Miércoles, 26.09.2018 - 03:24 h

La libertad de empresa frente a la intervención de precios en las viviendas 'con estrés'

Hace poco más de una década, uno de los grandes constructores de viviendas de este país mostraba el tremendo miedo que le generaba el mercado residencial por la espiral de los precios del suelo. Un solar para edificar en las afueras de Madrid subida a un ritmo del 17% interanual, con lo que no entrar y ganar la puja por su compra encarecía cada día el precio final de los pisos y complicaba su venta. El coste de la mano de obra (los albañiles y trabajadores de la construcción eran entonces ‘ricos’ o clases de renta media-alta según el baremo actual del PSOE y Podemos) y el precio del suelo fueron la dinamita que hizo explotar al mercado en cuanto se cerró el grifo del crédito en los bancos por la avalancha de las hipotecas basura.

Pero nadie se planteó en ningún momento intervenir directamente en los precios. Él libre funcionamiento de la oferta y la demanda, pilares de la libertad de empresa, funcionaban sin interferencias de dudosa legalidad.

Detrás del humo de los másteres y las tesis, Sánchez e Iglesias escenificaron la semana pasada en la sesión de control sus iniciativas en materia de vivienda, centradas sobre todo en el control de los precios de los alquileres, que están desbocados y son, como siempre, el primer síntoma de burbuja en ese mercado. Cuando comprar es más barato que alquilar, algo no funciona bien. Pero entre las medidas que se están planteando en la mesa de negociación entre ambas formaciones ha surgido un escollo, que el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconocía a primeros de mes: se ha hablado de intervención en los precios, pero esa no es la opción del Gobierno por el momento, vino a decir.

Es evidente que desde las filas más radicalizadas de Unidos Podemos postulan unas acciones más agresivas en el ámbito del alquiler (por ahora) que en los postulados del Gobierno, que opta más por “actuar sobre la oferta” para que el mercado favorezca la demanda. No es sólo el tema delas 20.000 viviendas sociales, es facilitar suelo a bajo precio para que la iniciativa privada pueda construir pisos para alquilar sin tener que sufrir subidas de costes casi diarias, como las que se producían hace una década.

En contra de las medidas más moderadas del lado socialista está el tiempo: ni las viviendas sociales ni el suelo barato o bonificado para construir son algo que surge efecto de la noche a la mañana, como sí lo sería una limitación por ley del precio máximo del alquiler según en que zonas, como postulan los seguidores de Iglesias. Pero a nadie se le oculta que dar poder a los ayuntamientos para decidir (nadie sabe con qué baremos ni justificaciones) que área urbana está o no tensionada o estresada, y limitar allí el precio de los arrendamientos, o se controla muy de cerca o puede caer pasto de la arbitrariedad y la discriminación social. ¿Por qué está estresada la vivienda a un lado de la calle y al otro no?, se va a preguntar mucha gente.

El Ejecutivo se resiste a intervenir en los precios de un mercado porque es algo que está muy cerca de vulnerar la libertad de empresa, consagrada como uno de los derechos económicos y sociales en el artículo 38 de la Constitución. Es cierto que no se trata de la fuerza de un derecho fundamental, y que tras esa libertad de empresa y el principio de la libre competencia como bases de la economía de mercado, resguardadas por la ley, existen también unas limitaciones basadas en la función social de la empresa, y que van desde las exigencias del urbanismo, hasta el medio ambiente y los derechos de los consumidores y usuarios.

Se puede aducir también al debate la obligación del Gobierno de salvaguardar el derecho de los españoles a tener una vivienda digna y adecuada (artículo 47 de la CE), pero sin olvidar que esta norma no es un derecho como tal, sino un mandato al Ejecutivo contemplado en los principios rectores de la política social y económica. La confrontación de la libertad de empresa con esta obligación puede dar lugar a un conflicto constitucional que, por más interesante que sea para el debate, retrasaría mucho la efectividad de la medida y podría conllevar un coste muy grande a posteriori. Si hablar de la incertidumbre que generaría en un mercado de por sí alterado.

Todavía no se puede decir que haya una burbija de la vivienda, pero las tensiones del alquiler y la escalada de los precios apuntan a ello con claridad. Decían este verano los ‘expertos’ de todos los portales y lobbies inmobiliarios que faltaban dos cosas para poder hablar de burbuja como la que hubo hace diez años: más facilidad para otorgar hipotecas y algún tipo de facilidades fiscales para dinamizar el mercado. La primera de las dos condiciones es ya un hecho, tal y como ha advertido incluso el BCE, y la segunda está sobre la mesa de negociación de Sánchez e Iglesias, de donde por el momento solo han salido medidas de maquillaje populista (contra los fondos buitre) y globos sonda.

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