Martes, 11.12.2018 - 22:05 h

Mejorar la Constitución más allá del "España nos roba"

Es doloroso ver como jóvenes que no tenían la mayoría de edad cuando se votó la Constitución (o que no habían nacido aún) radicalizan su discurso en contra de la norma que rige la convivencia de todos los españoles con aquello de “yo no la voté”. O exabruptos similares de otros menos jóvenes que lo liquidan todo con el “España nos roba”. Sobre todo, porque si se indaga un poquito en la historia de este país se puede obtener con facilidad la verdadera significación que la proclamación de la CE tuvo hace ahora cuatro décadas, para acabar no solo con un periodo de otros cuarenta años de dictadura y ostracismo, sino para poner la base de un nuevo entendimiento entre dos mitades de españoles que se habían estado odiando y matando unos a otros durante demasiado tiempo, primero en la guerra y luego en la postguerra. Sin esa Constitución, ellos mismos no podrían decir lo que dicen ahora.

Ese poso que Goya vislumbró con brillantez en su cuadro ‘Duelo a garrotazos’ es la que resurge entre bambalinas cuando las posturas políticas se polarizan demasiado. En España hay miedo colectivo a la ultraderecha y a la ultraizquierda, dos extremos que la transición dejó desactivados pero que acaban de volver a instalarse en la sociedad española, azuzados sobre todo por quienes se olvidan de la historia reciente de su país. Apenas una década después de la Constitución, la séptima que se ha promulgado en España, en la década de los noventa todavía se reflejaba en la historia del constitucionalismo español el fracaso que hasta ese momento habían tenido los periodos anteriores. Es cierto que el franquismo lo adormeció todo, pero hasta la Restauración y la Segunda República, el dicho de que “cada partido una Constitución y un general para imponerla” tenía total vigencia, con el agravante de que siempre ganaban los mismos, los que tenían la fuerza y el dinero de su lado.

Ese contexto histórico es el que explica que una de las grandes innovaciones que la Carta Magna tenía en 1978 era la de establecer de una vez por todas un sistema de monarquía parlamentaria para organizar el país, con un Rey a modo de jefe de Estado con funciones puramente representativas. Lo importante en ese momento era contener las tensiones políticas y sociales de un país que salía de una dictadura, azotado por el terrorismo y empobrecido por una crisis económica crónica. Hay quien olvida que lo mejor de la monarquía en España es que es parlamentaria, es decir, democrática, y que fue el entonces rey Juan Carlos quien avaló e hizo posible que una serie de políticos con amplitud de miras y convencidos de que era necesaria una reconciliación total en España, llevasen el timón por el buen camino y no convirtieran de nuevo la Constitución en un juguete de políticos y generales.

No hace falta ser monárquico para reconocer la valía del Rey en ese momento, que es el que nos ha permitido llegar ahora a la élite de los países más democráticos del mundo. Así lo reconoce incluso la Unidad de Inteligencia de The Economist en su ‘Democracy Index’ de 2017, en el que tras analizar 167 estados soberanos, España está dentro del grupo de 19 países de “democracia plena”, junto a Noruega, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia o Alemania. Muchos de los componentes de ese grupo exclusivo son monarquías parlamentarias, que se sitúan por delante de modelos presidencialistas que entran en la categoría de “democracias imperfectas”, como Estados Unidos, Francia o Italia. Por debajo estarían los regímenes híbridos o los autoritarios, justo lo que nosotros éramos antes de la Constitución de 1978.

Claro que hay que reformar la Constitución, sobre todo por ese avance tan trascendental que ha tenido España en las cuatro décadas que han pasado desde entonces. Pero al hacerlo, tengamos en cuenta de dónde venidos y evaluemos bien a dónde queremos ir. Ensañarse contra la monarquía sin reconocer su valor ni ofrecer una alternativa mejor que el caos o el desorden, mofarse en el Congreso con intervenciones insultantes que ofenden a todos los que allí estamos representados o dejarse llevar por la ambición política de un puñado de votos nacionalistas o extremistas para retener el poder a toda costa, no son el camino. Ajustar derechos como el de la sanidad universal, garantizar el bienestar mínimo y la educación, o reforzar y aclarar los principios rectores de la política social y económica, que ya no son los que eran antes, sí puede ser un avance. Y si con ello somos capaces de que una reforma constitucional resuelva el problema territorial que ya partió al país en dos mitades hace casi un siglo, miel sobre hojuelas. Eso si sería hacerle un buen homenaje a la Constitución.

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