Víctimas de la fiebre del oro en Colombia

Era como un día más de los últimos 40 años que Martín Palacios ha dedicado al lavado de oro en el noreste de Colombia.

Lo era, hasta que se presentaron 15 agentes de policía.

Palacios logró huir, pero la policía arrestó a cerca de 80 mineros que estaban trabajando sin un permiso de explotación minera.

La redada, que ocurrió a principios de este año, fue una más de las realizadas por la policía, que ha estado tomando medidas enérgicas contra las minas ilegales, que se multiplican en medio de una fiebre del oro. Los mineros han quedado atrapados en el medio, presionados por los grupos armados que quieren sus ganancias, y por las grandes empresas que compran los derechos mineros.

"Si hay espacio para las empresas mineras multinacionales, también debería haber espacio para nosotros", dice Palacios, señalando que los mineros tradicionales como él han sido parte de la estructura social y económica de cientos de comunidades de todo el país.

Palacios en muchos sentidos es la nueva cara que se pasa por alto de la fiebre del oro de Colombia, provocada por un auge creciente de los precios del oro y por un Gobierno dispuesto a hacer de la minería uno de los pilares de su economía.

Desde 2002, el Gobierno ha otorgado cerca de 8.000 títulos mineros, frente a poco menos de un millar de hace una década. Esto ha conllevado un torrente de empresas mineras nacionales y extranjeras, que ahora tienen derechos de explotación de casi 12 millones de acres.

Sin embargo, muchas de las concesiones de las empresas se solapan con las zonas donde los pequeños mineros como Palacios se han dedicado a la minería durante generaciones, pero nunca han obtenido las licencias. Ahora, ellos pueden llegar a perder una de las pocas fuentes de ingresos que tienen en la región.

La disputa ha allanado el camino de una batalla por la riqueza entre David y Goliat que podría conducir a una mayor inestabilidad en una región ya de por sí inestable.

"El conflicto mineral que vamos a tener a lo largo y ancho del país va a ser muy, muy grande", explica Álvaro Pardo, ex director de minería del ministerio que ahora dirige Colombia Punto Medio, un grupo de expertos en materia de minería.

Los residentes aquí, y en otras zonas ricas en oro de Colombia, han basado su sustento durante generaciones en la minería tradicional. Hombres y mujeres se meten en el río hasta las rodillas con una sartén para buscar las partículas de oro y dinamitan las rocas para romperlas. En esta zona empobrecida, no hay muchas otras formas de ganarse la vida.

En Puerto Guamo, un poblado ribereño de 200 personas, el oro ha sido una parte tan importante de su idiosincrasia que se utiliza como moneda en lugar del peso colombiano como moneda. Las familias pagan su crédito en la tienda de la esquina con gramos de oro, o cogen una pepita de oro para comprar provisiones en las ciudades río abajo.

En los últimos años, los precios del oro han estimulado la proliferación de operaciones ilegales de minería a pequeña y mediana escala, con retroexcavadoras y excavadoras que se abren camino a lo largo de las riberas de los ríos y a través de la selva en busca de oro.

Muchos de estos equipos clandestinos se ven obligados a pagar un impuesto de extorsión a los grupos armados, incluidos los guerrilleros de las FARC y los narcotraficantes, que controlan varias partes de la región, y desean sacar provecho de las ganancias del oro. Algunos grupos armados han creado incluso sus propias operaciones mineras.

Para detener el flujo de ganancias del oro en manos de grupos criminales, el Gobierno ha declarado la lucha contra la minería ilegal como una prioridad, barriendo en su ofensiva a los mineros tradicionales. "Nos han etiquetado como ilegales", dice Mauricio Sánchez de Aheramigua, la asociación de agricultores y mineros de la región Guamaco.

El mayor riesgo al que se enfrentan los pequeños mineros es al desalojo, ya que las empresas mineras afirman sus derechos y dan órdenes de desalojo. La obligación de expulsar a cualquier minero que no tenga una concesión de una empresa recae en los gobiernos locales y en las ciudades donde la mayoría de la población depende de la minería, por lo que las autoridades temen que las consecuencias levanten ampollas.

"En este momento estamos asistiendo a una crisis social aquí", dice Jairo Alvarez, de la oficina del alcalde de El Bagre. "Porque si a los mineros no se les permite hacer su trabajo, ningún municipio podrá satisfacer las necesidades de la gente ni atender los desplazamientos que va a causar la minería".

No está claro cuántos desalojos se han llevado a cabo, pero con otras 20.000 solicitudes de títulos mineros a la cola, se espera que crezca el número. En la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, las autoridades calculan que hay más de 50 órdenes de desalojo pendientes - todas para dar paso a una única empresa de minería".

Según las asociaciones de mineros, muchos mineros tradicionales han hecho intentos de lograr concesiones sin éxito. Vicente Jiménez, un minero de Zaragoza explica que ha tratado de obtener una concesión desde 2001, pero nunca ha recibido una respuesta del Gobierno.

Este artículo es parte de una serie sobre la lucha por el oro en Latinoamérica, que se ha intensificado en medio de la crisis global.