¿Hay margen para negociar la financiación autonómica?

Hoy toma posesión el sexto presidente de la Generalitat de Cataluña en democracia: el ya Muy Honorable President Joaquim Torra i Pla. Escuchar su discurso de investidura y conocer su trayectoria e ideario estremece, pero me sumo a quienes piensan que hay que soportar las palabras y esperar a los hechos. Con el nuevo gobierno autonómico dejará de aplicarse el artículo 155 de la Constitución. La pregunta que se hace la ciudadanía de toda España es ¿Qué va a pasar a partir de ahora?

Nadie lo sabe, pero un primer dato es que no estamos ante la repetición del otoño de 2017. Por un lado, el govern de la Generalitat ha aprendido que incumplir las leyes y desobedecer a los tribunales de justicia no conduce a nada positivo. Por otro, el gobierno de la Nación ha de constatar que confiar en que Cataluña resuelva por sí sola sus propias contradicciones, solo lleva a empeorar la situación. Unos y otros tendrán que hacer cosas distintas.

Un buen comienzo sería convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica de régimen común. Si este primer paso cuenta con la participación del que parece va a ser el nuevo vicepresidente Pere Aragonès, podrá entenderse que la Generalitat ha dado una señal de buena voluntad, lo que permitiría abrir negociaciones bilaterales sobre temas hacendísticos.

¿Existe margen para alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica con la Generalitat y con el resto de las CCAA de régimen común? A mi entender sí y está delimitado en el informe que la comisión de expertos creada al efecto rindió en julio de 2017, a pesar de que no participó Cataluña. Hubo un voto particular del experto designado por Islas Baleares, el catedrático de economía de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, cuya posición entiendo muy próxima a la que cabría esperar de una Generalitat con seny. Había puntos de coincidencia importantes, aunque también diferencias considerables que constituyen el espacio negociación posible.

La primera diferencia aparecía en las vías por las que se propone reforzar la autonomía tributaria: otorgar un mayor peso al impuesto sobre la renta de las personas físicas, cediendo un porcentaje superior al actual 50%. Es una demanda que podría ser aceptada en el marco de un acuerdo, siempre que las competencias normativas y de aplicación se mantengan como en la actualidad.

La cuestión es que dar más peso al IRPF (y menos a los impuestos indirectos), se acompañaba de una limitación a la nivelación horizontal. Con el término “nivelación” nos referimos a que el resultado del sistema otorgue (o no), la misma financiación por persona a todas las CCAA. Y por “horizontal” entendemos que las CCAA de más renta per cápita ayudan a las de menos. Pues bien, la propuesta catalano-balear excluía la posibilidad de igualación completa de la financiación por habitante, aunque admitía que el gobierno central pudiera complementarla con su aportación. Este es un punto delicado porque da lugar a un sistema donde las CCAA ricas tienen gobiernos más ricos, con diferencias limitadas pero no nulas. Si esto no se aceptase, las que tienen más PIB que la media mirarían al espejo vasco-navarro y dirían: ¿por qué allí sí y aquí no?

Una forma de superar el dilema anterior sería, tal como proponía hace un año mi apreciado colega López Casasnovas, contemplar la posibilidad de que coexistan dos sistemas de financiación para las comunidades de régimen común: uno basado en la capacidad recaudatoria y la nivelación horizontal limitada y otro en el que la nivelación sea total, pero a cargo del Estado, no de un fondo redistributivo entre las CCAA. Cada una eligiría entre más riesgo (y más autonomía) o menos riesgo (y menos autonomía). De acordarse algo así, estaríamos configurando una España asimétrica, en la que País Vasco, Navarra, Madrid, Baleares y Cataluña (quizá también Aragón y La Rioja) irían por el lado de las regiones ricas y autónomas; y el resto serían más asistidas, pero menos autónomas. En mi opinión este enfoque solo sería viable en caso de que las comunidades forales aceptaran contribuir de manera significativa a la solidaridad con el resto de las comunidades, reduciendo así las enormes diferencias actuales.

En suma, hay espacio, muy estrecho pero no vacío, para el entendimiento en materia de financiación. En 2001 el CPFF alcanzó un acuerdo el 27 de julio. En 2009, se cerró un 15 de julio. A un año de las elecciones autonómicas de 2019, el acuerdo será antes de las vacaciones o no será. Hay tiempo, pero se requiere que el hábil ministro Montoro dé al nuevo gobierno de la Generalitat la oportunidad de trabajar para mejorar el marco actual. Y que ese balón de oxígeno sea atrapado por los sectores más realistas del independendismo. Claro que si el Presidente Torra opta por imitar al Presidente Trump y hace lo que ha dicho hasta ahora, nos esperan meses desoladores, si no catastróficos, en los que tanto los catalanes como el resto de españoles seguiremos perdiendo y sufriendo.