El Gobierno de Perú ha dejado tiradas a 5.000 familias y a varios inversores internacionales con su deuda, en un posible fraude que ha llegado hasta la OCDE. A comienzos de los años 70 y en el marco de su reforma agraria, el Gobierno del país expropió más de 10 millones de hectáreas (la superficie equivalente a Extremadura y Andalucía) y entregó a cambio bonos por valor de 5.000 millones de dólares, que ahora se niega a pagar.
En su momento y a cambio de haberles confiscado las tierras, el ejecutivo peruano entregó los citados bonos a un total de 20.000 familias. Tiempo después, una parte de estas familias los vendió a inversores internacionales. Estos últimos son los actuales acreedores junto a 5.000 de aquellas familias.
Hace cuatro años, el gobierno peruano se negó a pagar a sus acreedores al vencimiento de los bonos y les adjudicó un valor exponencialmente inferior, amparándose en una sentencia del Tribunal Constitucional con tintes de fraude.
Los bonistas han acudido a la OCDE con un escrito donde solicitan al organismo que niegue la entrada a Perú al club de los países más ricos, prevista en principio para 2021. En su misiva aseguran que este “default” de 5.000 millones de dólares (según las estimaciones) cuestiona la seguridad jurídica del país y el cumplimiento de sus obligaciones. Algo que la OCDE ya había puesto en entredicho en un informe previo. Precisamente, la organización prevé revisar el tema esta misma semana.
Deuda e IPC controlados, pero un nivel de vida bajo
La deuda pública peruana alcanzó los 43.063 millones de euros el año pasado, el equivalente al 24,4% de su PIB. En octubre, la inflación se situó en el país en el 2,3%. Si tomamos como referencia el PIB per cápita, un indicador claro del nivel de vida sus 5.605 euros convierten a Perú en un país con un nivel de vida bajo (ocupa el puesto 88 de 195 países). El país se encuentra, además, en el 58º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business o de facilidades para hacer negocio.
El documento incluye las apreciaciones del Dr. Hans J. Blommestein, que fue jefe de la Dirección de Deuda Pública en la OCDE desde 2001 hasta 2016. En su informe, Blommestein muestra su preocupación por el incumplimiento por parte de Perú de los principios rectores de la organización y añade, además, que tanto los tribunales peruanos como el Congreso han confirmado en varias ocasiones que "los Bonos de la Reforma Agraria constituyen deuda soberana legítima y actual".
El carácter "atroz" de la conducta de Perú respecto de los bonos de la Reforma Agraria demuestra, a juicio de los bonistas, que Perú "no cuenta con el grado de aptitud adecuado" para considerar su admisión a la OCDE y que este país no está dispuesto a observar los valores fundamentales y los principios rectores de la OCDE.
Así, instan al club de los países desarrollados a que suspenda la candidatura del país hasta que su gobierno "brinde información veraz" sobre el monto de la deuda contraída y resuelva la situación que atañe a la deuda aún pendiente de pago.
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