El futuro de la energía en España: ¿Habemus algo?

No comenzaré este artículo escribiendo que he visto cosas que ustedes no creerían, como naves de ataque en llamas más allá de Orión. Ni siquiera que he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser, pero sí que les puedo asegurar que he sufrido ya ingentes cantidades de documentos e informes que estaban llamados a cambiar la economía y la política de un país, especialmente la energética.

La Planificación Energética 2012 – 2020, el Informe de la Subcomisión de Análisis de la Estrategia Energética Española para los próximos 25 años, La Biblia / Ley del Sector Eléctrico de 1997, las Aportaciones para el Diseño de una Política Energética Española, la Estrategia de Seguridad Energética de la UE, los interminables Planes Energéticos Nacionales… podríamos seguir así hasta el infinito, pero todos ellos estaban basados en un denominador común: no ponían los puntos sobre las íes al gravísimo problema de la energía en España y pasaban al rincón de los sueños rotos.

Este lunes se presentó en la sede del Ministerio de Energía el resultado de más de 8 meses de esfuerzo en el que un grupo de 14 expertos, 4 propuestos por el Gobierno, uno por cada Grupo Parlamentario y tres por los agentes sociales, han planteado las bases para la consecución en nuestro país de la tantas veces nombrada transición energética.

Desde un punto de vista de comunicación, el informe de 546 páginas no es precisamente un ejemplo de lectura comprensible, ni siquiera su maquetación y presentación pasará a la historia de la encuadernación de este país. Pero sí lo hará por lo realmente importante, por haber plasmado las verdades del barquero en el campo de la energía.

Antes de analizar su contenido y como crítica de partida baste decir que el proceso de nombramiento – que no de selección - de los ponentes no ha sido el adecuado. Si realmente queremos contar con un sistema energético técnico, neutral y que no obedezca al albur del partido del gobierno de turno o de la mayoría parlamentaria que toque, el procedimiento de designación debería haber sido otro. Ningún tipo de implicación política debería emborronar su trabajo.

Este aspecto no es únicamente formal. Es esencial, puesto que, admitiendo la capacidad técnica e idoneidad de los expertos que han contribuido al mismo, su procedencia debería haberse mantenido al margen, evitando cualquier tipo de identificación ideológica. Quizá de esta manera se habría lanzado un mensaje inequívoco a la ciudadanía, que debería ser la auténtica destinataria de este documento y no el Ministerio de Energía.

En cualquier caso, el informe plantea una serie de cuestiones de especial relevancia para el futuro de España. Después de más de 20 años de vigencia de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 y de los cientos de parches que hemos ido cosiendo al traje energético, hemos llegado a la conclusión de que los sucesivos intentos fallidos de reformar un sistema pensado para una tecnología, el gas, y en el que corren otras muchas fuentes de energía, con la ineficiencia que esto plantea, han creado un sistema caótico e ineficaz que redunda en unos precios energéticos exagerados y, lo que es más preocupante, incontrolables.

Ya desde un punto de vista material, el documento responde a una cuestión que hasta el momento suponía un tabú en la política energética española: ¿Quién debe pagar la factura del cambio? Aunque no explícitamente, el informe señala a los combustibles fósiles, concretamente al petróleo y sus derivados, como los candidatos favoritos para hacerlo.

El texto es también valiente con el carbón. Durante décadas hemos mantenido un sistema de generación eléctrico obsoleto, contaminante, ineficiente y caro, y lo hemos hecho, seamos claros, por una cuestión meramente política.

En 2030 el carbón ya no tendrá ningún sentido en nuestro país. Los expertos, al más puro estilo alemán, plantean la puesta en marcha de varios instrumentos para que las empresas que legítimamente – y en muchos casos animadas por los gobiernos autonómicos – decidieron invertir en esta tecnología recuperen al menos sus costes fijos.

El resto del contenido se ajusta en gran medida a los retos que como país debemos afrontar. Ahora bien, el documento presentado debería tener una función mucho mayor que la mera ilustración técnica de la viabilidad energética en España. Su recorrido debe pasar por admitir el hecho de que España no necesita un Acuerdo de Estado y mucho menos si éste es político.

Sé que esta afirmación puede resultar extraña, incluso temeraria, pero lo que necesitamos es llegar a un Acuerdo Social en materia energética. Necesitamos que los diferentes actores económicos y sociales implicados en esta encrucijada realmente pacten entre ellos, para después ser elevado a la arena política. Innovemos y demos la vuelta a nuestra tradicional forma de elaborar políticas públicas. Hagámoslo de abajo hacia arriba, desde la base a la cúpula.

Si consiguiésemos que las empresas energéticas convencionales pudieran acordar con las nuevas tecnologías una transición viable y sobre todo sostenible, este sería el éxito de nuestro particular calvario energético. Si, además, ambas consiguieran trasladar a la ciudadanía y a la industria su firme convencimiento de que en España podremos obtener energía segura, fiable y limpia a unos precios razonables, cerraríamos un círculo que lleva décadas abierto en España y que ha supuesto en muchos casos la inversión a fondo perdido de miles de millones de euros.

¿Y ahora qué? Pues veremos. La arquitectura parlamentaria actual y, si me apuran, la situación política, no favorece la adopción de legislación alguna en una materia tan controvertida y en la que de nuevo se vuelve a hacer política de la energía en lugar de política energética. Es probable que este informe pase al limbo jurídico de sus predecesores, pero al menos lo hará con la cabeza alta.

Esperemos que el recorrido de este documento de 546 páginas no sea como el que sabiamente anunció uno de los inspiradores de este artículo y gran conocedor de la realidad energética mundial, que no es otro que el ir del escritorio a la papelera de reciclaje de nuestro ordenador. Estemos vigilantes para que esto no ocurra.