlleva su desarrollo. Esta legislación trataba de fomentar el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000 - 2010. La Comisión Nacional de la Energía, las primeras primas a la biomasa y los hidrocarburos gaseosos fueron los grandes beneficiados. El coste de todas estas medidas pasó a ser sufragado por la factura de la luz: ese ente “que lo aguanta todo”. Todo hasta que estalla.
Por aquel entonces, las desconocidas directivas comunitarias aparecían en el horizonte del sector eléctrico. Fue precisamente una de ellas, la 2003/54/CE la que buscaba surtir sus efectos en España. Y vaya si lo hizo. Zapatero adaptó la legislación comunitaria a través de la Ley 17/2007 estableciendo una serie de normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Lo que antes era un clamor en contra de las medidas del gobierno del Partido Popular se convirtió en un gran apoyo. El socialismo descubrió lo interesante que resultaba tener contenidos los precios de la luz, pero la burbuja era cada vez más grande. Europa clamaba en contra de la irredenta aldea hispana que se negaba a liberalizar el sector. Sin embargo, esta ley puso como límite la fecha del 1 de enero de 2009 para que el suministro eléctrico pasara a ser ejercido en su totalidad por los comercializadores en libre competencia. A partir de aquí, serían los consumidores de electricidad los que elegirían libremente a su suministrador.
Se acabó lo que se daba. El Partido Popular acusaba al socialista de ser los culpables del déficit de tarifa, que ciertamente se había disparado en los meses previos. Además, el cambio del modelo energético amenazaba con acabar con el blindaje público al precio de la luz y las primas a las renovables comenzaban su vertiginoso ascenso para generar un gasto a las arcas de… los ciudadanos, por valor de 6.000 millones de euros al año. ¿Adivinan quién soportaría ese gasto? Efectivamente: la factura de la luz. Usted. Todos nosotros.
En 2010 la burbuja estalló. El Real Decreto Ley 14/2010 estableció medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Un país que soportaba la mayor crisis conocida hasta la fecha no podía permitirse desangrarse en beneficio de un sólo sector. Lo que antes era un producto industrial: la energía fotovoltaica, se convirtió en otro financiero. Si con anterioridad el cambio de modelo energético era un proyecto de Estado, ahora se había transformado y convertido en un terreno abonado a la confrontación política. 2.500 millones era el objetivo que el gobierno, encabezado por el titular de Industria, Miguel Sebastián, deseaba fijar como límite máximo del déficit de ingresos del sistema de liquidaciones eléctricos para ese año. Los últimos en llegar al mercado persa en el que se había convertido la fotovoltaica española fueron los pagadores. Más de 50.000 pequeñas explotaciones se echaban las manos a la cabeza. El chollo de las Tasas Internas de Retorno (TIR) por encima de los dos dígitos se terminó y con ello la politización de la energía. La oposición popular pasó a acusar al gobierno socialista de “ocasionar la ruina de los pequeños ahorradores españoles”.
El mundo al revés. El PSOE trataba de acotar el desarrollo de las renovables para salvar las arcas públicas, mientras que el Partido Popular acusaba al Ejecutivo de “cargarse a las renovables”. Dos años después el argumentario era exactamente el contrario. El Real Decreto-ley 29/2012 de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social pasó a la historia como la primera iniciativa de choque del gobierno de Mariano Rajoy para atajar los problemas que la electricidad y su precio sufrían en España desde 1997.
Su publicación, un 28 de diciembre, provocó una auténtica convulsión en el sector. Las llamadas desde las sedes de Endesa, Iberdrola o Gas Natural a Moncloa se sucedían mientras miraban incrédulos el BOE del Día de los Inocentes. Una norma que modificaba sustancialmente todo el sistema de generación eléctrico y que había sido incluida en una reforma para empleados del hogar. El país nos tenía acostumbrados a surrealismos de todo tipo, pero este, sin duda, había alcanzado cotas asombrosas. Escondido tras el apartado de “medidas de carácter económico y social” estaba todo un apartado dirigido a transformar el sistema. El gobierno trataba de evitar “el gravísimo impacto que tendrían (estas medidas) sobre el consumidor final, que ya ha venido soportando importantes incrementos en los últimos años y que debilitaría aun más su renta disponible y su competitividad en un contexto de recesión como el presente”.
