El fútbol español vuelve a estar bajo sospecha. Primero fue Ángel María Villar por su forma particular de dirigir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante casi tres décadas y ahora, cinco años después, es Luis Rubiales por el contrato millonario con Arabia Saudí para celebrar la Supercopa, en estrecha relación de intermediación con la empresa de Gerard Piqué, uno de los jugadores que están llamados a jugarla y a incrementar el valor del negocio, del que se benefician ambos. Hay una gran diferencia: en el caso Soule que implica a Villar intervino el Consejo Superior de Deportes (CSD) por las irregularidades detectadas en el proceso electoral, se judicializó y está siendo investigado en la Audiencia Nacional; y en el caso de Rubiales, todavía nadie ha podido demostrar su posible ilegalidad, sobre todo porque procede de un ‘hackeo’ previo de sus comunicaciones y, sobre el papel, cumple con todas las premisas de una operación mercantil al uso en el ámbito internacional, por más comisiones que se pagaran entre las partes.
La sombra del conflicto de intereses sobre el contrato de la Supercopa intermediado por Piqué, que se hizo de forma paralela al cambio de la parte variable del sueldo del presidente de la RFEF para vincularlo a los ingresos totales de la entidad, a sabiendas del aumento de ingresos que iba a tener gracias a los saudíes durante diez años, han levantado un cúmulo de sospechas sobre la gestión “sin ánimo de lucro” del organismo y, por ende, sobre el posible limbo legal en el que se mueve. A diferencia de lo que ocurrió con Villar (si excluimos la parte penal del caso), en esta ocasión, desde el CSD se ha declinado intervenir para auditar las cuentas o revisar el polémico contrato con Arabia, ni siquiera se les ha exigido una explicación, bajo la excusa oficial -corroborada por el propio Gobierno en palabras de la ministra portavoz- de que la Federación de Fútbol no recibe ayudas públicas que justifiquen una fiscalización de sus actuaciones.
Varios expertos en derecho administrativo consultados reconocen que la Federación tiene autonomía para organizarse como entidad privada, pero el carácter público se lo da el hecho de que realiza funciones encargadas desde el ámbito estatal o vinculadas a competiciones que, en última instancia, son de titularidad del Estado, como la Supercopa, la Copa del Rey o los partidos de la selección española de Fútbol. Es más, en buena medida, se financia con dinero que reciben por imperativo legal, como el 2% de los derechos audiovisuales del fútbol o el 4,55% de la recaudación por el impuesto del juego en relación a las apuestas mutuas del fútbol, algo que desde un punto de vista jurídico se englobaría en lo que el derecho europeo contempla como ayudas o subvenciones públicas.
Las cuentas que la propia Federación presentó en 2020 (las últimas registradas) se contempla un saldo permanente de 17 millones de euros de “subvenciones, donaciones y legados recibidos”, que pasa a ser de 25 millones en el presupuesto de ingresos para este año bajo el epígrafe de “otros ingresos y ayudas de organismos e instituciones”, por más que sean cantidades que están lejos de los 257 millones de balance del año 2020, los 357 del pasado ejercicio o los 406 del que está en curso. Frente a la visión puramente jurídica, tanto en el CSD como en la propia RFEF se entiende que esas partidas no son de ayudas públicas como tales porque se trata de un dinero finalista, cuyo destino está regulado y sobre el que los gestores del organismo no pueden más que cumplir con lo ordenado en la norma que las establece. Gran parte de esas partidas se han destinado a pagar las cuotas a la Seguridad Social del fútbol no profesional, en categorías bajas donde la protección laboral no ha sido nunca demasiado elevada, de forma que “si ahora se le fiscaliza y se retienen, estamos detrayendo fondos al Estado”, explican fuentes cercanas al Consejo. Desde la propia RFEF recuerdan que esa labor ha ayudado a demás a poner en orden los pagos a Hacienda y al Estado de muchos pequeños clubes y organismos que, de otra forma, no recibirían la ayuda. De la misma manera, el dinero de las apuestas debe destinarse a la mejora de las infraestructuras de esas divisiones menores. En las previsiones para este año, junto a los 25 millones de ayudas, hay más de 8 millones para la protección social del fútbol femenino y aficionado, y más de 2 millones para el programa “universo mujer”.
Un problema crónico de las federaciones
En esas arenas movedizas legales en las que se mueve la RFEF, siempre se ha justificado la actuación de su presidente en que ha pasado todos los controles legales internos y ha contado con la aprobación del máximo órgano de gobierno, la asamblea, formada en su mayoría por 24 federaciones regionales cuyas finanzas dependen del riegos de inversiones, créditos y subvenciones que les vienen encauzadas desde el organismo nacional. Hacienda mantiene puesta la lupa, además, en todas las declaraciones tributarias de la Federación hasta el momento, tal y como recuerda el último informe de auditoría de 2020, que advierte además del conflicto sobre los terrenos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el impacto que en las cuentas pueda tener a futuro la resolución del caso Soule, investigado en la Audiencia Nacional.
Desde el punto de vista político, tanto en el CSD como desde el Ejecutivo se hace hincapié en la regulación más estricta sobre las federaciones deportivas que conlleva la nueva Ley del Deporte, en trámite de enmiendas parciales en el Congreso de los Diputados y cuya aprobación se augura cercana. Desde el Consejo recuerdan que el artículo 57 del proyecto que está en marcha contempla expresamente que en los estatutos de las ligas profesionales (creadas dentro de las federaciones de cada deporte) se debe prever “el régimen de su estructura directiva y los posibles conflictos de intereses entre quienes ostenten funciones de dirección y demás miembros de los órganos de participación y dirección, por un lado, y los proveedores de bienes y servicios, por otro”.
Pero lo más chocante de la nueva ley no es que estreche la regulación sobre la organización de federaciones como la de fútbol, sino que en su mismo preámbulo reconozca que existe un problema grave de definición de las funciones públicas de las federaciones deportivas, de forma que sea necesario “resolver la indeterminación jurídica existente hasta la fecha en la que no se deslindaba con concreción qué tipo de actos tenían naturaleza privada y cuáles eran actos administrativos susceptibles de recurso en las formas establecidas en la legislación sobre procedimiento administrativo común”.
La nueva norma tiene incluso un paquete de “medidas adicionales de supervisión” que facultan expresamente al Consejo Superior de Deportes a inspeccionar libros y documentos oficiales de la Federación, ordenar auditorías complementarias si lo consideran necesario, convocar a sus órganos de gobierno y hasta intervenir pagos, algo que llegaron a hacer en la parte administrativa del caso Villar pero que se ha descartado por ahora con Rubiales. Por más que desde el CSD adviertan que no han recibido ninguna denuncia para actuar contra la RFEF y las ayudas finalistas no están en peligro, fuentes jurídicas recuerdan que el artículo 34 de la ley actual del deporte les habilita para pedir cuentas al organismo y, en caso de falta muy grave, hasta inhabilitar a sus gestores si es necesario. “Son cuestiones que ya están en la norma actual -recuerda uno de los juristas que la redactó-, lo que falta ahora es lo voluntad política de intervenir, con todas las garantías legales y respetando la presunción de inocencia siempre, pero con el ánimo de aclarar las sospechas que tienen sumido al fútbol en un callejón sin salida en el que todo lo que haga ahora va a ser puesto en duda”.
