Maeztu estudia actuar de oficio para analizar si se cumplen las medidas para contratar y alojar temporeros

Según las conclusiones del Defensor sobre el asunto, recogidas por Europa Press, el caso revela que se debería activar de nuevo la supervisión de las condiciones laborales y de alojamiento en las que trabajan los trabajadores temporeros en Andalucía.

A juicio del Defensor, hechos de este tipo vuelven a poner en evidencia algo que preocupa a esta institución desde hace ya bastante tiempo: han sido más de 40 las actuaciones que ha realizado el órgano en sus más de tres décadas para conocer y mejorar la situación en la que se encuentran los temporeros que vienen a trabajar en las diversas campañas en la comunidad.

De esta manera, la Defensoría se ha interesado por la situación de los hijos de los temporeros que los acompañan en materia de comedor escolar, sobre las condiciones de transporte o sobre los mecanismos para garantizar unas condiciones de alojamiento dignas, entre otras cuestiones.

Fruto de estas actuaciones, en 2001 el Defensor elaboró un informe especial al Parlamento sobre la recolección de aceitunas en la provincia de Jaén. Ese mismo año se redactó otro informe sobre el alojamiento y la vivienda de los trabajadores inmigrantes en el poniente almeriense y en la provincia de Huelva y, en el 2005, sobre la inmigración en la provincia de Granada.

Recientemente se abrió una queja a instancia de unas personas que denunciaban la situación de alojamiento de temporeros en Úbeda, donde el Defensor del Pueblo Andaluz recomendaba que se tuviese prevista la apertura de albergues, que se revisase la señalización para facilitar la localización y que desde el Ayuntamiento se tomasen las medidas de coordinación para facilitar recursos de albergues.

Por otro lado, el organismo recibió un amplio informe de la administración, y a la vista de los datos, la institución valoró el trabajo de preparación y anticipación que se desarrolla ante la cercanía de estos trabajos agrícolas. Dejando a salvo determinadas y concretas medidas que se retrasan respecto de las fechas previstas a la hora de poner en funcionamiento recursos de alojamiento, como es la apertura de determinados albergues, la Defensoría considera que los planes se han llevado a cabo en los términos solicitados.