Rigor y profesionalidad para superar la crisis 

Existe un amplio y paradójico consenso sobre el hecho de que, en muy diversos aspectos, España se está convirtiendo en una sociedad con un alto grado de nerviosismo que le lleva a momentos de esquizofrenia.

Uno de los más llamativos es la coincidencia entre la polarización y crispación extremas en las que se desarrolla cualquier debate público y el acuerdo generalizado, por parte de casi todos los agentes sociales, de que esa polarización y esa crispación son extraordinariamente perjudiciales para el conjunto de los ciudadanos y deben ser erradicadas con urgencia. Más aún cuando acontecimientos tanto nacionales como internacionales nos sitúan en un momento crítico en el que tal atmósfera resulta aún más dañina.

Hay quienes, en tono un tanto apocalíptico, apuntan a un deterioro crónico y hasta inevitable de los fundamentos, valores y procesos propios del sistema democrático, tanto formales como informales, como la causa de tal situación. Con el debido respeto, no parece que tal posición sea sostenible. Nuestro sistema democrático cuenta con los canales y procedimientos institucionales necesarios —aunque deban ser continuamente actualizados y perfeccionados, quién lo niega— para hacer posible la superación de los conflictos; y los canales y procedimientos no institucionales —en definitiva, el diálogo directo, respetuoso y constructivo entre las partes en conflicto— jamás han contado con tantos recursos y posibilidades a su alcance.

Si es así, parece claro que el problema no reside en la falta de medios e instrumentos, sino en el uso que se les da. En efecto, los recientes conflictos que afectan al país —dejemos de momento a un lado, por respeto a su extrema gravedad, los internacionales que están en la cabeza de todos— ponen de manifiesto una endémica incapacidad de las partes en conflicto para disponer de puentes que les permitan un mejor entendimiento de las posiciones de la contraparte, una identificación de los puntos en los que es posible un principio de acuerdo y hasta una definición más correcta y exacta de los intereses y objetivos propios que facilite este mismo ejercicio a los oponentes.

Los conflictos relativos al Sahara, el transporte, los precios energéticos, las medidas para hacer frente a la inflación y una situación geopolítica que ha cambiado todos los paradigmas, añadidos a la elaboración de numerosas iniciativas legislativas sobre educación, fiscalidad, residuos, industria audiovisual, cuestiones sociales y un largo etcétera, son buena prueba de ello. En gran parte de ellos, se ha echado en falta la intervención de profesionales que podrían haber tendido eficazmente esos puentes para evitar soluciones en falso de los conflictos, que ha sido el caso más habitual; o para evitar que las decisiones correctas y positivas parecieran ser finalmente lo contrario.

Necesidad de asumir requisitos objetivos

Esos profesionales obviamente existen y su labor está experimentado un crecimiento acelerado ante la necesidad de aportar estrategias que construyan consensos para asegurar una regulación que ayude a desarrollar proyectos críticos para nuestro futuro en estos momentos de transformación.

Sin embargo, podemos temer que, como ocurre siempre con los crecimientos acelerados, el de las consultoras de relaciones institucionales o “lobbying” se vea acompañado de ciertos riesgos y disfuncionalidades. Unos están amplia y correctamente identificados: por ejemplo, la necesidad de una regulación pública de obligado cumplimiento que asegure que todas ellas operen en un régimen y en unas condiciones de plena transparencia y honestidad. Sin embrago, otros no lo están tanto: por ejemplo, la urgencia de exigir las garantías que hacen posible que su labor se desarrolle con rigor y profesionalidad.

El momento para hacerlo es este. La situación actual, con un contexto político y económico de una complejidad difícil de recordar, se refleja en una tensión social que se va acrecentado por las implicaciones que estamos viviendo. Unas implicaciones que se visualizan en protestas políticas y brechas sociales y económicas que hacen que cualquier cambio regulatorio o decisión política tenga un gran impacto inmediato en los medios y en las redes.

En efecto, es ahora cuando se requiere que nuestro sector "suba el nivel" para ayudar a las empresas y dar valor a las decisiones del Gobierno y de las demás instituciones Y ello exige, a su vez, que las consultoras de “public affairs” puedan asegurar y demostrar públicamente que su contribución es realmente rigurosa y profesional, lo que afecta no solo a sus comportamientos éticos (transparencia, etc.), sino también, y por encima de todo, a su capacidad y competencia (conocimiento, recursos, experiencia, estrategia, “know how”...).

Por ello, en ausencia de una regulación pública, cuya aprobación seguramente va a tardar, es urgente que el sector defina y asuma de manera voluntaria unos estándares mínimos que aseguren todo lo anterior y que se puedan reflejar en un código de conducta. Su reto principal en estos momentos es hacer valer su capacidad de aportar valor y conocimiento con solidez profesional. Y la solidez profesional exige especialistas formados, recursos, capacidades y valores que suponen tanto unos determinados costes como un rigor ajeno a la supuesta "familiaridad" con tales o cuales instancias políticas.

En definitiva, necesitan acordar el cumplimiento de unos requisitos objetivos que den a los posibles clientes públicos y privados las "señales de mercado" necesarias para que estos tengan la seguridad de que contratan servicios fiables que son capaces y de proporcionar resultados tangibles y medibles.

Un mercado importante y en crecimiento

Un ensayo sobre el funcionamiento de las instituciones comunitarias cifraba hace pocos años en 15.000 el número agencias, consultoras, bufetes, etc. que hacían “lobbying” en Europa. Multiplique el lector esa cantidad por cualquier cifra media anual de negocio que le resulte verosímil y tendrá que estar de acuerdo en que este mercado no es lugar para meros “conseguidores”, sino que impone otras exigencias de corte empresarial.

Hace ya años, cuando empezaba a reflexionarse en España sobre la necesidad de una regulación para el nuevo mercado libre de la electricidad, se invitó a reguladores de países que ya la tenían a compartir sus experiencias en un acto celebrado en Madrid. En él, se le preguntó al representante argentino su opinión acerca de la conveniencia de que las empresas eléctricas participaran en la elaboración de la regulación. Tras unos segundos, señaló: “creo que sería como poner las cabras a cuidar el pasto”.

Sabias palabras, probablemente. Pero no todas las circunstancias ni todos los casos son iguales. Por ejemplo, si analizamos los retos a los que se enfrentan las agencias de “lobbying” en España, probablemente habremos de asumir que ellas son las más interesadas en definir y aplicar una rigurosa autorregulación. Porque, en este caso, las cabras son las más necesitadas de que el pasto esté bien cuidado.