Triste y sola. Y no se trata de Fonseca. Esta puede haber sido la sensación del Ministerio de Transición Ecológica tras estudiar la Comunicación que la Comisión Europea presentó el jueves ante el Parlamento Europeo y que supone la hoja de ruta perfecta para que la Unión Europea y los países que la componen puedan hacer frente a la subida excepcional de los precios mundiales de la energía.
Para la UE, la finalidad última de cualquier medida que los estados deben plantear para paliar los efectos de la subida sobre el recibo de la luz y del gas es que sean únicamente los consumidores vulnerables los beneficiarios principales de las mismas. El adverbio no es de adorno, ya que tras el documento de la Comisión se esconde una velada crítica hacia las acciones adoptadas por el Ejecutivo español que ha extendido la eficacia de sus contramedidas ‘antisubida’ de la luz a todos los clientes eléctricos, independientemente de su situación.
Para empezar, la Comisión admite su preocupación por la escalada brutal de precios que ha llevado a España a afrontar una subida del 370% en el mercado mayorista de gas con respecto a 2019. “La subida de los precios mundiales de la energía es un grave motivo de preocupación para la UE. A medida que salimos de la pandemia e iniciamos nuestra recuperación económica, es importante proteger a los consumidores vulnerables y prestar apoyo a las empresas europeas”. Tras estas declaraciones, la comisaria de energía de la UE, Kadri Simson, escondía el principal objetivo de la Comisión y que choca directamente con las actuaciones realizadas hasta el momento por el Ejecutivo español.
Como propuesta principal, la comisaria defiende su postura de “proporcionar apoyo de emergencia a los ingresos de los consumidores en situación de pobreza energética, por ejemplo, mediante vales o pagos parciales de facturas, que pueden financiarse con cargo al Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE”. La filosofía que está detrás de la medida comunitaria es radicalmente distinta a la ofrecida por las autoridades españolas.
El café para todos español
Por su parte, la medida estrella del gobierno español plantea una rebaja fiscal del 21% al 10% sobre el recibo eléctrico, pero incluye a todos los consumidores afectados por la subida de luz, independientemente de su renta o situación de mayor o menor vulnerabilidad. En pocas palabras, se protege de la misma manera a un consumidor que ingrese más de 200.000 euros al año que a otro que no llegue al SMI y, por lo tanto, con serios problemas para pagar cualquier tipo de factura.
La Comisión justifica su actuación para dar “prioridad a medidas específicas que puedan paliar rápidamente el impacto de las subidas de precios para los grupos vulnerables y las pequeñas empresas” e incluso pone un plazo concreto para que estas medidas dejen de estar vigentes, exigiendo que deban ser “fácilmente ajustables en primavera, cuando se espera que la situación se estabilice” y en cualquier caso no deben “perturbar nuestra transición a largo plazo ni las inversiones en fuentes de energías más limpias”.
Con respecto al resto de medidas a corto plazo, la Comisión hace un listado de las medidas ya vigentes en los principales países, como los aplazamientos temporales del pago de facturas o las salvaguardias para evitar los cortes de suministro de la red. Incluso en el caso de las exenciones o reducciones fiscales, la Unión vuelve a reafirmar la necesidad de que se centren en los “hogares vulnerables”.
Escepticismo con la compra conjunta de gas
En cuanto al medio plazo, la Comisión Europea parece volver a ningunear a España. En una carta dirigida el pasado mes de septiembre al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, la comisaria de competencia, Margrethe Vestager y a la comisaria de energía, las vicepresidentas Calviño y Ribera planteaban la conveniencia de crear una especie de plataforma de compra conjunta de gas que evitaran la actual fluctuación de precios del mercado.
La intención del gobierno español no era otra que hacer efectiva esta medida en el corto plazo para aliviar la factura de la luz. En el caso de España, la electricidad ha experimentado una subida del 271% en el mercado mayorista con respecto a 2019. La escasez de gas en los mercados internacionales, unido al aumento de la demanda asiática, principalmente China, ha sugerido la conveniencia de que Europa pueda dotarse de reservas estratégicas capaces de contrarrestar la inestabilidad y volatilidad de los mercados. Aunque la Comisión promete estudiar la medida propuesta por parte del gobierno español, lo cierto es que la ha incluido en las medidas a medio plazo, lo que anula su efecto en la actual problemática que se está viviendo en la factura de la electricidad.
La misma Comisión despacha en un lacónico “estudiar las posibles ventajas de la compra conjunta voluntaria de reservas de gas por parte de los Estados miembros” su intención timorata de analizar la propuesta española y remarca, ya en el texto oficial de la comunicación, que “la UE debería considerar medidas que, sin tener un impacto inmediato en la situación actual, fortalecerán la preparación para posibles choques de precios futuros…”, excluyendo de esta manera que la posible compra conjunta y voluntaria de gas pudiera suponer algún tipo de alivio en la situación actual.
No tocar el sistema… ni el mercado único de la energía
Por último, la Comisión deja para el último lugar la “repensada” que varios gobiernos nacionales le han hecho llegar para reformar el mercado de la electricidad en Europa. De hecho, la literalidad de la nota de prensa de la guardiana de los tratados europeos únicamente se compromete a examinar “la actual configuración del mercado de la electricidad”, que, en lenguaje comunitario, implica una mínima crítica a un sistema que el colegio de comisarios ha defendido a capa y espada desde que el pasado mes de marzo los precios de la electricidad comenzaran a convulsionarse.
En sus declaraciones, la comisaria de energía ha reivindicado el papel del sistema europeo al recordar que “la situación actual es excepcional y el mercado interior de la energía nos ha servido bien durante los veinte últimos años” e incluso admite que “seguirá haciéndolo en el futuro”, lo cual limita mucho el posible cambio en su funcionamiento, otra de las prioridades del gobierno español.
Los ministros de energía de la UE, con Teresa Ribera encabezando la delegación española, tendrán que debatir la comunicación de la Comisión el próximo 26 de octubre.
La intención de la Comisión es que este documento pueda formar parte de las conversaciones e intercambio de opiniones con los gobiernos nacionales, la industria y las asociaciones de consumidores y se muestra abierta a “responder cualquier petición adicional de los Estados miembros”.
Pese al estupor generado en el ministerio con la presentación de las “herramientas” con las que la Comisión Europea pretende aliviar la escalada de precios, la institución deja la puerta abierta para que España (o cualquier otro país concernido) pueda presentar nuevas propuestas si consideran que el trabajo de la Comisión Europea no hubiera reflejado en modo alguno sus intereses, algo que, sin duda, en el caso español, parece hacerse producido.
La ministra Ribera no dejará de recordarle a la Comisión que sus medidas no agradan al gobierno español ya que “no abordan la excepcionalidad de la situación en la que estamos con medidas excepcionales a la altura del desafío que tenemos por delante”, si bien tendrá que lidiar en operación para salvar a un paciente en la que priman los bálsamos en lugar de las intervenciones quirúrgicas de alto riesgo.
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