Hágase la luz sobre el recibo eléctrico

Surgen serias dudas sobre la necesidad de revolver tanto a la Comisión Europea y a todos los socios comunitarios para hacer realidad la ‘excepción ibérica’ en forma de tope al precio del gas en España y Portugal y, sobre todo, poder anunciar cada mes durante un año lo bien que va el recibo de la luz en comparación con las tensiones del mercado europeo. Teresa Ribera y Pedro Sánchez ya tienen su rebaja mediante una carta de conformidad de Bruselas para que la tarifa regulada (PVPC) de unos diez millones de españoles no se dispare más allá del doble de lo que pagaban hace un año, cuando empezaron las tensiones de los precios, incluida la compensación que hay que pagar a las eléctricas de los ingresos que se van a perder al vender su producción con gas más barata que en el mercado europeo. 

El saldo neto para los ciudadanos, comparado con los precios que se pagan ahora en el ‘pool’, es beneficioso y puede llegar a una rebaja de entre el 15% y el 30%, según las estimaciones que el propio Sánchez luce ya en la campaña andaluza, pero eso de que las eléctricas van a ver recortados sus ‘beneficios caídos del cielo’ tiene sus matices, por más triunfalismo que quiera vender la ministra, sobre todo si las compañías ponen en marcha a sus bufetes jurídicos y plantan batalla, por más impopular que fuera. Si de algo se han cargado ahora la ministra y el presidente es de argumentos políticos, con más o menos demagogia, para 'vender' su rebaja de la luz y cargar las tintas contra los que vayan en contra, aunque con los retrasos que va haya tenido que pasar un año desde que empezó a subir. 

Más allá del efecto directo en la tarifa regulada, la nebulosa de sus logros es mayor. El resto de los millones de ciudadanos y las empresas que han pactado con sus comercializadoras contratos a precio fijo se quedan como están, a expensas de las fechas de renovación dentro del año en que rige el decreto para ver cómo les queda la factura que, en cualquier caso, va llevar también el coste añadido para poder compensar a las eléctricas su recorte, con una salvedad importante: deben enviar cuanto antes al operador de mercado los datos y las condiciones de los contratos a plazo que están exentos de entrar en el recorte, sobre todo porque con el juego financiero de los propios ‘windfall profits’ muchos de ellos saldrían peor parados con el nuevo cómputo y no les interesa cambiar a un sistema peor. Ese fue el gran fallo de la ministra en el primer decreto contra los beneficios extra de las eléctricas (que no funcionó) y en la corrección posterior del segundo, que hasta el momento ha aflorado unos ‘profits’ irrisorios que no llegan ni al 10% de lo que se preveía y denunciaba desde Transición Ecológica. Se supone que a la tercera va la vencida y ahora a ministra, con el aval europeo, va a exigir datos de comercialización que, hasta ahora, nunca creería. El montón de datos que va a recibir sobre los llamados PPA se pueden unir a los que han llegado a la CNMC para su análisis y han colapsado el servicio por falta de medios y de conocimientos para su revisión, de forma que es fácil que cuando pase un año y el decreto de Ribera deje de tener vigencia, sigamos todavía viendo PPA en el operador de mercado y en el supervisor, aunque no sirva para nada.

La pregunta al más puro estilo castellano es ¿hacían falta tantas alforjas para este viaje? Llevamos meses de decretos sin fuste y negociaciones leoninas que nos han enfrentado a toda Europa en un escenario de tensión bélica como no se conocía. Al final, el decreto aprobado con la medida estrella de Ribera tiene una apostilla que marca el compromiso de cambiar la regulación de la tarifa de los más vulnerables, para que no vuelvan a sufrir tanto con los mandobles que Putin asesta a los mercados del gas y de la luz. ¿Y si se hubieran puesto a hacer eso en el Ministerio hace un año, cuando todo empezaba, no se habría ganado tiempo y dinero? Blindar la tarifa regulada y aplicar ayudas directas a quien haga falta con el ajuste de la imposición a la energía o una parte de los 16.000 millones que se han gastado en tomar medidas a modo de parches también podía haber sido eficaz. Y sin necesidad de hacer la guerra a las eléctricas. Al contrario, seguro que algo se les podía sacar sin generar guerras jurídicas que tengamos que pagar a posteriori.

Compartir el conocimiento y promover la transparencia en los mercados energéticos debería ser una máxima a tener en cuenta a partir de la crisis que estamos viviendo, aunque solo sea a modo de aprendizaje, pero ni la parte pública ni la privada son capaces de hacerlo. 

De un lado, la estructura de costes de las grandes compañías para convertir en luz el gas, el agua o cualquier otra fuente primaria de energía ha sido desde siempre uno de los secretos mejor guardados de un sector oligárquico que se ha manejado desde siempre entre tres o cuatro. Mientras el recibo era barato y no existían las redes sociales, no había problema. Pero ahora se paga la luz a precio de caviar ruso y la información fluye entre unos consumidores a los que no se puede engañar todo el tiempo. 

De otro lado, no parece haber nadie en la Administración que sea capaz de sacarle ese ‘secreto’ al sector y optar por soluciones ajustadas a cada nivel de renta en un servicio que está regulado y tutelado por el Estado. Es más, el propio Ministerio lanza rayos y truenos sobre los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, pero en su seno nadie es capaz de ponerle una cifra a ese montante, sobre todo ahora que, una vez más, lo vamos a pagar los de siempre, los usuarios, las personas, los hogares, las empresas o, como dicen los técnicos ahora para despistar a la opinión pública, la demanda.

El día que una eléctrica o un político sean capaces de decirnos a las claras cuánto hay que pagar, por qué, quién se lo va a llevar muerto y qué grado de incremento o margen tiene sobre el coste real del servicio que recibimos, será un milagro. Y eso que votos y/o clientes se los iban a llevar todos.