La sangría fiscal ‘oculta’ que prepara Sánchez

Los nuevos tributos 'verdes' y los cambios en la imposición indirecta elevarán los costes de las empresas y los precios de los productos, para acabar golpeando a las rentas más bajas y su capacidad de consumo.

Más o menos dentro de un año, cualquier ciudadano que quiera ir a hacer la compra al supermercado con su propio coche tendrá que pagar más caro por cualquier producto que lleve plástico, por llenar de combustible su vehículo, tendrá más comisiones en el banco si paga con tarjeta y verá cómo se elevan los costes de las múltiples conexiones digitales sin las que ya no se puede vivir. Además de ello, a lo largo del año afrontará subidas en el impuesto anual de circulación y si se le ocurre cambiar de coche, verá como se eleva la tasa de matriculación, a no ser que pueda pagar el precio de uno eléctrico. Si se le ocurre tener un diésel o gasolina, por razones puramente de necesidad operativa o económica hasta que avancen los puntos de recarga y la autonomía de los coches de etiqueta azul, también subirá el precio del carburante por la “necesaria” homologación del tributo a la transición ecológica, además del reproche social por ser considerada una persona contaminante. Y cuidado con el gas del aire acondicionado, que también es dañino y pagará su correspondiente tasa en el segundo semestre de 2022.

Esas serán las primeras consecuencias prácticas de los cambios fiscales que prepara el Ejecutivo de Sánchez contempladas en el Plan de Recuperación que ha enviado a Bruselas, a aplicar entre finales de este año y todo el que viene, solo como aperitivo a una gran reforma tributaria cuyo colofón se prevé para el primer trimestre de 2023, con permiso de ese mismo año o antes no haya una convocatoria electoral. La tasa Google a las empresas de economía digital y la tasa Tobin a las transacciones financieras ya están en marcha este año y van allanando poco a poco el camino a la tributación ‘verde’ sobre los residuos, los plásticos, los hidrocarburos y hasta los billetes de avión, mientras la comisión de expertos fiscales de María Jesús Montero analiza todos los beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades y del IRPF, junto con las bonificaciones autonómicas de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. El calvario fiscal lo completa la idea de que, dentro de dos o tres años (no está muy claro), el Ejecutivo que haya se atreva a cobrar por el uso de las carreteras de alta capacidad, muchas de las cuáles, tal y como recuerdan algunos economistas, ya hemos pagado todos los ciudadanos con nuestros impuestos.

Un primer vistazo a la ficha fiscal de las reformas planteadas a la UE deja muy clara una cosa: la apuesta por gravar de antemano y poco a poco los impuestos indirectos bajo la manida premisa de que “quien contamina, paga”, no tiene nada que ver con la soflama del Gobierno de coalición de izquierdas de subir impuestos solo a los ricos. Más al contrario, algunos de los principales asesores fiscales de este país consultados por La Información advierten que se trata de una reforma que, a priori, vamos a pagar todos los españoles pero que, además, va a ser mucho más dañina para las rentas medias y bajas que para las altas. El propio planteamiento del Gobierno admite que uno de los grandes riesgos de imponer una tributación verde a las empresas está en la elevación de sus costes de producción, sobre todo con un producto como el plástico, que en su mayoría es derivado del petróleo, pero que va a generar un inevitable incremento del precio final que el consumidor paga, además de elevar el coste de la “obligación legal” de pagar el IVA.

El gran problema de una subida de los impuestos indirectos y especiales, por más loable y europeo que sea el objetivo de atajar las emisiones contaminantes, es que su efecto sobre las empresas acaba llegando siempre a los bolsillos de los particulares por la elevación general de precios finales de los productos que conlleva, advierten los fiscalistas. Las últimas apreciaciones de los gurús económicos apuntan además a un fuerte repunte del consumo doméstico y de los precios en el segundo semestre de este año y todo el ejercicio siguiente, de la mano de las ayudas europeas y a partir del ahorro que se ha generado durante la pandemia, con lo que no es de descartar una subida de la inflación importante y, con ella, del gasto en pensiones y de la actualización de los salarios. Para la reforma paralela de las pensiones, el Departamento de José Luis Escrivá maneja escenarios en los que siempre sube el pago de las cotizaciones sociales de las empresas, algo que no deja de ser un coste adicional que también repercutirá en precios de los productos y servicios y, sin duda, en el bolsillo de los particulares.

Con este escenario, organismos como el Registro de Economistas y Asesores Fiscales o catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, como Alfonso García-Moncó, tienen muy clara que la reforma fiscal que se avecina recaerá de nuevo sobre las rentas medias y bajas, mientras que el debate sobre la imposición a los ricos se quedará en la batalla tributaria contra las bonificaciones que aplica Madrid y otras comunidades autónomas sobre el Impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. “A una renta muy alta siempre le queda el recurso de escapar de los tipos elevados del IRPF con una sociedad instrumental -alertan-, mientras que una renta baja de poco más de 1.000 euros al mes, no tiene más remedia que dedicar casi todo lo que gana a consumo y pago de servicios, que van a ser más caros por la subida tributaria”. A medida que las rentas se elevan -el sueldo medio en España es de algo más de 1.400 euros netos-, el esfuerzo fiscal es menos gravoso. El problema está en que la justificación que desde el Ejecutivo se ofrece para la subida fiscal es la presión fiscal media en Europa, no el esfuerzo que cada contribuyente hace al pagar impuestos, sobre todo en países de rentas medias menores, como España o el sur de Europa, llenas de parados y jóvenes sin grandes expectativas de poder tener buenos salarios.

Por más que se considere una reforma fiscal necesaria, sobre todo por actualizar los beneficios fiscales y adaptar la fiscalidad verde, hasta que llegue el esperado ‘libro blanco’ de los expertos en el primer trimestre del año que viene, el planteamiento actual se considera por la mayor parte de los analistas consultados “inoportuno, mal planteado, mal defendido y errático”. Además de los riesgos inflacionistas, el grueso de la reforma se plantea en el primer trimestre de 2023, año electoral, con la ventaja de haber repartido miles de millones en ayudas europeas y la desventaja de que todo va a ser más caro. Sectores como la automoción o el transporte de mercancías, fundamentales para el desarrollo de la logística y el comercio electrónico en España, llegarán a esa fecha con unos costes mucho mayores que ahora, si no se compensa el impacto de los impuestos verdes en su trabajo.

El otro gran riesgo con el que se va a llegar a esa fecha fatídica del primer semestre de 2023 está en lo que los economistas llaman la sociología financiera, que tiene más de un siglo de historia pero que es fundamental a la hora de tomar decisiones fiscales o económicas ante procesos electorales. Los economistas siempre esperan que una gran reforma fiscal se haga de forma paralela a un ajuste del gasto público o una racionalización de la estructura administrativa, aunque solo sea para dar ejemplo a los contribuyentes de que las cosas avanzan y que su dinero no va a caer en saco roto. “Si el esfuerzo fiscal de la gente se eleva, pero se mantienen un Gobierno con 22 ministerios, cientos de cargos públicos desconocidos cobrando tras ser nombrados a dedo, más empresas públicas donde podría haber iniciativa privada o varias administraciones autonómicas y locales superpuestas con las mismas funciones, a nadie le va a quedar ganas de pagar más impuestos”, advierten de forma muy gráfica los fiscalistas consultados. Se trata de generar la “ilusión financiera” de que las cosas funcionan mejor o, al menos, se gestionan con más eficacia, algo necesario para aplicar una reforma tributaria que llegará a los bolsillos de todos los ciudadanos, no solo a los ricos.