Los grandes despachos nacionales se dejan seducir por los conocidos como proveedores alternativos de servicios legales (ALSP, por sus siglas en inglés), un fenómeno de mercado que hasta hace no mucho despertaba cierto recelo entre las firmas más tradicionales, pero al que se van abriendo a medida que aumentan las oportunidades de negocio. Cuatrecasas ha comenzado a sentar las bases de una filial propia para cubrir servicios de asesoramiento jurídico concretos y de menor valor añadido.
El bufete dirigido por Jorge Badía trabaja ya en el desarrollo de una plataforma con el objetivo de atender tareas puntuales y, hasta cierto punto, automatizables. Fuentes del mercado confirman que el proyecto, actualmente en estado de incubación, estará insertado en la propia organización y se utilizará de forma interna exclusivamente. Esto quiere decir que, en principio, no se lanzará una marca al mercado para captar clientes terceros ni entrar a competir con otros prestadores de este tipo -como por ejemplo Ambar Partners o Samaniego Law-, sino que servirá para dar respaldo complementario a los distintos departamentos legales de Cuatrecasas.
Se trata de una idea profundamente madurada y sobre la que se ha teorizado durante años en el sector, si bien hasta ahora parecía improbable que un despacho español de referencia impulsase una iniciativa de estas características. Por una mera cuestión de mercado, ya que la tarta a repartir es reducida, pero también cultural. A este respecto, todavía son pocos los directores de asesorías jurídicas dispuestos a encargar sus asuntos a un ASLP. No en vano, la presión sobre los honorarios impuesta por los clientes es un problema real que obliga a reducir costes y aumentar la eficiencia, lo cual favorece la apuesta por estos proveedores.
El despacho formará un equipo de abogados independiente pero de alta cualificación
En este sentido, aunque el consejo de administración de Cuatrecasas ha dado luz verde a la creación de esta nueva enseña, prefieren evitar cualquier confusión en la relación de marcas; de ahí que se haya optado por limitar el negocio al uso interno . Ahora bien, se pretende aprovechar este arranque para ampliar el tipo de servicios que pueden ofrecer a empresas para las que ya presta asesoramiento, sin necesidad de emplear los recursos materiales y humanos de la matriz -principalmente asociados y socios- ni posicionarse expresamente en un nicho de mercado concebido como "de bajo coste" por una parte de la profesión.
Para ello, además de la fórmula planteada desde la casa, se pretende conformar una plantilla de abogados con perfiles cualificados para atender este nuevo radio de negocio, si bien todavía no está definido el número de profesionales que la integrarán. Según consta en la documentación consultada, el despacho constituyó el pasado agosto la sociedad profesional RAUDA ALSP con la posibilidad de que empiece a operar en los próximos meses. De hecho no se espera que esté operativa, como pronto, hasta principios del próximo año.
Su objeto social es, precisamente, "la prestación de los servicios profesionales propios de la abogacía, incluidos la actuación en arbitrajes y el asesoramiento tributario", aunque las fuentes consultadas matizan que serán tareas de escaso valor añadido o de apoyo jurídico. Como apoderado de la mercantil figura Plácido Molina, director de GD Legal, la división de Cuatrecasas especializada en temas contables y fiscales para pequeñas y medianas empresas, que tiene presencia propia en Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia y Zaragoza.
Cuatrecasas no es la primera gran firma con presencia nacional en apostar por el modelo ASLP. Allen & Overy y Ashurst operan con una marca 'low cost' desde hace años. El primero a través de Peerpoint, plataforma que permite la colaboración en proyectos legales con toda su red internacional, y el segundo vía NewLaw, que presta tecnología legal a todo el sector. Fuera de la esfera de las firmas tradicionales, destaca la actividad que desarrollan en España como proveedores alternativos Abroading, Afiens, Ambar Partners, Legal Army, Lawyers for Proyects y Samaniego Law.
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