Sánchez, Jekyll y Hyde con Cataluña, ante el Día D de la legislatura

Corría el mes de enero de 2006 y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sacaba pecho tras alcanzar un acuerdo global sobre el Estatuto de Cataluña. El líder socialista, como dejó claro en esas fechas, había asumido uno de los principales argumentos de las entonces huestes de Artur Mas, véase el déficit en inversiones que arrastraba la región. “Cataluña tiene importantes necesidades en infraestructuras y en peajes”, concedió en una entrevista, al tiempo que anunciaba un impulso en las dotaciones económicas para ese fin, con la intención añadida -no declarada pero evidente- de atraer a su causa a la díscola ERC. En el documento, el consorcio tributario entre la Agencia Tributaria del Estado y la catalana o la disposición adicional tercera que garantizaba a la Generalitat inversiones equivalentes a la participación del PIB de Cataluña en el del Estado. Más allá de que la implementación de las medidas haya sido más que limitada, el tiempo ha demostrado que el ‘apaciguamiento económico’ por el que apostó Zapatero acabó por encallar frente a quienes solo vieron el ‘Estatut’ como una aproximación al término ‘nación’. Y aquellos de ayer son los de hoy.

Más de una década después, el siguiente inquilino socialista en La Moncloa, véase Pedro Sánchez, se ve este lunes con Quim Torra, probablemente el presidente de la Generalitat con el discurso más radical, desabrido y retador -por utilizar términos generosos- que ha pasado por la Plaza de San Jaime. Y el planteamiento del Gobierno de la nación, con todo lo que ha caído, no difiere demasiado de aquel que un día de 2006 inundó las primeras páginas de los periódicos. Como bien publicaba ayer La Información, en una pieza de Fernando H. Valls, Sánchez está dispuesto a hablar de cómo mejorar la financiación de Cataluña, al tiempo que apuesta por encargar al titular de Fomento, José Luis Ábalos, todo un despliegue de inversiones para relanzar la red de Cercanías, las instalaciones del aeropuerto de Barcelona -otra vez El Prat para rematar la sensación de ‘déjà vu’- o dar cobertura económica al Corredor Mediterráneo. En suma, lisonjas financieras para que aparque las aspiraciones de referéndum e independencia.

Sánchez sabe que lo que se juega no es poca cosa. No falta quien en su entorno recuerda que, más allá de los primeros guiños sociales como el Aquarius o las fotografías con Merkel o Macron, las habichuelas se reparten en casa, en asuntos como el catalán y en la fijación de postura en reuniones como la de Torra. Aunque Moncloa maneja un abanico de escenarios enorme -“de la A a la Z, estamos preparados para lo mejor y para lo peor”, se llega a exponer desde el partido-, lo cierto es que la vía escogida es la de la distensión. Y además de movimientos políticos como el acercamiento de los presos, Sánchez quiere dar a la economía un papel fundamental. Está por ver que, a la vista del ‘track record’, el conflicto pueda superarse por la vía de ganarse a los catalanes poco a poco con medidas que mejoren su día a día, como la de invertir más en los trenes de Cercanías. La lluvia fina económica, que pudo tener sentido en un momento en el que las compuertas de la presa se mantenían cerradas, hoy parece una aproximación demasiado pobre con los diques totalmente desbordados.

Claro que, frente a esa visión holística de la problemática, está la propia situación de Sánchez. Y es que nada de lo que plantee el actual presidente del Gobierno debe desligarse de los plazos de su mandato, que tiene una fecha de caducidad de dos años, y de su debilidad parlamentaria, con apenas 84 diputados en el Congreso. En lo que respecta a los tiempos de la legislatura, Sánchez no solo gobierna; también está en campaña electoral, una campaña de 24 meses para intentar repetir y poner en marcha -entonces sí- un verdadero programa de gobierno. No es casualidad que cuestiones importantes pero espinosas, con alta posibilidad de fracaso, hayan quedado aparcadas para mejor ocasión. Es el caso, sin ir más lejos, de la financiación autonómica, que se solventará con simples mejoras y no se afrontará integralmente. Por otra parte, la minoría del PSOE en la Cámara Baja, que es un clara restricción a la hora de sacar adelante iniciativas legislativas, constituye una excusa fenomenal para posicionarse o mandar mensajes a la ciudadanía, a sabiendas de que determinadas disposiciones no se aprobarán.

La aproximación de Sánchez a Cataluña implica entender ambas realidades, a menudo complicadas por la propia dinámica de los acontecimientos y los órdagos que lanzan los independentistas. Un ‘status quo’ que se expuso sin ambages con la impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de la reciente moción aprobada por el Parlament que reafirmaba la declaración de soberanía de 9 de noviembre de 2015. Un paso al frente que, probablemente, era lo último que le apetecía hacer a Sánchez antes de su reunión con Torra. Por todo ello, es comprensible que ganar tiempo no sea, desde el punto de vista del presidente del Ejecutivo, tan mala solución. En todo caso, parece evidente -y sus colaboradores son plenamente conscientes- que en estos meses se moverá en el alambre: unos días Jekyll, otros Hyde.

Por último, no hay que olvidar que el flanco catalán será atacado sin piedad por la oposición. Lo será, sin duda, por Albert Rivera, cuando recupere el resuello tras el fiasco de su estrategia política en los días de la moción de censura. Y lo será también por el PP, más si el que queda en pie cuando se levante la polvareda es Pablo Casado. Paradójicamente, uno de grandes reproches que esbozaba este fin de semana a su adversaria por la primacía del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, era la fallida ‘operación diálogo’ en Cataluña. A la espera de que el resto de aspirantes resuelva sus cuitas internas y dé la cara, si en el primer ‘round’ con Torra los boxeadores en el ring solo se estudian, gana Sánchez.