Las webs británicas son amenzadas por los gestores de los derechos de autor amparados por la Ley de Economía Digital

El envío de cartas amenazantes a las webs está al amparo de la Ley de Economía Digital en Reino Unido. Muchos representantes legales de compañías propietarias de derecho de autor  lo han confirmado y algunas han advertido que incrementarán el número de estas misivas exponencialmente. Por otro lado, otros bufetes han optado por dejar a un lado esta táctica, que internautas y asociaciones de usuarios consideran "abusiva".

En concreto el bufete 'ACS:Law', ha anunciado que incrementará el número de cartas de 6.500 envíadas en 2009, hasta las 60.000 durante el presente año según declaraciones de su máximo responsable, Andrew Crossley, recogidas por 'Portaltic.es' del diario británico 'The Guardian'.Discográfica vs usuarios

Usuarios con escasos conocimientos de Internet, 'avergonzados' del contenido que descargaban ilegalmente o aquellos que preferían pagar la multa antes de enfrentarse a un costoso proceso judicial acababan pagándola ante el envío repetido de correspondencia hostil.

La nueva Ley de Economía Digital no sólo agregará el corte de Internet a los usuarios, sino que hace al propietario de la línea directamente responsable de cualquier infracción que se cometa, independientemente de si ha sido o no el autor material de la violación de derechos de autor.

Especialmente notorio y perjudicial para la imagen de las grandes discográficas fue el caso estadounidense en el que se acuso a una niña de 12 años, Briana Torres, y una fallecida anciana de 83, Gertrude Walton, de haber sido promotoras del uso y la distribución de material protegido en Internet gracias a la identificación vía dirección IP.No todos los bufutes

No obstante, otros bufetes como Davenport han anunciado que dejará de utilizar esta táctica, que las grandes propietarias de 'copyright' rechazan por el riesgo que supone actuar contra ciudadanos que en muchos casos no son responsables directos del uso que se le da a sus direcciones IP.

Hasta la fecha, el envío de cartas a usuarios individuales se sostenía gracias al acta de Copyright, Diseños y Patentes aprobada en 1988 que permitía a las compañías propietarias de derechos de autor tomar acciones civiles contra ciudadanos que violaran el 'copyright' de sus propiedades.

Cuando una compañía detectaba que alguna de sus propiedades estaba siendo compartida en la Red se ponían en contacto con el operador que daba servicio al infractor (normalmente tras una orden judicial) para pedirle los datos personales del internauta y así enviarle una carta advirtiéndole de que se emprendería un proceso judicial contra él a no ser que pagara una multa que oscilaba entre los 565 y los 700 (792 euros) libras esterlinas.

Esta identificación se realizaba utilizando la dirección IP infractora y asociándola a un usuario. En muchos casos, la dirección IP que sirve para identificar al propietario de una conexión a Internet era utilizada por varias personas, robada pirateando una red Wi-Fi o simplemente variaba de un usuarios a otro al ser dinámica, es decir, que "salta" de un internauta a otro cada vez que inicia una conexión a la Red.