Doble frente legal a las políticas clave de Obama

Las políticas clave de Obama se enfrentan ahora a una doble amenaza. Ambas, además, desde los tribunales. Este lunes se conocía que el juez federal de Texas, Andrew S. Hanen, bloqueaba sus políticas de inmigración y aceptaba así la demanda de 26 estados contra la legislación del presidente. Y, mientras, su política de Obamacare, su programa de cobertura sanitaria, podría pasar por un proceso legal en el Tribunal Supremo.

La embestida legal a su política de inmigración fue anunciada el lunes y supone el primer gran golpe a una de las medidas estrella del presidente, que Obama aprobó por acción ejecutiva (es decir, sin pasar por la aprobación del Congreso) en Noviembre. El efecto inmediato no está claro, más allá de retrasar la implementación de la legislación.

Con la acción, Obama pretendía dar vía para que hasta 5 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos pudieran pasar a tener permisos de trabajo y protegerlos así de ser deportados. Según el plan, se darían tres años de 'amnistía' de deportación y contratos de trabajo para los inmigrantes que no han cometido crimenes graves, han estado 5 años en el país y tienen hijos que son ciudadanos americanos o residentes legales.

Ahora el juez Hanen de Texas ha bloqueado temporalmente dicha legislación. El primer programa, que Obama aprobó en noviembre, iba a comenzar a recibir peticiones el miércoles, cosa que no parece que vaya a ocurrir. Así, el juez federal asegura que se han cumplido los requerimientos legales para que los 26 estados demanden a Obama por la ley.

Según el juez Hasen "la corte encuentra que el fracaso del gobierno para asegurar la frontera ha exacerbado la inmigración ilegal al país", asegurando que la medida del presidente ha comenzado ya a agotar los preciados recursos de los estados que han presentado la demanda.

La Casa Blanca, ante este golpe de Hasen, que fue nombrado por George Bush, ha respondido rápidamente. En un comunicado emitido este martes la administración ha criticado esta decisión ya que "previene que estas políticas legales, de sentido común, entren en efecto". Además ha indicado que el Departamento de Justicia apelará la decisión".Obamacare, también contestada

Por otro lado, la política de cobertura sanitaria, Obamacare, también tiene delante un proceso legal, quizá menos dramático pero que también podría afectar a miles de americanos.El Tribunal Supremo podría aceptar un caso en el que, dependiendo de lo que decida, miles de americanos bajo el programa federal podrían quedarse sin cobertura estatal de salud. La acusación contra este plan argumenta que miles de personas que compran la cobertura sanitaria al precio que ofrece el gobierno no deberían tener derecho al subsidio.

La demanda tiene que ver con la "transferencia ilegal" de 175.000 millones de dólares a las compañías de seguros médicos bajo la ley para favorecer que las personas de bajos recursos tengan acceso a un seguro de salud.Los demandantes argumentan, que según el texto de la ley, esos subsidios que han ayudado a más de 4 millones de personas a obtener una cobertura sanitaria únicamente se pueden ofrecer en los mercados de seguros gestionados por los estados, no en los que opera el Gobierno federal.

Únicamente 14 estados han establecido sus propios mercados y en el resto (36) la gestión está a cargo del Gobierno federal.La llamada Ley de Cuidado Asequible de la Salud (ACA, en inglés), promulgada en 2010, busca extender la cobertura médica a toda la población y establece la obligatoriedad de adquirir un seguro, su parte más controvertida y duramente cuestionada por los republicanos.