Si se decide no afectar al consumidor… ¿Quién será de nuevo el pagador? Efectivamente. El Gobierno ponía en el punto de mira de nuevo en los productores, reservándose “una habilitación para la supresión o corrección del régimen económico primado en caso de constatación del incumplimiento de las obligaciones que constituyen presupuesto esencial de la definitiva adquisición de tal régimen económico”. Léase: un nuevo hachazo al sector
De nuevo las tornas cambiaban. El PSOE pasaba a denunciar al PP por acabar con el sector renovable y el PP devolvía la moneda al socialismo acusándoles de “vendidos a las eléctricas”. José Manuel Soria se estrenaba con fuerza en un sector en el que no se suelen hacer prisioneros. Pero el canario deseaba morir matando. En 2013 presentaba junto a Álvaro Nadal la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Su objetivo era poner algo de coherencia y recuperar el espíritu de 1997 y de esta forma llegó como regalo de Navidad, al publicarse un 26 de diciembre. Leerse el preámbulo de la ley es hacer todo un ejercicio de sinceridad… y de fracaso.
“Pese a que los peajes crecieron un 122% entre 2004 y 2012, situando el precio de la electricidad en nuestro país muy por encima de la media de la Unión Europea, eran insuficientes para cubrir los costes del sistema. Esta situación de desequilibrio ha llegado al punto de que la deuda acumulada del sistema eléctrico supere en el momento actual los 26.000 millones de euros, el déficit estructural del sistema alcanzase los 10.000 millones anuales y la no corrección del desequilibrio introdujera un riesgo de quiebra del sistema eléctrico.”
Demoledor. Sin embargo, gobierno y oposición continuaban arrojándose a la cara los desaciertos del pasado. Esta ley sí produjo un cambio sustancial. Se saldaba la deuda con las eléctricas a costa de recortes en las primas en todos y cada uno de los sectores y la hipoteca contraída por todos los españoles pasó a titularizarse y colocarse en los mercados. Todo un bálsamo para las endeudadas cuentas de las empresas. Aun hoy seguimos sufriendo sus consecuencias en forma de laudos y pleitos por todo el universo jurídico internacional, pero ciertamente supuso un borrón y cuenta nueva… o casi, puesto que la máquina de hacer leyes no paró en ningún momento.
2014 nos sorprendió con el Real Decreto 216/2014 que fija el método de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor. En realidad, tras sus 20 artículos y muchas más disposiciones finales y transitorias se escondía la intención de dejar de perder puntos en el CIS cada vez que un ministro o secretario de Estado comparecía para anunciar la subida de la luz. Inspirado por el mercado de carburantes, el gobierno presentó un auténtico plan estratégico para hacer que la luz se fijara automáticamente sin intervención alguna del ejecutivo, al menos en la parte de energía, reservándose la posibilidad de mantener congelados los peajes en caso de que el precio se disparase. Los ministros de Industria comenzaron a respirar al verse aliviados de dar una mala noticia cada tres meses, aunque la luz sólo supusiera “un café al día”.
Ingeniería política y de comunicación que, sin embargo, no sirvió para evitar el crecimiento de los precios y, lo que es peor, provocar la pérdida de control por parte de, ahora, el Ministerio de Energía, algo de lo que probablemente se estén arrepintiendo los de Teresa Ribera en estos momentos. Antes de abandonar Moncloa, el gobierno de Rajoy propuso establecer un cupo de 3.000 MW de potencia instalada al que se pudiera otorgar un régimen retributivo específico. Lo hizo gracias al Real Decreto 650/2017. Dicho en román paladín: poner coto a la nueva burbuja que comenzaba a asomar por la puerta y que de nuevo tenía a las renovables como protagonistas.
Ya con el actual gobierno de Pedro Sánchez las cosas no han ido mucho mejor. El precio de la luz continúa siendo un arma en manos de la política. Al revuelo y revolución que provocó la Circular 4/2020 de la CNMC, por la que se establece la metodología para determinar la retribución de la distribución de gas natural, se unió el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Hay que destacar que, pese a alguna que otra declaración intempestiva, el PNIEC ha supuesto un cierto clima de consenso, tanto en la necesidad de regular el camino hacia una auténtica transición energética como en las formas de hacerlo. Todo correcto hasta que, de nuevo por el elevado precio de la luz, el ministerio de Transición Ecológica ha dado un puñetazo encima de la mesa, acabando con unos beneficios caídos del cielo que no pasan de ser migajas en el profundo agujero político en el que se ha convertido la energía en España.
Eso sí. Hay un nexo común entre todas las medidas políticas aprobadas por los gobiernos populares y socialistas. Todas se hacían en nombre del consumidor, jurando la venida de unos precios más bajos que nunca terminan de llegar. Es más, suben a un ritmo políticamente inasumible y ya se sabe: cuando la política manda, la factura de la luz lo aguanta todo. Todo menos la lógica de un traje confeccionado en 1997 al que ya no le valen más parches.
