Un burdo rumor

El pasado lunes, 9 de noviembre, Sonia Vivas Rivera, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Palma -que se define a sí misma como "policía, denunciante de corrupción política y policial, lesbiana, catalana de izquierdas y feminista. Activista y formadora en derechos humanos. Demócrata"- escribía en su cuenta de Twitter @SoniaVivasRive3:

"Los hombres con penes pequeños suelen ser mas (sic) beligerantes. Se debe a que el mandato patriarcal valora mucho el tamaño de los genitales masculinos y asocia esa medida a la idea de potencia y fortaleza. El que no cumple, suple con violencia su carencia".

Y lo primero que se me vino a la cabeza fue la canción del gran Javier Krahe, 'Un burdo rumor', en la que decía: "No se tus escalas, por lo tanto eres muy dueña / de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. / No esta su tamaño, en honor a la verdad, / fuera de la ley de la relatividad. / Y aunque, en rigor, no es mejor / por ser mayor o menor, / ciertamente es un burdo rumor".

¿Desinformación?

Lo segundo que me vino a la cabeza fue el 'Procedimiento de actuación contra la desinformación', aprobado por un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional y publicado en el BOE del pasado 5 de noviembre, a través de una Orden Ministerial firmada por Carmen Calvo, Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Y me dio por preguntarme, como un caso práctico, si este ‘burdo rumor’ podría cumplir los requisitos de la definición de “desinformación”, que da la Comisión Europea y que recoge la Orden Ministerial: "Información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público".

La primera duda que surge es si ésta es una “información verificablemente falsa o engañosa”, porque no sé si existirán estudios científicos que lo demuestren. Pero ¿acaso el que afirma algo no debe probarlo? ¿Existen estudios científicos que demuestren que es verdadera tal afirmación? ¿No es acaso información veraz -únicamente- aquélla que está contrastada?

Por otra parte, no parece que dicha afirmación se hiciera "con fines lucrativos" (aunque, por la notoriedad que ha tenido, pueda obtener su autora algún tipo de retorno económico o visibilidad evaluable económicamente). Pero podría decirse por algunos que sí se ha hecho "para engañar deliberadamente a la población". Aunque esa intención sería dudosa si la autora de la afirmación creyese en ella.

Por último, habría que analizar si dicha afirmación o información “puede causar un perjuicio público” (amenazas a los procesos democráticos y a bienes públicos tales como la salud, el medio ambiente o la seguridad, entre otros). Y no parece que sea así, salvo que haya quien interprete que dicha afirmación puede mermar la moral de la tropa y afectar a la seguridad nacional. Lo cual parece exagerado.

Críticas al Gobierno

Bromas aparte, las críticas al Gobierno por el citado “Procedimiento de actuación contra la desinformación” han sido, precisamente, por la calculada ambigüedad con la que está escrito; porque, como hemos visto, se usan conceptos jurídicos indeterminados -en los que cabe prácticamente todo- y, sobre todo, se reserva el Gobierno la capacidad de decidir qué es desinformación y qué no.

Hay que recordar que este procedimiento de actuación contra la desinformación no es nuevo. Ya se aprobó uno por el Consejo Nacional de Seguridad en marzo de 2019, respondiendo a las exigencias marcadas por el “Plan de acción contra la desinformación” aprobado por la Unión Europea en diciembre de 2018, para garantizar el desarrollo de procesos democráticos sin interferencias indebidas.

¿Cuál es, pues, la novedad del procedimiento aprobado en octubre de 2020, que, según el propio acuerdo, “supone una revisión y mejora del aprobado el año pasado”? Pues, precisamente, que se amplía el foco de dicho procedimiento y ya no se limita a la lucha contra las campañas de desinformación, procedentes de potencias extranjeras, que intentan interferir en los procesos electorales.

Por eso ha preocupado alguna línea estratégica, como “examinar la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil”, y algún propósito y objetivo, como “apoyar el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las Administraciones en el marco de la comunicación pública”.

La demostración de que ya no se piensa sólo en ‘campañas de desinformación’ de potencias extranjeras (que interfieran en procesos electorales) es que sólo en el último nivel de actuación (4) la Orden Ministerial habla de “coordinación de la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución pública de una campaña de desinformación a un tercer Estado”.

Conclusión

No sé si el ‘Comité de Situación’, apoyado en la ‘Célula de Coordinación de lucha contra la desinformación’, activada ‘ad hoc’ por el Director del Departamento de Seguridad Nacional, habrá dado ya cuenta a la ‘Comisión Permanente contra la desinformación’ y a la Secretaría de Estado de Comunicación del tuit de la Sra. Concejala del Ayuntamiento de Palma.

Tampoco sé si ahora mismo se está decidiendo la realización de una campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación para contrarrestar esta desinformación, y la coordinación de la respuesta en caso de que se descubra la conexión de esta desinformación con un tercer Estado. Aunque no parece que, en principio, la Sra. Concejala sea una agente de Putin.

Por tanto, al tratarse de una mera opinión (que no tiene por qué ser veraz, como las informaciones periodísticas, porque responde a las creencias de cada uno), terminaremos con la opinión con la que acaba la canción de Krahe: “Es mísero, sórdido y aún diría tétrico / someterlo todo al sistema métrico. / No estés con la regla más de lo que es natural, / te aseguro, chica, que eso puede ser fatal”.