No perdamos los papeles y asumamos la realidad, que siempre será mejor que volverse loco. El PP hace, en estos momentos, lo que tiene que hacer un partido en la oposición: poner cara de escándalo y de que le están robando la cartera mientras acusa de insolvente, timador, traidor, etc., a Pedro Sánchez. Por otra parte, el presidente en funciones y el “sanchismo” hacen lo que deben hacer, y lo que haría cualquier aspirante a presidir un gobierno en esas circunstancias: conseguir formar un pacto, sea como sea, que para esto los dioses se lo han puesto en bandeja, negándole a Núñez Feijóo sus cuatro votos y, de paso, evitando que pueda pactar con otro partido que no sea Vox. Así las cosas, ambos hacen lo que deben hacer según los criterios políticos actuales. Sólo hay una cuestión que deliberar: ¿cuál de los dos es más eficaz y tiene un mejor relato que ofrecer ante la opinión pública?
Sin embargo, uno los principales problemas de Pedro Sánchez reside en que está obligado a contentar a los dos principales independentismos que hoy pelean entre sí por alcanzar la hegemonía en Cataluña: ERC y Junts. Ambos tienen que demostrar a su electorado que son más radicales y más sólidos que el otro partido y menos “botiflers” (traidores) que sus antagonistas. Esta es la acusación que Carles Puigdemont le ha dedicado estos años a Junqueras, Aragones, Rufián… Ahora, el líder de Junts se siente en la obligación perentoria de no hacer él el “botifler” y aparecer ante sus votantes como un aprovechado que busca arrimarse a Sánchez para conseguir la amnistía y beneficiarse sólo él. Todo el entramado soberanista empieza a ser más que nada una pelea entre ideologías: derecha catalana versus izquierda catalanista.
La unidad de los separatistas, que funcionó en los primeros años de 2017, ahora ha saltado por los aires y cada uno defiende lo suyo, y busca conquistar el máximo electorado posible, que en los últimos tiempos está bastante desencantando con el independentismo de “boquilla”. Tras demostrar ERC su “fuerza” negociadora y lograr una quita de la deuda de 15.000 millones que el PSOE acaba de concederles, ahora Junts quiere doblar la apuesta y exigir la condonación total de la deuda que Cataluña tiene contraída con el Estado por la recepción de préstamos públicos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un montante que asciende a la nada despreciable suma de 73.000 millones.
Es difícil que Puigdemont lo consiga pero no es imposible, dada la excesiva “necesidad” mostrada en estas negociaciones por Pedro Sánchez para lograr su objetivo de alcanzar la investidura. Lo único que pido, si no es mucho pedir, es que alguien de la Generalitat me explique, nos explique, ¿qué ha hecho el Gobierno catalán con esos 73.000 millones, en qué los han gastado, quién los ha repartido y a qué bolsillos han ido? Miedo me da que esta cantidad astronómica de dinero, que como dice la publicidad que nos meten a todas horas “No es magia, son tus impuestos”, se haya malgastado en buena medida en el trasiego de los líos del independentismo, el referéndum, abogados, embajadas, favores personales, gastos en el exilio, y un largo y desconcertante etc. Algo que si se aprueba la amnistía nunca averiguaremos.
Frente al relato del buenismo y la concordia del encuentro entre Cataluña y España, nos topamos con el arrebato de la igualdad entre Comunidades Autónomas, y su clarividente “no-todo-da-igual”. Lo que cuenta a la hora de la verdad y de la democracia son las personas y no los territorios. También cuentan las leyes y las deudas, pero eso parece ser más manejable y más deducible. El pacto de la amnistía es muy atrevido, por no decir temerario, pretende demostrar con el código penal en la mano que no pasa nada porque un amplio grupo de ciudadanos no cumpla las leyes y en su lugar proclamen la independencia particular y unilateral sin necesidad de entonar ni un mísero ‘mea culpa’.
No cabe duda de que con la amnistía España estará más dividida de lo mucho que ya está. Sánchez quiere solucionar un problema puntual provocando un gran descosido en todo el territorio nacional. Y no hablemos de lo crispadas que se pondrán las otras autonomías gracias a la tensión comparativa con una Cataluña que logra, además de una amnistía gratis total para aliviar las penas de los independentistas, la condonación de una gran parte de la deuda. Luego vendrá algún listo a decirnos que si los ricos patatín y patatán, pero a la hora de la verdad todos seguiremos pagando muchos más impuestos para sufragar la cada vez más débil sanidad, la mala educación, el enorme Estado elefantiásico… sin olvidar, por supuesto, socorrer entre todos la cuantiosa deuda de la rica y señorial Cataluña esquilmada no por sus ciudadanos sino por sus manirrotos políticos independentistas. Cuanto más lo veo, menos lo entiendo.
Nadie en su sano juicio, y mucho menos si forma parte de esa izquierda sensata, podría aceptar que un rico poderoso de Pedralbes, o La Moraleja, o Neguri decidiera no pagar sus impuestos con la excusa de que “yo me pago mis servicios y me quedo con lo mío, y que los demás se espabilen con lo suyo”. La insolidaridad en grado sumo del que más tiene y más quiere no es viable en una democracia. Si el propio Gobierno de Sánchez no lo permite con los ciudadanos más ricos -el que más tiene más paga-, porque hay que permitirlo con los políticos catalanes, a nivel territorial. Las políticas contrarias a la igualdad son indefendibles en cualquier sociedad libre y justa, y mucho más si una parte del territorio pretende ser insolidario. Al final llegamos a la conclusión definitiva: una cosa es pretender formar un Gobierno forzando algunos pactos, y otra muy distinta pisotear el umbral jurídico del Estado de derecho y la igualdad entre los territorios.
