Medina, Rubiales y el pacto de rentas frente al 'dinero fácil'

El presidente del Gobierno lo tiene claro. Es imprescindible un pacto de rentas entre empresarios y trabajadores “con el fin de proporcionar estabilidad y confianza al conjunto de la sociedad, evitando una espiral inflacionista y reforzando la recuperación económica, la creación de empleo y el poder adquisitivo de los salarios”. En román paladino, que hay que apretarse el cinturón. Véase, aunque la inflación transite cerca del doble dígito y se estime una media anual del 7,5%, los asalariados deben moderar sus aspiraciones de subidas salariales en la negociación colectiva en aras al bien común. Debe primar la austeridad y el sentido común. La razón es clara y han alertado de los riesgos de un derrape tanto ilustres economistas como conspicuas instituciones como el Banco de España. Esto es, si vinculamos los sueldos a subidas de los precios puntuales terminamos convirtiendo en estructural un problema coyuntural. Del mismo modo, el Gobierno también ha reclamado a los empresarios que cumplan con su parte del trato y limiten sus beneficios en estos tiempos de crisis, en los que ha tocado lidiar con una pandemia, una guerra y hasta un volcán, que las penurias también tienen dimensión local.

Sin embargo, y prepárense para algo de demagogia con el atenuante de que nos llevará a buen puerto, esos asalariados abnegados y esos diligentes empresarios han visto como, al mismo tiempo que se les pide contención, insignes aristócratas habituales del ‘cuore’ cerraban la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid a cambio de comisiones multimillonarias en plena tragedia nacional por el virus. Más allá de las imputaciones y de que la Fiscalía Anticorrupción les atribuya la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, no hay que ser un juez para cuestionar la moralidad -definida por la RAE como “el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad”- de estos sujetos. Asumiendo que no hay ninguna ilegalidad, no se trata de que no cobren por su trabajo, pero sí de que lo hagan con proporcionalidad o medida ética. Y no parece que embolsarse 6 millones de dólares en comisiones en un contrato de 12 cumpla con esos criterios. Parece ocioso esperar algo de conciencia social de quienes corrieron a gastarse el dinero en yates, Rolex o Aston Martin mientras los ataúdes se apilaban en el Palacio de Hielo de Madrid.

También se ha comprobado en estos días cómo se las gastan el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y su socio Gerard Piqué. Tras los audios publicados por ‘El Confidencial’, queda claro que el futbolista-empresario desconoce lo que es un conflicto de interés, cosa que tampoco parece preocuparle demasiado por mucho que, en este caso, sea de libro. Al menos así lo refleja que un jugador que participa en una competición intermedie con su empresa y cobre comisiones de la mano del organismo que debe organizar y regular ese torneo, desde los horarios a la designación de los árbitros. Lo de Rubiales es harina de otro costal y entronca directamente con la naturaleza de la institución que preside, convertida en un reino de Taifas desde tiempos inmemoriales. No en vano, la RFEF se estructura como una una entidad asociativa de utilidad pública pero que se rige por el derecho privado, lo que otorga a su presidente amplias competencias para su organización interna. Y es quizás en esa condición en la que debería intervenir el Gobierno, a la vista de cómo se ha venido gestionando su ingente presupuesto por parte de dirigentes de dudosa formación empresarial. A fin de cuentas, su presupuesto procede, en su mayor parte, de la explotación de los ingresos comerciales de algo tan público como la Selección Española de fútbol. ¿O acaso no merece alguna reflexión, aunque sea atendiendo a meras razones estéticas, que en un entorno de utilidad pública a su máximo ejecutivo no le chirríe cobrar 634.518,19 euros brutos al año, 7,5 veces lo que el jefe del Ejecutivo? 

Hay un debate como sociedad que trasciende el cumplimiento de los preceptos legales y que tiene que ver con la ejemplaridad de los comportamientos, no solo de los representantes públicos.

