La pesadilla de Madaya, "esqueletos caminando por las calles"

"Los niños siempre están llorando. Por la calle caminan esqueletos", cuenta Mohammad, un residente de Madaya, a Amnistía Internacional. La ciudad siria se ha convertido en un auténtico escenario para las pesadillas de sus ciudadanos. Comer en Madaya es un lujo del que todo el mundo no puede disfrutar.

"Tengo una esposa y tres hijos. Tenemos que comer cada dos días para asegurarnos de que tendremos algo de comida. A veces, solo tenemos agua y sal. Hemos llegado a comer incluso hojas de los árboles", apunta el testigo quien afirma que todos los días siente que se va "a desmayar" y que teme "no volver a abrir los ojos".

Con este testimonio Amnistía Internacional pretende denunciar la situación que decenas de ciudades están viviendo en Siria cuando se cumplen ya cinco años desde el inicio de la guerra. Una guerra que ha dejado sitiadas a 400.000 personas en todo el país. Personas que carecen de alimentos, medicinas, bienes de primera necesidad.

Este martes la organización ha hecho público el informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Éste se puede resumir con una palabra: vergonzosa. Así define Amnistía Internacional la respuesta europea a la crisis de migración que está sacudiendo a Europa.

Asimismo, la organización denuncia que países como Angola, China, Egipto, Francia, Rusia, Tailandia y el Reino Unido han abusado de las leyes antiterroristas para violar de los derechos humanos de las personas que huyen de una guerra.

Del mismo modo, el documento denuncia como los países, supuestamente por el temor al terrorismo por el que se está viendo invadido todo el mundo, han puesto en peligro aquellas instituciones que luchan por salvaguardar los derechos humanos como las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y los órganos regionales. Organismos por los cuales los derechos humanos no son solo palabras escritas en un papel.Tacha a España del 'Doctor Kylln y Mr Hyde"

Amnistía Internacional afirma que España no es una excepción al “asalto global” a los derechos y las libertades debido, en parte, a “draconianas y represivas campañas nacionales de seguridad” de algunos gobiernos.

Esteban Beltrán, director de AI en España, afirma que en este país “se han han aprobado medidas legislativas o leyes que han limitado desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y se han hecho oídos sordos a las recomendaciones hechas por Naciones Unidas sobre protección de los derechos humanos”.

Así, el pasado mes de julio entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘ley mordaza’), que establece límites de dónde y cuándo pueden celebrarse manifestaciones y otorga amplias competencias a las fuerzas de seguridad, con multas de hasta 30.000 euros a personas que muestren “falta de respeto” o graben imágenes de agentes de policía.

Beltrán subraya que la última reforma del Código Penal “es tan vaga que el relator especial de la ONU para la libertad de expresión alertaba de que podría penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringue deproporcionadamente el legítimo derecho a la libertad de expresión, algo que hemos podido ver el caso de los titireteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero”.

En el ámbito internacional, Beltrán subraya la “política de doble rasero” o “de doctor Jekyll y mister Hyde” de España, porque, por un lado, da “pasos positivos” para que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se autolimiten en el uso de veto ante crímenes de derecho internacional, ha participado en la adopción una resolución sobre mujeres, paz y seguridad, y ha demandado un mayor seguimiento de las recomendaciones de derechos humanos de los mecanismos de Naciones Unidas.

Por el otro, añade Beltrán, el Gobierno ha llevado reformas legislativas contrarias al derecho internacional, como la Ley de Extranjería para “legalizar la expulsión automática y colectiva de personas migrantes y solicitantes de asilo y refugio en Ceuta y Melilla”, además de “incumplir el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas cuando quiere enviar buques de guerra a Arabia Saudí” o “cuando sus barcos bloquean los puertos de Yemen y provocan una exclusión humanitaria de grandes proporciones”.

Además, apunta que España ha recibido “llamadas de atención” del Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, mientras que una docena de mecanismos de la ONU y el Consejo de Europa han hecho lo propio por dejar sin asistencia sanitaria a cerca de 75.000 personas migrantes en situación irregular.

Por último, Beltrán subraya el “poco compromiso” de España sobre los refugiados de Siria, puesto que sólo ha reubicado a 18 personas procedentes de Grecia e Italia cuando se comprometió a admitir a más de 17.000, y apenas ha reasentado a 90 personas de los campos de refugiados de Jordania, Líbano y Turquía cuando se ha comprometido a resentar a 854.