Lunes, 19.11.2018 - 05:02 h
Libertad sin cargas

De las cenizas de los Presupuestos y el Supremo... emerge Vox

Semana de pasión en el sector financiero. El Tribunal Supremo modificaba el jueves su doctrina y dictaminaba que es el banco -y no el cliente- quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras de las hipotecas. Aunque, con celeridad, las patronales intentaron minimizar públicamente el golpe estructural de la decisión, 'sotto voce' más de un ejecutivo reconocía que el rejón tenía unas consecuencias brutales e incluso apuntaba a la dificultad que encontrarían algunas entidades pequeñas -¡ojo a las cajas rurales!- para no hincar la rodilla. Hasta tal punto estaba fea la cuestión -bastante más de lo que se dejó traslucir-, que fuentes del sector explican que la crisis generada por el Alto Tribunal traspasó fronteras y llegó a las más altas instancias de Fráncfort y Bruselas, donde se teme sin ambages por la salud del sistema financiero español -a la sazón comprometido a cumplir unas duras exigencias de capital- en caso de que el nuevo criterio se confirme.

Y es que ni eso está claro. En un movimiento inédito, histórico, un día más tarde el Supremo paralizaba la decisión. Fue conocer la medida y la banca pasó en bolsa del rojo al verde. ¿Tan rápido funcionaron los ‘lobbies’? El presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, no estaba al corriente de la sentencia, ordenaba frenar los recursos pendientes sobre la cuestión para evitar dos fallos que sentaran jurisprudencia y elevaba la cuestión a pleno para confirmarla. Si mala era la resolución para los bancos a corto plazo, devastadora es para toda la economía española la sensación de inseguridad jurídica que ha provocado el tribunal con su montaña rusa. Una sensación agravada por el argumento utilizado para frenar la sentencia, véase la “repercusión económica y social” del cambio de criterio para el pago del impuesto a las hipotecas. El mensaje es aterrador, en lo que implica de hacer política desde los tribunales.

No en vano, el mensaje del Supremo se presta a demagogia de toda clase y condición. Porque, ¿no tendrá “repercusión económica” en las familias retractarse ahora? Y “social”. Incluso puede que quienes ya contaban con esas devoluciones se echen a la calle. ¿Cambiamos otra vez el fallo por esas protestas? El Tribunal se ha puesto en una situación imposible haga lo que haga el pleno, lo cual apunta a una descoordinación y falta de materia gris inadmisible en la propia instancia. La cuestión es si cabe más relevante cuando todo el sistema judicial español está en el punto de mira europeo a resultas de la ‘cuestión catalana’. Ahora, en el momento en que más sensación de solidez procede, no parece inteligente ni serio abrir un melón como el que se ha abierto, suficiente para dar argumentos a quienes -desde fuera y desde dentro- quieren socavar hasta la separación de poderes en aras a justificar sus afanes secesionistas.

Por si fuera poco, el ‘affaire’ del Supremo coincidió con la última refriega del Gobierno Sánchez con la Comisión Europea, a resultas del ‘collage’ de cuentas públicas remitido a Bruselas. Como no podía ser de otra forma, el viernes las autoridades comunitarias solicitaron por carta al Ejecutivo aclaraciones sobre el borrador presupuestario. Y es que más allá de las cifras -se apuntaba a una desviación del gasto en torno a los 1.000 millones de euros-, la misiva estima que el proyecto rubricado por Nadia Calviño no da una imagen completa de las propuestas que se plantean. No se puede ser más claro: “Sería importante dar a la Comisión Europea toda la información necesaria sobre varias medidas, principalmente respecto a su impacto presupuestario, con el objetivo de facilitar nuestra evaluación”. Todo un rapapolvo que el Ejecutivo se limitó a despachar con una respuesta de compromiso, sin datos adicionales.

Dicho lo cual, es una pena que la mediación de Bruselas no vaya a ser suficiente para conocer el ‘backstage’ de estimaciones presupuestarias que, con generosidad, se pueden calificar de voluntaristas. Por ejemplo, no está muy claro por qué ampliar el listado de deudores para incluir a los responsables solidarios va a incrementar la recaudación en exactamente 110 millones de euros en 2019. El papel lo aguanta todo. Del mismo modo, un clásico de estos programas, la mejora en la lucha contra el fraude, en este caso a nivel internacional, debería reportar otros 500 millones. Desde luego, no ha ayudado a la buena recepción del documento que Sánchez ninguneara a la UE; obviara la negociación coordinada que se estaba llevando a cabo con Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, y activara por su cuenta la fiscalidad digital y a la banca.

En este punto, la encuesta para el Grupo Henneo elaborada por Metroscopia marca un hito indudable con la irrupción de Vox en el escenario político. De acuerdo con el sondeo, un 5% de la ciudadanía declara abiertamente su intención de votar a la formación de Santiago Abascal, que podría conseguir representación parlamentaria. “El acto de Vistalegre el pasado domingo 7 de octubre y su cobertura mediática han podido potenciarlos. La llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez y de Casado a la presidencia del PP, con la obstinada crisis catalana de fondo, venían también avivando la pugna por el liderazgo de la derecha. Y Vox, agazapado en la sombra, parecía esperar el momento de emerger”, explica Francisco Camas, doctor en Ciencias Sociales y analista de Metroscopia. En en un terreno de juego encharcado, en las fallas del sistema, pueden encontrar su caldo de cultivo fenómenos inesperados. Se asume que siempre puede haber grietas, pero los socavones que enseñan sin pudor los poderes ejecutivo y judicial -con impacto incluso a nivel internacional- precisan de una reflexión urgente.  Y mejor restañarlos antes que lamentar. Avisos ya hay.

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