El Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene intención de dar a conocer las cerca de 55.000 páginas de correos electrónicos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton hasta enero de 2016, en el marco de la polémica surgida por el uso de su e-mail personal para asuntos diplomáticos, de acuerdo con unos documentos obtenidos por el portal de noticias estadounidense VICE News.
El director en funciones de la Oficina de Programas y Servicios de Información del Departamento de Estado, John F. Hackett, habría presentado una declaración en la que propone el 15 de enero de 2016 como fecha límite para hacer públicos los mensajes de correo electrónico de la candidata demócrata a la Casa Blanca.
Clinton tiene previsto declarar ante un comité del Congreso que investiga el ataque contra el consulado estadounidense en Bengazhi (Libia) en el año 2012, en el que fallecieron cuatro estadounidenses en la sede diplomática, entre ellos el embajador, Christopher Stevens.
Hillary Clinton habría aceptado declarar en el Congreso sobre el ataque contra el consulado estadounidense en Bengazhi (Libia) y sobre la polémica surgida por el uso de su correo electrónico personal para asuntos diplomáticos relacionados con este hecho, según ha confirmado su abogado a través de un comunicado.
Clinton declararía en una única sesión --posiblemente esta semana del 18 de mayo-- y no en dos, como solicitó el republicano Trey Gowdy, que preside el panel especial que investiga el ataque ocurrido en septiembre del 2012 en Libia.
La exsecretaria de Estado estadounidense habría estado usando su e-mail personal, en lugar de un correo electrónico del Gobierno, durante los cuatro años en los que ocupó el cargo, por lo que podría haber violado los requisitos federales establecidos en relación al modo en el que los funcionarios deben hacer uso de su correspondencia.
Bajo la ley federal, cartas y correos electrónicos escritos o recibidos por funcionarios federales, como es el caso de la secretaria de Estado, se consideran "registros públicos" y deben ser retenidos para que los comités del Congreso, historiadores y miembros de los medios de comunicación puedan acceder a ellos, aunque hay excepciones a la ley para ciertos materiales clasificados y sensibles.
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