¿Y por qué no una agencia privada de evaluación de políticas públicas?

El pasado jueves, 18 de enero, se publicó en este diario un interesante artículo, de Bruno Pérez Vázquez, sobre la falta de evaluación de los resultados de los beneficios fiscales que se aprueban en los Presupuestos Generales del Estado.

Estaba basado en el “Informe de fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con los beneficios fiscales”, del 2015, publicado el 21 de diciembre de 2017 por el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas “cuestionaba que Hacienda no cuantificara el gasto real asociado a cada incentivo, ni tampoco evaluara el cumplimiento de los objetivos de política económica o social para los que se crearon”.

A lo cual contestó Hacienda: "No existe un órgano al que se le hayan atribuido expresamente esas tareas y tales trabajos requerirían unos recursos humanos de los que al menos este centro directivo carece en la actualidad".

Conclusión: “los 631 beneficios fiscales identificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de 2015 restaron más de 40.000 millones de euros a los ingresos del Estado”. Y lo peor de todo es que no se sabe si sirvieron para algo.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIreF)

Por otra parte, en junio de 2017, José Luis Escrivá, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) anunció un acuerdo/encargo del Gobierno para revisar las políticas de ayudas públicas.

El acuerdo tiene una duración inicial de tres años y los primeros resultados se presentarán a finales de 2018. El objetivo es revisar todas las ayudas públicas, cuyo importe total se calcula entre los 22.000 y los 32.000 millones de euros.

Se realizará “un análisis en profundidad, con el objetivo de evaluar la calidad de las políticas públicas implementadas” y así “mejorar la calidad del gasto público y la asignación de recursos públicos”.

Se evaluará tanto la pertinencia de las subvenciones, su coherencia externa e interna y su consistencia, con arreglo a los objetivos y la lógica de intervención, como su eficacia: los resultados y el impacto real del programa.

Todo parece muy lógico y razonable. Pero es un reconocimiento implícito de que, hasta ahora no se hacía. Es decir, nadie evaluaba si las subvenciones y ayudas públicas que se concedían servían para los objetivos propuestos o no.

El acuerdo de investidura del PP con Ciudadanos

En el acuerdo de investidura que firmó el PP con Ciudadanos en 2016, figuraban estas dos medidas dentro del bloque I. Crecimiento económico, competitividad y empleo, apartado B. Competitividad y crecimiento de calidad:

a.2. Realizar una revisión integral e independiente del gasto público (spending review), siguiendo las mejores prácticas internacionales para incrementar su eficiencia, identificar gasto superfluo y eliminar duplicidades administrativas

c.17. Suprimir la AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios), cuyas funciones y presupuesto serán asumidas por un nuevo instituto independiente.

Pues bien, la AEVAL se suprimió en julio de 2017, pero sus funciones no fueron asumidas por un Instituto independiente, sino por al Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública.

En cuanto a la AIReF, creada en 2013 para vigilar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, aunque independiente, no parece que sea el mejor lugar desde el que hacer la evaluación de los resultados de las políticas públicas.

¿Y por qué no una agencia privada?

Al igual que hay agencias privadas de ‘rating’ o calificación de riesgos crediticios, públicos o privados (Standard and Poor's, Moody’s, Fitch…), ¿por qué no podría haber una o varias agencias privadas de evaluación de políticas públicas?

La idea sería que, basándose en datos objetivos, evaluaran las políticas públicas no sólo de las Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales españolas, sino también de otros países y lugares.

Todo está inventado y con la ayuda del Big Data (y muy pronto de la Inteligencia Artificial) se podrán cruzar y comparar datos de todas las políticas públicas que se están desarrollando en el mundo en una materia concreta y de sus resultados.

Con la Ley de Transparencia y la generalización del ‘Open Data’ debería ser fácil conseguir los datos para poder hacer esa evaluación. El único modo de mejorar la gestión pública es ir, poco a poco, hacia una política basada en datos.