Las 7 claves del reglamento de la Ley Sinde que el Consejo de Ministros no aprobó

El pasado viernes, la llamada Ley Sinde sufría un traspiés, al renunciar el Gobierno a aprobar su reglamento, imprescindible para que se pueda poner en práctica, en el Consejo de Ministros. Ahora la pelota está en el tejado del nuevo Gobierno del Partido Popular, que ha estado al lado del PSOE en las votaciones de Congreso y Senado, y que, todo apunta, tendrá que asumir el riesgo político de aprobar el desarrollo de la norma.

Del documento que el Ejecutivo socialista pensaba aprobar antes de ceder los trastos al equipo de Rajoy poco se ha sabido hasta que hoy el diario El País ha tenido acceso al texto. Estas son sus claves:

Lo más llamativo es que el desarrollo planificado por los socialistas cierra la puerta al arrepentimiento del infractor. En el borrador de la llamada Ley Sinde (disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible) se contemplaba la posibilidad de retirar los contenidos sometidos a derechos de autor en un plazo de 48 horas, con lo que el procedimiento quedaba archivado "sin más trámite". El reglamento al que ha tenido acceso El País no incluye ese resquicio.En lugar de eso, si el responsable cesara en su infracción, el procedimiento volvería a abrirse por donde lo dejaron (la fase de "prueba y conclusiones") en caso de que el infractor "explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular". Con ello se consigue dar salida a una reivindicación de la industria cultural, que se quejaba del callejón sin salida en que podía entrar el procedimiento si el propietario de una web recurría una y otra vez a la retirada voluntaria de los archivos. Lo subo, lo bajo, lo subo, lo bajo...Castiga expresamente la reincidencia de las páginas que sirvan sin autorización contenidos con 'copyright'.Tiene vocación de internacionalizarse. "Introduce un sistema novedoso, acertado y de interés para otros países europeos que estén en este trance legislativo", cita El País.

Las comisiones son dos. Una que ya existe en el marco jurídico actual, la Comisión de la Propiedad Intelectual, y que saldría reforzada si el PP llega a aprobar un reglamento similar al que el PSOE llevó al Consejo de Ministros. Y la segunda, la polémica comisión en la que se incluirían funcionarios de Cultura, Industria, Economía y Presidencia.Se amplía a 48 horas el tiempo que el provedor del servicio de internet, un operador de telefonía, tendría para facilitar los datos del infractor, en caso de que la Comisión de la Propiedad Intelectual no haya podido corroborar su identidad de forma clara.El juez podría intervenir en el proceso en dos momentos. Uno, el caso anterior, para pedir la identidad a los operadores. El segundo, para pedirles que corten la conexión a internet del infractor, si este no atiende al requerimiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual