Los rebeldes de las FARC y el gobierno de Colombia incorporaron varios ajustes al pacto de paz que fue rechazado en plebiscito, y seguirán considerando modificaciones para obtener rápidamente un nuevo acuerdo, según informaron en La Habana este viernes.
"Las propuestas están siendo discutidas con todo cuidado. Muchas de ellas vienen siendo incorporadas a los textos de un nuevo acuerdo", señalaron las partes en un comunicado conjunto, aunque sin adelantar el contenido de las reformas.
El sábado último la guerrilla marxista y el gobierno de Juan Manuel Santos iniciaron en La Habana la discusión de cientos de iniciativas para salvar el acuerdo de paz suscrito el 26 de septiembre, y contra el que sorpresivamente votaron los colombianos el 2 de octubre.
El rechazo en las urnas por mínimo margen impidió la implementación del pacto con el que se pretendía terminar con un conflicto armado de 52 años que deja millones de víctimas entre muertos, desplazados y desaparecidos.
Aun así, las partes anunciaron que buscarán un nuevo pacto en medio del alto al fuego vigente desde finales de agosto, aunque todavía es incierto si tras ello habrá una nueva refrendación vía consulta.
Por lo pronto, las delegaciones de paz, que por casi cuatro años diseñaron el pacto de La Habana, anunciaron que seguirán incorporando ajustes a lo negociado.
"Seguiremos adelantando esta labor desde el próximo jueves 3 de noviembre con el objetivo de contar, de manera rápida y eficaz, con un nuevo acuerdo definitivo", dijeron en el comunicado.
El acuerdo que perdió en las urnas prevé en esencia que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) depongan los fusiles después de más de cinco décadas, y se conviertan en partido político.
Ese pacto ya suscrito contiene fórmulas para mejorar la situación en el campo -escenario histórico del conflicto- combatir el narcotráfico, reconocer y reparar a las víctimas, así como garantías para la participación política de los futuros excombatientes.
Sin embargo, sectores liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se opusieron al pacto, alegando que los rebeldes podrían aspirar a cargos públicos sin pagar un mínimo de cárcel por sus crímenes.
El pacto de La Habana establece que los responsables de delitos atroces, tanto guerrilleros como militares y civiles, que confiesen sus actos y ayuden a reparar a las víctimas podrán evitar la cárcel, y cumplir penas alternativas de reclusión.
vel/lp
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