El cambalache de ministros que ha llevado a cabo esta semana Pedro Sánchez no ha tocado el bloque económico con el que empezó la legislatura, salvo el reforzamiento que supone para Nadia Calviño pasar a ser la vicepresidente primera (empezó de ‘tercera’ hace dos años), por una razón muy simple que recuerdan desde el propio PSOE: la buena marcha de la legislatura y la base para repetir en Moncloa otro periplo político más depende sobre todo de que se haga un buen reparto de las ayudas de la UE, sin fallos en la transparencia y la gestión del dinero que llega de Bruselas, de forma que sirvan para renovar la industria y el I+D+i, más que para sustituir partidas de gasto público. No es casualidad que el cambio de Gobierno se haya hecho el mismo día que se aprobaba el PERTE de la automoción, el primero de los seis que, por ahora, hay previstos en la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 de Manuel de la Rocha, en cuya resolución en los próximos 30 meses es donde se la juega el nuevo Ejecutivo.
Tras el plan del vehículo eléctrico, que ya está en marcha con una inversión pública de 4.300 millones y el objetivo de promover hasta 24.000 en proyectos de inversión público-privada, España negocia en Bruselas otros cinco PERTE más, que pretenden ser aprobados cuanto antes para ir adjudicando fondos, aunque todavía estén en fase de definición. El más avanzado es el que se centra en la generación y almacenamiento de hidrógeno verde, una de las alternativas a la transición ecológica que busca su hueco entre eólicas, solares y electrificadores, que dependerá del ministerio de Teresa Ribera. El sector aeronáutico y aeroespacial cuentan también con plan propio, muy vinculado a mantener en España la capacidad productiva y tecnológica de Airbus. También se prepara un proyecto transversal para el desarrollo de la inteligencia artificial, junto a otro orientado a la modernización de la industria agroalimentaria y, por último, un plan bautizado como 'Salud de Vanguardia', que se centra en modernizar la prestación de servicios sanitarios que tanto han sufrido en la pandemia.
Aunque todos los analistas económicos y hasta el gobernador del Banco de España han asegurado que la llegada de los fondos europeos generará varios puntos de PIB de crecimiento anual sí o sí, de forma que el reto está en cómo se repartan esos fondos es lo que puede marcar su éxito o su fracaso. Y no están exentos de riesgos. La propia Nadia Calviño advertía este jueves que será necesaria una buena coordinación entre la Administración central y los gobiernos de las CCAA para aprobar los proyectos sin cuellos de botella, algo para lo que es necesario que siempre primen los criterios técnicos frente a los políticos, algo que no siempre se logra. A ese riesgo político se une el recelo empresarial por las mesas de contratación y gobernanza que cada PERTE conlleva y que marcan una parte mínima de empresas, entidades de investigación y autonomías implicadas en cada caso, que pueden ser más un freno que un avance en la eficacia de los proyectos, según señalan fuentes jurídicas dedicadas ahora a la preparación de este tipo de proyectos.
Bajo la lupa de la CNMC
Al riesgo del exceso de burocracia de la normativa estatal para contratar y adjudicar proyectos y las trabas políticas que se van a presentar cuando se mezclen CCAA de distinta ideología que el Gobierno, se une un desafío que destacaba esta misma semana la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández: los fondos europeos van a suponer un incremento muy importante de la contratación pública, que debe contar con un enfoque de competencia para evitar situaciones en las que unas pocas empresas acaparen la mayor parte de los proyectos o las licitaciones que se generen, algo de lo que ya se está acusando de antemano al PERTE de la automoción.
Según los datos aportados por la propia CNMC, la contratación pública supone en condiciones normales un 10% del PIB anual, una proporción que ahora se verá aumentada de forma exponencial con los fondos de la UE hasta 2023, sobre todo dado el control público que se ha implantado para todas las operaciones. Es evidente que esa actividad provoca un efecto arrastre muy amplio, sobre todo en materia de transición ecológica y digitalización de la economía, con lo que eso supone de mejora de los servicios públicos y del bienestar general, que obliga a la Administración a “reaccionar ante mercados con escasa competencia y evitar diseños de contratación pública que acaban limitando la concurrencia a las licitaciones”, en palabras de la propia Cani Fernández.
A sabiendas de que muchos de los problemas de la gestión de los PERTE van a acabar en la mesa de la CNMC, el organismo ha intensificado de antemano la persecución de las prácticas restrictivas de la competencia por parte de las empresas que participan en los procesos de licitación pública para evitar casos de colusión. De forma paralela, desde la institución se forma cada año a cientos de funcionarios para que las convocatorias se diseñen correctamente y las licitaciones sean competitivas y no distorsionen los procesos de contratación.
El riesgo de la tecnología compartida… o importada
Desde el punto de vista empresarial, se han multiplicado las consultas en los despachos de abogados sobre los riesgos que supone para muchos planes de innovación y desarrollo la entrada en un PERTE junto a una serie de socios que no siempre se eligen. Por un lado, la apertura de los proyectos a pymes no es siempre del agrado de quien aporta la parte de investigación con más valor añadido para el conjunto de la agrupación de interés a la que se va a adjudicar el negocio. Por otro lado, la no consecución de un proyecto exige una explicación completa de las razones por las que se rechaza la iniciativa, sobre todo después de haber puesto sobre la mesa la información confidencial o relevante necesaria para optar a la licitación.
De una forma o de otra, los intereses de las empresas pueden verse perjudicados bajo la justificación del uso de fondos públicos para poner en marcha el proyecto, hasta el punto de que, ante las alertas de técnicos y jurídicos, muchas empresas paralicen su inversión a la espera de una oportunidad con menos riesgo, aunque en lugar de dinero a fondo perdido se realice con créditos, subvencionados o no. Este riesgo, junto a la posibilidad de paralizar procesos por cuestiones de competencia, pueden dar un ‘bocado’ al montante inversor previsto y evitar que se llegue al máximo aprovechamiento de las ayudas, algo que estaría muy mal visto en Bruselas y ante la opinión pública, advierten desde el ámbito empresarial.
Junto a todos esos riesgos intrínsecos o de política interna que se generan en torno a la gestión del Fondo UE y las condiciones de adjudicación de proyectos de los PERTE, hay dos cuestiones externas que tampoco pasan desapercibidas en Moncloa y en el Ministerio de Nadia Calviño. Por un lado, la propia vicepresidenta primera ha advertido de la necesidad de que la Comisión Europea aplique “manga ancha” a la hora de cribar el reparto de las ayudas con las reglas estrictas sobre ayudas de Estado que rigen en la UE casi desde su fundación. Los juristas expertos en derecho comunitario entienden que la excepcionalidad del momento y del proceso puede justificar esa flexibilización, sobre todo porque la liberación de los fondos ya viene marcada por los planes de reformas estructurales que se comprometen a hacer en cada Estado miembro, como es el caso de la reforma de las pensiones o del mercado laboral en España.
Por otro lado, el Departamento de Asuntos Económicos de Moncloa ya ha lanzado la advertencia de que es necesario, siempre que se pueda, que la tecnología a aplicar en cada PERTE venga para quedarse en España o se genere entre nuestros propios centros de investigación, dentro de lo posible. Un exceso de importación de servicios tecnológicos o de innovación de países como Alemania, Francia o el norte de Europa va en detrimento de la regeneración del tejido industrial español y puede suponer un hándicap importante cuando dentro de dos o tres años (al final de la legislatura) se recorte el efecto de los fondos en la economía y el país tenga que aguantar el tirón con sus propios medios y asfixiado por un nivel de deuda en máximos.
