Presupuestos para 2018: un juego de equilibrios imposible

Mañana, Viernes de Dolores, será el último consejo de ministros ordinario del mes de marzo. Sin embargo, el gobierno se reunirá de nuevo con carácter extraordinario el martes 27 para aprobar el Proyecto de presupuestos generales del Estado para 2018 (PGE). Con seis meses de retraso, incumpliendo el artículo 134 de la Constitución, Rajoy somete a su gobierno a la prueba del algodón: si los PGE son tramitados y aprobados, la legislatura podrá durar un año más. Lo sabremos en abril, cuando se voten las enmiendas a la totalidad.

El proyecto vendrá acompañado de una revisión del cuadro macroeconómico, con un crecimiento para 2018 superior al previsto en el plan presupuestario enviado a Bruselas el pasado otoño (2,3%). Rajoy anunció que se revisaría hasta el 2,5% y el nuevo ministro de economía podría elevar dicha previsión, dado que el Banco de España y los analistas privados esperan un crecimiento incluso mayor. En todo caso, es un razonable criterio de prudencia que las previsiones gubernamentales sean conservadoras.

En ese contexto, el proyecto PGE 2018 tiene un difícil reto: hacer compatible la reducción del déficit del Estado y la Seguridad Social con la lista de medidas expansivas ya anunciadas. Aunque los datos oficiales se conocerán el próximo martes, se sabe que al cierre de 2017, España cumplió con el objetivo de déficit fijado en el 3,1% del PIB. También sabemos que, según la AIReF, las CCAA respetaron su límite (-0,6%) y las Corporaciones locales repiten el superávit del año anterior (+0,6%), por lo que las administraciones territoriales se compensan entre sí. De modo que el dato de partida en 2018 de la administración central es un déficit de 3,1%, que debe pasar al 1,8% fijado en el plan presupuestario. Un ajuste de 1,3 puntos en un solo ejercicio, esfuerzo considerable que el ministro Montoro no ha conseguido nunca desde que tiene esa responsabilidad en la actual etapa.

En cuanto a los compromisos ya adquiridos, tenemos la subida del sueldo de los funcionarios, la equiparación de policía y guardia civil con los Mossos, el plan de vivienda, los 200 millones para el pacto contra la violencia de género o la reducción del IRPF para los pensionistas. A ello se sumará la lista de rebajas fiscales y nuevos gastos que legítimamente exige Ciudadanos a cambio de su apoyo. Menos legítimo sería que el PNV y Coalición Canaria volvieran a cobrar, tras los generosos acuerdos para la aprobación de los presupuestos de 2017, que extienden sus beneficios a este ejercicio.

Por tanto, hacer que los números cuadren no será fácil, pero el ministro de Hacienda tiene capacidad para arreglarlo. En el plan presupuestario se calcula que, por sí solo, el crecimiento económico reducirá 0,8 puntos del déficit de todas las administraciones públicas. Este viento favorable, aderezado con una pizca de ingresos optimistas, más una pincelada a la baja en el gasto previsto de la Seguridad Social, harán que los presupuestos cuadren. Hay que dar un voto de confianza al gobierno porque en 2017 los objetivos que se fijaron en otoño del año anterior se han cumplido. No obstante, en el trámite parlamentario asoman dificultades políticas considerables.

El PNV no parece dispuesto a apoyar el proyecto hasta que se levante la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Dado que ese evento no depende de la voluntad de Rajoy, quizá se estén negociando en paralelo otras exigencias de índole política. En el caso de Nueva Canaria, su diputado Pedro Quevedo ha declarado: “no hemos empezado la negociación”, de modo que cualquier escollo puede surgir. Y Ciudadanos ha puesto sobre la mesa la dimisión de una senadora imputada como condición ajena al propio presupuesto, a la que de momento el Partido Popular se resiste.

En caso de que se superen todos estos obstáculos, asistiremos a la reedición de la alianza entre Ciudadanos y PNV, pero esta vez tras pasar los últimos meses en muy diferentes trincheras. Ciudadanos ha fraguado su espectacular auge demoscópico en la defensa de la unidad de España frente al desafío independentista en Cataluña. Llevaron el estandarte del 155, clamando por la igualdad de todos los españoles. En cambio, el PNV es el partido que defiende las diferencias territoriales hasta límites extremos. Además, ha sido el intermediario entre Rajoy y Puigdemont en los momentos más tensos previos a la aplicación del artículo 155. Y no olvidemos la valiente oposición de Rivera a la Ley de metodología del cupo el pasado noviembre. En suma, una situación difícil que requerirá equilibrios muy poco convencionales.