De Madrid al cielo sí, pero ¿con qué dinero?

Cuando en el 2006 se aprobó la famosa Ley de Capitalidad de Madrid, todas las críticas se centraron en que era una norma decorativa, que no otorgaba a la ciudad ni un euro de más para sufragar los gastos que le suponía tener en su seno la sede de la mayor parte de las instituciones del Estado y ser, además, un foco de atracción de población, actividad e intereses económicos. Y aquello fue con una alcaldía de derechas, en manos del PP y con Alberto Ruiz Gallardón a la cabeza. Qué lejos quedan aquellas críticas cuando ahora escuchamos que el responsable económico del Ayuntamiento, escorado a la izquierda política y simpatizante incluso de los independentistas catalanes, dice que el superávit de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid (más de mil millones el año pasado) es tal, que la aportación de la capital de España a las cuentas de todo el Estado es demasiado alta y, por ello, debe poder gastarse más dinero en sus políticas que el que la normativa legal de estabilidad presupuestaria le otorga. Es decir, no solo no se queja de los mayores gastos que supone ser capital, sino que reconoce el exceso de ingresos que existe por tener esa suerte y, por ende, exige el supuesto derecho que eso le da para gastar más allá de lo que permite y recomienda la ley.

Más de una década después de aquella Ley de Capitalidad, es evidente que la mayor actividad que se genera en la capital y el efecto atracción que ello supone para que se instalen las grandes empresas (siempre deseosas de estar cerca de los centros de decisión política y económica) y gran parte de la población española (que busca oportunidades para hacer su vida donde se supone que más hay), es más un foco de ingresos que una detracción de gastos. Unos gastos que, por otro lado, están siempre ponderados y compensados en caso de que se trate de costes de organismos o instituciones cuya actividad repercuta en toda España, no solo en Madrid.

Resulta cuando menos grotesco ver ahora que el Ministerio de Hacienda ha tenido que “intervenir” las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, a pesar de ser el que más ingresos tiene de todo el país y de que está logrando reducir la mastodóntica deuda que le dejaron sus anteriores ediles y sus macroproyectos. Es reconfortante saber que se están reduciendo a la mitad los más de 7.000 millones de deuda que tenía Madrid tras el soterramiento de la M-30 y los proyectos urbanísticos puestos en marcha hace más de una década y que, hay que reconocerlo, han sido un gran avance y han dado otro aire a la ciudad. Entonces, solo la deuda de Madrid capital era mayor que la del resto de los 8.000 ayuntamientos españoles juntos. Y si el camino es el correcto, ¿por qué se interviene Madrid ahora y se obliga a sus responsables a reportar cada semana a Hacienda todo lo que se gasten?

A priori parece absurdo, pero una reflexión con el foco más amplio lo justifica. Nadie mejor que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, sabe las grandes ventajas que para la economía de todos los españoles es tener un déficit reducido, incluso en cero. Él mismo ya lo logró en el inicio de la década del 2000, con Elvira Rodríguez como secretaria de Estado de Presupuestos y su “famosa” Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entonces se hablaba del círculo virtuoso de la economía y del milagro español, que ingresaba más con menos presión fiscal y podía reducir su deuda pública, porque sabía gastar más o menos lo que realmente tenía, como en una economía doméstica saneada.

Ya sabemos que la tremenda crisis mundial y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España dieron al traste con todo ello poco tiempo después, pero eso no es razón para que no queramos volver a ser lo diligentes que éramos entonces en nuestro planteamiento económico como país. Eso es precisamente lo que parece que ha querido olvidar al equipo económico de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, con su concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato de protagonista. La regla de control el gasto que se han saltado en los tres últimos años no sirve solo para acotar despilfarros de las entidades locales (como pueda pensarse), sino que sirve para que todo el entramado de la estabilidad presupuestaria funcione, podamos cumplir con las pautas que nos marca la Comisión Europea y volver a ser el milagro español que éramos.

Se pueden llegar a entender las razones ideológicas e incluso intelectuales que tenga alguien con la gran preparación económica que ostenta Sánchez Mato para apostar por un modelo expansivo de inversión pública y endeudamiento, pero eso no es excusa para intentar cambiar las cosas saltándose la legalidad establecida, es decir, por la vía de los hechos. Incumplir la ley para cambiar las cosas no es el camino en una sociedad avanzada y civilizada como la española. Madrid es la capital de España, el centro de operaciones de más de la mitad de las grandes empresas del país y un núcleo metropolitano donde seis millones de personas se gana la vida cada día. Queramos o no, es algo más que una capital cualquiera del resto de las provincias españolas y, una parte de su ciclo vital diario, se lo debe a toda España, no solo a lo que queda a un

lado y otro de la M-30. Con un poquito más de amplitud de miras, no habría hecho falta una intervención de las cuentas de la capital. De Madrid siempre se puede llegar al cielo, pero los que vivimos en sus calles debemos saber que, en parte, es gracias a que es la referencia económica y la capital de todos los españoles, no solo de los madrileños.