También debe esperarse más de los representantes públicos. Según declaró Luis Medina, uno de los dos comisionistas que hizo negocio con el Ayuntamiento de Madrid, fue el primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida quien intercedió y les facilitó el contacto de Elena Collado, el alto cargo que centralizaba las compras de material. No hay por qué dudar del regidor cuando asegura que no conocía esa gestión por parte de su familiar, que por otra parte se había limitado a facilitar una dirección genérica a los ‘conseguidores’. Sin embargo, de ahí a presentarse como víctima, como ha hecho repetidamente el político popular, va un largo trecho. Parece razonable pensar que las verdaderas víctimas son los madrileños, cuyo dinero, en el mejor de los casos, se destinó a sobrepagar por unos materiales y a abonar desproporcionadas comisiones. Almeida es, sobre todo, el responsable de velar porque esos desmanes no se produzcan en su Consistorio y, en consecuencia, tiene una responsabilidad política cuya magnitud es discutible pero evidente. Por eso mismo debe tomar decisiones. “Soy un poco pava”, dijo Collado en su declaración ante el juez. Suficiente para que, quien en su día fue secretaria de Estado de Función Pública, un alto cargo del Ministerio de Hacienda, sea ahora destinada a un puesto más acorde con sus capacidades y su naturaleza confiada. Desde luego, donde no se maneje dinero público.

Algunos de los afectados por estos episodios han argumentado con convicción que no han cometido ilegalidad alguna. También lamentan, con razón, la inseguridad que genera en un país la existencia de 'mafias' que se dedican a grabar conversaciones a diestro y siniestro. La última palabra será de los jueces. Sin embargo, hay un debate como sociedad que trasciende el cumplimiento de los preceptos legales y que tiene que ver con la ejemplaridad de los comportamientos, no solo de los representantes públicos. Advierte Gerard Piqué que su empresa emplea a un centenar de personas que cobran su nómina todos los meses y que no puede elegir los proyectos que acomete o declina. Y lo cierto es que debería si quiere seguir abonando esos sueldos con el transcurrir de los años. No en vano, un empresario de verdad sabe que muchas veces la reputación de una firma se cimenta sobre las propuestas que rechaza. Y esas empresas, que ayudan a vertebrar la sociedad, familiares en muchos casos, son las que perduran en el tiempo como parte de un proyecto común. Peor aún es que los ciudadanos perciban la existencia de un ‘canal alternativo’ de generación de ingresos para unas élites con los contactos y las relaciones oportunas, que dirigentes vinculados al entorno público velan más por incrementar sus retribuciones que por el bien común o que representantes elegidos en las urnas están más preocupados por salvar su cuello que por depurar responsabilidades.

La buena noticia, y debe ponerse en valor, es que la inmensa mayoría de los empresarios o políticos en el ecosistema patrio se mueven en esos estándares ‘ejemplares’, que mantienen y promueven elevados y escrupulosos niveles de rigor y respeto por el mercado, que funcionan las ‘murallas chinas’ a la hora de facturar proyectos, que se da cuenta y se actúa ante los conflictos de interés, que conceptos como la calidad del trabajo, la confidencialidad del cliente o la confianza en las relaciones son básicos a la hora de hacer negocios. En esta línea, las empresas cotizadas no solo reciben la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sino que sus propios accionistas son cada vez más exigentes con las remuneraciones de los ejecutivos y con el cumplimiento de criterios de sostenibilidad, incluso medioambientales. No sería ocioso que desde las instancias gubernamentales se reforzara este mensaje frente al ruido de estos días, so pena de avalar con condescendencia el mantra de que este es un país de pícaros y comisionistas. Por ejemplo, el representante del Gobierno para el deporte, José Manuel Franco, ha dejado claro que el ‘affaire saudí’ no le parece lógico “desde el punto de vista ético y estético”. ¿Y ahora qué? ¿Dónde nos lleva eso? Por mucho que sea legal, no todo vale.