El curso de los fondos europeos y la ilusión por una vuelta inmediata a la normalidad

Casi siempre que acaba el verano y empieza un nuevo curso parece que el optimismo se renueva. Una señal es la canción del verano. En esta ocasión ha sido la que empieza diciendo: “Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llamamé tiramisú”, con la que la campaña publicitaria de un sorteo extraordinario de lotería quería transmitir, tras año y medio de pandemia, el “subidón del verano” y la ilusión por una vuelta inmediata a la normalidad. También en ámbitos económicos y políticos se percibe similar actitud. El avance decidido, tras un inicio titubeante, de la campaña de vacunación, los buenos datos económicos del segundo trimestre y la llegada de la ayuda europea en la forma de fondos Next Generation EU (NGEU), a ejecutar según el Plan Nacional de Recuperación, Resiliencia y Transformación, son los principales pilares del optimismo económico.

Con algo de retraso sobre la programación inicial, el pasado 17 de agosto se desembolsaron los primeros 9 mil millones de euros de fondos europeos y se anuncia que otros 10 mil millones llegarán antes de finales de año, todos ellos bajo la forma de ayudas directas, que no como créditos. En los próximos años, estas ayudas aumentarán hasta llegar a acumular un total de 69.500 millones, siempre y cuando se cumpla con las inversiones y reformas contempladas en el Plan Nacional de Recuperación, Resiliencia y Transformación. En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ms. Ursula von der Leyen: “Este plan 'made in Spain' es para salir fortalecidos de la crisis e invertir en una recuperación sostenible y más digital. Estoy convencida de que el ambicioso plan de España proporcionará un impulso crucial para que el Pacto Verde Europeo se convierta en realidad, digitalizará aún más la economía y hará que España sea más resistente que nunca”.

Sin embargo, la situación económica es todavía débil e incierta. Las perspectivas para el resto del año parecen menos halagüeñas de lo que eran hace unos meses. Los últimos datos de coyuntura rebajan algo la reactivación de la segunda mitad del año. La evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social del mes de agosto que conocimos la semana pasada hacen vislumbrar algunas señales negativas. Y a ello hay que añadir los efectos negativos que puede tener el aumento del precio de la energía que, si acaso, se acelerará en el cuarto trimestre de este año. Además, a pesar de que la vacunación contra la Covid-19 está cerca de completarse, la pandemia con sus nuevas variantes parece persistir y la convivencia con el virus seguirá teniendo costes económicos importantes.

Por todo ello, la recuperación del consumo y de la inversión puede tardar más de lo previsto y, por tanto, las inversiones y programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resistencia adquieren especial relevancia. Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 asignaban para este mismo año un crecimiento adicional del PIB de 2,6 puntos porcentuales a la ejecución de inversiones financiadas con las transferencias NGEU, que con los retrasos en su implementación y el nuevo contexto parece una estimación muy optimista.

En cualquier caso, es muy probable que los fondos europeos constituyan el principal impulso de la economía española en los próximos años. Y es por ello por lo que hay que prestar especial atención a la gestión de estas ayudas para asegurar su eficacia, tanto por lo que respecta a la consecución de los pilares de un crecimiento económico sostenido, sostenible y equilibrado (en lo económico, en lo social y en lo medioambiental) como por lo que se refiere a su efecto arrastre sobre la actividad económica. Ambos objetivos no están garantizados, sobre todo en un país tan descentralizado como España en el que la coordinación entre Gobierno Central y Administraciones Territoriales es crucial para asegurar la eficacia de las inversiones y la coherencia del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación. Tampoco reconfortan la experiencia pasada con la gestión de los fondos estructurales en años anteriores (FEDER, Fondo Social Europeo, etc.) ni la insuficiente ejecución de los fondos europeos asignados a España durante el periodo de vigencia del último presupuesto comunitario (2014-2020).

Por otra parte, la eficacia de las posibles inversiones que se puedan acometer no será elevada si no se abordan reformas estructurales profundas que mejoren, por ejemplo, el funcionamiento de las Administraciones Públicas, la regulación laboral y otras políticas que afectan al funcionamiento del resto de los mercados (bienes y servicios y financieros).

No parece que estas reformas vayan bien encaminadas. La abundantísima evidencia empírica que tenemos sobre cuándo y por qué se producen reformas estructurales apunta a que las condiciones actuales ayudan muy poco: la polarización y la fragmentación políticas, la debilidad de gobiernos de coalición y la ausencia de margen fiscal con el que apoyar las reformas ayudando a los más perjudicados por ellas, son, entre otros, factores que no contribuyen al diseño e implementación de un programa ambicioso y decidido de reformas. Incluso si esas reformas fueran impuestas desde Bruselas, que podrían serlo dado que el acceso a los fondos NGEU está condicionada al cumplimiento de recomendaciones acordadas dentro del proceso de coordinación de políticas económicas en el Semestre Europeo, no cabe esperar que fueran efectivas. Para que lo fueran sería imprescindible un Gobierno convencido, decidido y con vocación reformadora en aras de fomentar el crecimiento de la productividad y, así, fundamentar el crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo.

En definitiva, tanto por necesidades económicas como por restricciones políticas, hay que conseguir que este rescate de los fondos europeos no pase de largo como los americanos en Bienvenido Mr. Marshall del genial Luis García Berlanga. De repetirse la escena berlanguiana, el optimismo renovado del verano será sustituido por la melancolía.