A Burundi, el diminuto y fértil corazón de África, donde casi todo el mundo vive de lo que cultiva y se reproduce a un ritmo de seis niños por familia, se le está acabando la tierra.
Las disputas por la propiedad agrícola son uno de los principales conflictos en un país congestionado (10 millones de habitantes en una superficie inferior a la de Galicia), que también intenta hacer hueco a desplazados y retornados.
La vuelta a casa de 800.000 burundeses exiliados durante la última década debía enterrar la reciente guerra civil, pero en su lugar ha sembrado una inquietante sospecha en la mente colectiva: no hay sitio para todos.
Clotilde Nyohuru está asustada: "No sé si la tierra que tenemos va a ser suficiente para mantener a mi familia".
Con solo cuatro hijos, Clotilde puede considerarse una madre afortunada en la provincia septentrional de Ngozi, donde la mayoría ha dado a luz seis o siete veces.
Hace algunos años que las burundesas más jóvenes han empezado a tomar anticonceptivos, animadas por una campaña estatal que apoya el Fondo de Población de Naciones Unidas (FPNU) para reducir la tasa de natalidad, uno de los principales desafíos de esta inexperta democracia.
Aunque gracias al DIU que Clotilde utiliza ya no tendrá más bocas que alimentar, deberá afrontar otro problema cuando muera su marido, el de dividir la tierra entre sus hijos. "Si no, se matarán a machetazos", asevera.
La miseria en Burundi -el tercer país más pobre del mundo, según el Fondo Monetario Internacional- bebe de una historia sacudida por la violencia étnica, incluidos dos genocidios: la masacre de hutus por un Ejército dominado por tutsis en 1972, y el asesinato masivo de tutsis por hutus en 1993.
Su densidad demográfica (367 habitantes por kilómetro cuadrado, la segunda mayor del continente) y una economía monopolizada por el sector agrario (90 % del empleo) cierran el círculo de la pobreza en esta excolonia belga, conocida como "el corazón de África" por su forma y situación geográfica.
"En 25 años habrá 20 millones de burundeses...Es difícil de imaginar lo que pasará", explica el embajador holandés, Jolke Oppewal, cuyo país es uno de los que encabezan la ayuda a Burundi.
Matungimana Pascal y Ndikuryayo Prudence, hermanos por parte de padre, llevan meses peleados por el reparto de la parcela en la que cultivan plátanos, maíz y habichuelas junto a sus otros 12 hermanos.
El conflicto llegó cuando las madres de Pascal y Prudence fallecieron y legaron un espacio muy jugoso -heredado del difunto marido compartido- a sus seis hijas, decisión que atenta contra la costumbre burundesa.
Una nueva ley permite heredar a las mujeres y eso, según Pascal, "traerá muchos conflictos. Si se casan les darán su tierra a otra familia".
Éstas y otras disputas han dividido a esta familia de Rugero (en el extremo norte del país), que si no llega pronto a un acuerdo terminará, como otras cientos cada día, haciendo cola frente a la oficina del Defensor del Pueblo.
Más del 80 por ciento de los conflictos que conoce esta institución están relacionados con las tierras de cultivo, cuyo tamaño medio por hogar ha menguado desde las 1,04 hectáreas en 1973 a cerca de 0,3 en la actualidad, según la ONU.
Esta fragmentación viene no solo de las altas tasas de natalidad, sino también de las reivindicaciones de desplazados y retornados, precisa el Defensor del Pueblo de Ngozi, Ntwari Antoine, en un encuentro con periodistas organizado por el FPNU.
La mayoría de los 80.000 desplazados de Burundi son tutsis que huyeron a las montañas durante la guerra civil, de 1993 a 2005, y a la vuelta encontraron sus tierras ocupadas.
Por su parte, muchos "repatriados" hutus que se exiliaron durante décadas han logrado el derecho a labrar las tierras con sus nuevos inquilinos, aunque esta política ha generado tensiones gubernamentales.
El principal partido tutsi en el Gobierno de coalición de Burundi (UPRONA) acusó a la formación mayoritaria (CNDD-FDD, hutu) de beneficiar a los retornados de esta etnia frente a los ocupantes de sus tierras (tutsis), según analistas de conflictos consultados por Efe.
Así, la avidez por la tierra podría reavivar tensiones étnicas y políticas en el camino hacia las elecciones de 2015, avisa International Crisis Group.
Esta misma semana, un joven asesinaba a tres monjas italianas en un convento de la capital por estar ocupando "ilegalmente" sus tierras, alegó al ser detenido.
"Estamos viendo a niños y adultos en la calle, sin campos ni tierras. Si nada cambia, mañana habrá violencia, las familias se matarán. Será un caos", augura el pastor protestante André Florian Nbasimana.
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