La Duma (cámara baja del Parlamento) de Rusia creó hoy una comisión para investigar la injerencia extranjera en los asuntos internos de Rusia en medio de las mayores protestas antigubernamentales de los últimos años en este país.
El nuevo organismo, que celebrará su primera reunión antes del fin del mes, será encabezado por el presidente del comité de seguridad y lucha contra la corrupción de la Duma, Serguéi Piskariov, según informó la agencia Interfax.
El diputado ya envió solicitudes al Ministerio de Exteriores ruso, a entidades del Ministerio del Interior y el regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, para que presenten información sobre los casos detectados de injerencia extranjera en los asuntos internos rusos.
La propuesta de crear la comisión fue hecha a principios de agosto por los líderes de los tres partidos opositores con representación parlamentaria, los comunistas, los ultranacionalistas y los socialdemócratas, y contó con el apoyo inmediato del partido del Kremlin.
La iniciativa tiene como propósito vincular las recientes protestas de la oposición en Moscú a una presunta injerencia foránea.
El líder del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziuganov, informó a la prensa que la comisión estará integrada por 12 personas.
Como resultado de su trabajo, la comisión presentará informes en base a los cuales se crearán proyectos de ley y declaraciones para parlamentos extranjeros y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), según comentó el parlamentario por Rusia Unida Andréi Isáev, uno de los integrantes de la comisión.
El diputado citó como casos de injerencia en los asuntos internos del país la publicación por parte de la Embajada de Estados Unidos en Rusia de un mapa con el itinerario de una marcha opositora Moscú, y los llamados de la televisión alemana Deutsche Welle a participar en acciones públicas no autorizadas.
Isáev preguntó qué pasaría si los medios estatales rusos como RT o Sputnik hicieran llamamientos a participar en manifestaciones en Berlín o en París.
Dos protestas no autorizadas por las autoridades de Moscú acabaron el 27 de julio y el 3 de agosto con más de 2.000 detenidos y más de cien arrestados, algunos de los cuales podrían ser condenados a varios años de cárcel por "disturbios masivos", caso penal muy criticado por los defensores de derechos humanos y la prensa independiente, que lo consideran fabricado.
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