Más capital humano para el Mediodía español

El principal objetivo de las leyes tributarias es allegar recursos al Tesoro y a las distintas Haciendas territoriales para el sostenimiento del gasto público. Sin menoscabo de su función primordial, las normas fiscales también pueden ser herramientas de la política económica del Gobierno. Por ejemplo, sirven para atraer al territorio nacional, mediante la concesión de estímulos tributarios, determinados factores económicos escasos en nuestro país. Es lo que sucede con el capital humano de alta cualificación.

La Ley del IRPF otorga grandes ventajas a la “importación” de capital humano mediante la aplicación (opcional) del régimen especial de trabajadores desplazados. A grandes rasgos, este régimen permite al trabajador “impatriado” elegir, como alternativa a la tarifa progresiva del IRPF, el tipo de gravamen del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (24%), hasta el límite de 600.000 euros anuales, aplicable a las rentas de los trabajadores que pasen a residir en España, siempre que no hubieran tenido la condición de residentes en nuestro país durante los diez años anteriores. Asimismo, estos contribuyentes no resultarán gravados, ni en el Impuesto sobre el Patrimonio ni en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por los bienes situados fuera de nuestras fronteras. El régimen se aplicará durante el período impositivo en el que se realice el desplazamiento a territorio español, más los cinco ejercicios siguientes.

Casi todos los Estados miembros de la UE compiten entre sí para atraer talento y todos lo hacen, aunque con diferentes fórmulas, mediante una política de incentivos fiscales. Un caso excepcional es el de Italia. La república latina ha establecido tres sistemas especiales. Además del tradicional (aplicable a las rentas del trabajo), reciben determinados privilegios los individuos con un elevado poder de inversión y también los pensionistas extranjeros que deciden trasladar su residencia habitual a Italia. No todos los sistemas mencionados son compatibles entre sí.

Comenzaré por el denominado “régimen de los inversores” (“Hight Net Worth Individuals”). Dicho régimen especial introduce un impuesto sustitutivo único por un importe de 100.000 euros, que libera de cualquier otro gravamen a las rentas de origen extranjero. La gran ventaja que aporta este sistema a los extranjeros o italianos procedentes del exterior es el escudo legal que ampara a sus beneficiarios contra la aplicación de la onerosa escala de gravamen del IRPF que sufren los residentes “ordinarios”. Este sistema especial puede extenderse durante un período máximo de quince años. Es una concesión a los millonarios extranjeros para que creen riqueza en Italia.

Respecto a los rendimientos del trabajo, se ha aprobado recientemente en Italia un Decreto que contiene un régimen especial y reforzado favorable a los nuevos trabajadores residentes (“lavoratori impatriati”), que entró en vigor en 2020. Desde ese año, el antiguo porcentaje de exención del 50% ha subido al 70% para los nuevos trabajadores que se trasladen a Italia. De esta forma, la escala progresiva de gravamen –del 23% al 43%- se aplicará únicamente sobre el 30% de los ingresos. Y, lo que resulta aún más novedoso, la exención del IRPF se incrementa al 90% si el trabajador se desplaza al sur de Italia. Concretamente, a las regiones de los Abruzos, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Cerdeña, Sicilia y Basilicata (donde el desterrado Carlo Levi escribió su inolvidable “Cristo se detuvo en Éboli). Este sistema especial se aplica igualmente a los trabajadores autónomos y a los empresarios individuales.

El criterio territorial ha alcanzado, también de forma reciente, a los pensionistas. Los jubilados extranjeros o italianos que se trasladen al sur de Italia, siempre que no hayan tenido su residencia fiscal en Italia durante los cinco años anteriores, tributarán, por todos sus ingresos de fuente extranjera, al tipo proporcional y único del 7%. Este régimen especial, cuya duración será de seis años, igualmente exime al “impatriado” de tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio en relación con sus bienes y derechos que radiquen o puedan ejercerse en el exterior.

La política económica del Estado español nunca ha asignado con justicia los recursos disponibles. En España siempre ha habido, y sigue habiéndolos, unos territorios de primera y otros de segunda división. Desde finales del siglo XIX, la política arancelaria protegió de la competencia internacional a las indianas de Cataluña, a la siderurgia vasca y a los grandes cerealistas castellanos. Las reglas del mercado se abolieron a favor de “los condes siderúrgicos” (Unamuno), creando un mercado cautivo dentro de España que perjudicó, por la subida de los precios de los productos básicos que ocasionaba el arancel, a las economías del sur. Esta suma de privilegios dirigió las inversiones de capital físico, públicas y privadas, al País Vasco y Cataluña. Y, como no podía ser de otra forma, las regiones industriales despojaron a las economías agrarias del sur de su mejor capital humano, imprescindible para el crecimiento y desarrollo de las Sicilias españolas. A las minas de El Dorado norteño afluyó un gigantesco capital humano procedente de las regiones más deprimidas (Andalucía, Murcia, Extremadura…) ¡Qué fácil es ser nacionalista con la porra del Estado y a costa de los demás!

Italia ha puesto sobre la mesa un cambio de paradigma. Aunque, desde luego, el ejemplo italiano no es la panacea para resolver los conflictos territoriales que están agrietando la democracia española, sí sugiere un cambio de rumbo para recuperar cierto grado de cohesión social entre nosotros. La Ley de financiación autonómica ha fracasado porque trata igual a los desiguales. Es bochornoso. Pero lo es aún más que el Gobierno de Sánchez y ERC, de consuno, sostengan que el principal perjudicado por el sistema es Cataluña, utilizando a Madrid como señuelo. ¡Qué bonito es el nacionalismo pintado de rojo!