El diputado Sérgio Luiz (PT-RJ), relator de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) sobre Petrobras, ha señalado este lunes que no se ha encontrado "ninguna prueba" de la participación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ni del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la trama corrupta en la empresa estatal.
En su informe final, publicado este lunes, la comisión parlamentaria concluye que Petrobras fue víctima de un "cartel" formado por las principales empresas contratistas del país "con la complicidad de algunos empleados de la compañía" estatal, tal y como ha recogido el diario brasileño 'O Globo'.
En la lectura de un resumen del informe, Sérgio Luiz ha puesto en duda la afirmación de que había "corrupción institucionalizada" en la empresa, tratando de limitar el asunto a las acciones aisladas de algunos de los directores de la compañía, citando al exgerente Pedro Barusco y al exdirector, Paulo Roberto Costa.
"La tesis de que se institucionalizó la corrupción en Petrobras es cuestionable. Esta hipótesis es injusta cuando hay miles de empleados", ha agregado el diputado del gobernante Partido de los Trabajadores, que ha indicado que tampoco hay pruebas contra los expresidentes de Petrobras José Sérgio Gabrielli y Graça Foster.
El pasado mes de septiembre el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto fue condenado a 15 años y cuatro meses de cárcel por su participación en la trama corrupta de Petrobras, donde habría recaudado al menos 4,2 millones de reales (algo más de un millón de dólares) en concepto de sobornos.Caso Petrobras
Según la causa, tanto los directivos de la petrolera designados por partidos políticos, como constructoras de gran calado, e intermediarios, montaron un sistema de sobornos para amañar licitaciones, cobrar sobreprecios y desviar fondos durante 10 años.
La investigación de ese submundo de corrupción generó una extensa lista de detenciones, procedimientos secretos, delaciones premiadas y condenas a una escala sin precedentes en la historia del país. Y sacudió al Gobierno y al país entero.
Entre las decenas de políticos investigados, está el poderoso presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acusado de cobrar un soborno de 5 millones de dólares para facilitar un negocio, al igual que el actual senador y expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), cuyo caso aún se mantiene bajo secreto de sumario.
Ambos están protegidos por fueros y si sus causas van a juicio serán tratados por la corte suprema.
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