Colombia: pueblos enteros huyen de la invasión de los narcos

Una mañana de noviembre varios narcotraficantes se sentaron en un bar en la tranquila aldea de El Palmar, en el norte de Colombia.

Le habían dicho al propietario del local, Pedro Tapias, dueño también de la barca del pueblo, que no permitiese cruzar el río a partir de las 6 de la tarde. Según relatan varios vecinos, los matones pidieron música y cerveza.

Poco después de las 3 de la tarde, se levantaron y le dispararon a Tapias no menos de 13 balas. A continuación le rebanaron el cuello, subieron el volumen de la música, cerraron la puerta y se marcharon de la ciudad. La música siguió sonando.

Al día siguiente la mujer de Tapias y otras 16 familias huyeron del pueblo. En tres meses, El Palmar ha perdido una cuarta parte de su población. "Este era un pueblo grande, pero ahora muchas casas están vacías", asegura Marelis Tapias López, sobrina del asesinado.

Los habitantes del departamento norteño de Córdoba se están marchando en masa como consecuencia de los asesinatos de las bandas de narcotraficantes y las amenazas de muerte.

La violencia relacionada con las drogas va en aumento en Colombia.

Esta nueva encarnación de los grupos de narcotraficantes es consecuencia de la desmovilización de paramilitares.

Entre 2003 y 2006 más de 32.000 combatientes del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron las armas. Pero muchos de sus comandantes o bien no entregaron las armas o se pasaron al narcotráfico, poniendo en marcha nuevas bandas con ayuda de ex compañeros de armas en las AUC.

En 2006 las fuerzas de seguridad colombianas calculaban que en todo el país había unas 4.000  ex paramilitares integrados en estas nuevas bandas. Hoy, esa cifra sigue siendo casi la misma, pese a que el año pasado se detuvo a 2.765 de sus integrantes.

"Estos grupos están renovándose constantemente", explica el coronel Luis Eduardo Herrera, comandante de las operaciones contra las bandas de narcotraficantes en una gran área de Colombia.

Quizás en ninguna otra parte la presencia de estas bandas se sienta tan intensamente como en Córdoba, un campo de batalla clave para varias organizaciones que luchan por hacerse al control de las rutas al océano Atlántico.

El año pasado hubo 575 homicidios en Córdoba, más del doble que en 2006.

Las ciudades en la frontera del territorio que se disputan las bandas son las que salen peor paradas. Como El Palmar, por la que luchan "los Paisas" y "las Águilas Negras", y en donde desde el año pasado se suceden asesinatos y desapariciones.

"Los Paisas" convocan abiertamente reuniones para establecer las normas en el pueblo. Ofrecen a los vecinos 500 dólares al mes por delatar a un miembro de la banda rival o del Ejército.

Cualquiera, con un pequeño negocio o con varias cabezas de ganado y que no pague un impuesto, puede terminar muerto o expulsado. Cualquiera que sea sospechoso de colaborar con sus enemigos puede convertirse en su objetivo (colaborar puede ser algo tan simple como vender comida a la banda rival).

Sin ningún tipo de opción para mantenerse al margen, la gente de la aldea dice que están atrapados en medio de la guerra del narcotráfico.

"Tienes que aceptar lo que venga", dice Dairo Ramos, que se encargaba de pilotar la barca del pueblo hasta que asesinaron a su dueño. "Si son los militares, o una banda o la otra, no puedes negarle a nadie nada".

La gente de la aldea dice que vivir bajo el dominio de las bandas de narcos es aún peor que vivir bajo las AUC. Aunque los paramilitares eran despiadados y violentos, funcionaban con una estructura jerárquica.

Ahora los civiles se enfrentan a un confuso caos de bandas rivales que a veces ni siquiera tienen nombre y constantemente se están reorganizando. "Hoy no hay ni organización ni estructuras", dice el padre William de Jesús Guzmán, que se encarga de la parroquia de El Palmar.

Ahora hay soldados desplegados en la aldea y las bandas de narcos se han retirado. Pero los habitantes temen que los militares se irán pronto a otra parte y los hombres armados volverán para vengarse.

"El día en que se vayan los militares, nosotros nos vamos también", dice el padre Guzmán. El sacerdote tiene miedo a que El Palmar se quede pronto vacío.

Colombia continúa teniendo una cifra extremadamente alta de desplazados internos.

Villa Carminia está en la orilla del río San Jorge, una importante ruta de tráfico de drogas. Al visitante no se le escapa la belleza de este pequeño pueblo de casas con techos de paja, antaño conocido por sus exquisitas sandías.

Pero ahora, en sus calles sucias invadidas por la hierba sólo se ven botas de goma y sandalias de niños abandonadas.

Villa Carminia es el primer pueblo colombiano totalmente abandonado debido a los grupos de ex paramilitares. Pero probablemente no será el último.

Activas en unos 150 a 250 ayuntamientos, estas bandas se han convertido en un grave problema de seguridad.

Han pasado de 33 en 2006 a siete en la actualidad, según la Policía, pero ello no significa que hayan decrecido en número de miembros, lo que apunta hacia su consolidación más que a su debilitamiento.

La Policía ha aumentado los recursos y los esfuerzos para luchar contra estos grupos. "Veremos qué resulta más efectivo", dice Mauricio Romero, investigador de conflictos para el grupo de expertos Nuevo Arco Iris.