La dimisión de Johnson y su "esto es todo, amigos" con el que se despidió de 10 Downing Street pasarán a la historia como uno de los momentos más simbólicos de una época inusualmente compleja para el Reino Unido. Habituado a encadenar crisis políticas, y con las etapas del Brexit y la pandemia todavía coleando, el cese en diferido de Johnson ha coincidido en el tiempo con la muerte de la reina Isabel II y las derivadas de la guerra de Ucrania, generando una tormenta económica y social que amenazan al nuevo liderazgo político de Liz Truss.
La nueva primera ministra ha asumido el encargo de redefinir el rumbo de un país sumido en una espiral crítica de precios, tensionados por su dependencia energética y una inflación que los expertos apuntan a que superará el 13% el próximo invierno. Para tratar de amortiguar esta situación, una de las primeras medidas de la 'premier' ha sido congelar las facturas del gas y la electricidad a partir de octubre en un máximo de 2.500 libras anuales por hogar (2.880 euros), con el fin de aliviar su carga económica. Enmienda así al regulador energético de Gran Bretaña, Ofgem, que fijó hace unos días el precio máximo que las energéticas pueden cobrar a los hogares en 3.549 libras (4.202 euros) a partir del 1 de octubre, precio un 80% superior al actual, fijado en 1.971 libras (2.325 euros).
La dirigente aseguró que estas medidas podrían rebajar la actual inflación en cinco puntos, mientras que Goldman Sachs, que pronosticaba una inflación del 14,8% en octubre, ha rebajado su estimación a un 10,8%. El Banco de Inglaterra, que ha calificado como "inevitable" la recesión económica del país durante los próximos meses, también tendrá en cuenta esta medida para decidir sobre los tipos de interés. Al mismo tiempo, el nuevo Ejecutivo anulará la prohibición del fracking para extraer petróleo y gas en el Mar del Norte, donde prevé retomar la producción del mismo en seis meses, además de negociar contratos a largo plazo para bajar el coste de la intervención.
Las medidas de urgencia del nuevo gobierno tratarán de rebajar la inflación, que se estimaba en un 13% durante los próximos meses
También ha propuesto una nueva bajada de impuestos sin concretar cuáles, y una inyección de 40.000 millones de libras esterlinas (46.000 millones de euros) a la economía británica para garantizar la liquidez de las empresas que necesiten sortear la volatilidad de los precios. El objetivo, sin duda, es aliviar y evitar las tensiones de una ciudadanía que podría caldear las calles ante un invierno frío en las casas. El país afronta una nueva temporada de huelgas, convocadas en sectores clave como el postal (Royal Mail), estibadores, trabajadores ferroviarios -que ya han anunciado paros en los próximos días-, abogados penales o basureros, todos ellos descontentos por sus condiciones laborales y bajos salarios. Solo el luto por la muerte de la reina ha suspendido alguna de esas protestas por el momento, pero no salva el malestar generado.
Sin embargo, es una vieja bandera vinculada al Brexit la que amenaza con romper la agenda política del nuevo gobierno: la inmigración. En lo que va de año, más de 17.000 personas han cruzado el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, alcanzando cifras récord en julio y agosto. El puerto del condado de Kent -el más cercano a Francia- es el destino habitual de la mayoría de migrantes, quienes han sido amenazados por el gobierno británico con hasta cuatro años de prisión o la deportación a Ruanda, país africano con quien el Reino Unido mantiene un acuerdo en esta materia.
Precisamente este conflicto aspira a convertirse en uno de los grandes problemas del nuevo gabinete, después de que esta misma semana comenzase el juicio contra estas deportaciones tras el acuerdo alcanzado con el gobierno de Ruanda para enviar allí a los ilegales que soliciten asilo en el Reino Unido. Contrarrestado con múltiples demandas de la sociedad civil y defensores de los migrantes, el primer vuelo de deportación no pudo salir del territorio británico.
A estas polémicas políticas en materia de exteriores se suman nuevos y viejos conflictos derivados del Brexit. Uno de sus territorios de ultramar, Bermudas, ha mostrado su intención de seguir adelante en su plan para legalizar el uso y la producción del cannabis, al que se había opuesto Londres. Por otro lado, Truss ha rechazado el segundo referéndum de independencia planteado por Escocia y que se iba a celebrar el 19 de octubre de 2023 tras ser propuesto por su ministra principal, Nicola Sturgeon.
Por último, el sempiterno problema de financiación y personal del servicio público sanitario (NHS) amenaza con el colapso de uno de los servicios que más en estima tienen la ciudadanía británica. Las cada vez más largas esperas para acudir al médico, la falta de ambulancias y de personal cualificado son algunos de los conflictos a los que tendrá que hacer frente el nuevo gabinete de Truss, que se ha llenado de caras nuevas para romper con todo lo previo, con la excepción de Ben Wallace a cargo de Defensa.
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