Las reformas educativas necesarias y las que vienen

El principal determinante del comportamiento económico de un país es el factor humano. Qué se produce, cómo se produce y cuánto se produce están limitados por la disponibilidad y competencias profesionales de empresarios y trabajadores. El contexto institucional y las regulaciones de los mercados de bienes y servicios, que también condicionan cómo se utilizan los recursos productivos, son resultados de decisiones políticas en las que también las competencias de sus responsables y las percepciones de la ciudadanía de esas decisiones son cruciales. No debería sorprendernos, pues, que cuando hablamos de reformas estructurales hablamos fundamentalmente de mejoras en el sistema educativo y en la conformación institucional de los mercados, en particular, en el del mercado de trabajo.

En esta columna me limitaré a las reformas del sistema educativo. Hay tres tipos de indicadores de sus deficiencias. Unos se refieren a los resultados de exámenes internacionales estandarizados que realizan regularmente algunas instituciones internacionales. Por ejemplo, en los que realiza la OCDE para medir competencias lingüísticas, matemáticas y científicas, España siempre aparece en posiciones retrasadas. Y esto ocurre tanto en los exámenes a alumnos de la educación reglada en primaria y secundaria (el famoso estudio PISA) como a la población adulta en general (PIIAC). Además, esos pobres resultados se deben tanto a la abundancia relativa de individuos con competencias muy reducidas como a la escasez relativa de los que tienen competencias en la parte alta de la distribución, si bien con diferencias acusadas y significativas entre Comunidades Autónomas.

Un segundo indicador es el elevado porcentaje de la población que no ha completado estudios secundarios (casi un 40% cuando en Alemania, por ejemplo, no llega al 15%). Esto se debe fundamentalmente a la muy escasa presencia de población con estudios técnicos medios (un poco más del 20% frente a más del 50% en Alemania). Finalmente, si bien el porcentaje de población española que ha completado estudios universitarios ha crecido rápidamente (es del 45% entre la población de 25-34 años frente a alrededor del 25% para la población de 55 a 64 años), la composición de dichos estudios no parece muy adecuada para los momentos actuales: solo 1 de cada 5 graduados universitarios lo son por haber estudiado ciencias o ingenierías (en Alemania, son el 35%).

Adquirir competencias profesionales adecuadas a las necesidades del sistema productivo es siempre fundamental para un buen desempeño económico, tanto a nivel individual como en el conjunto del país. En las condiciones actuales es todavía más imperativo. La progresiva introducción en el sistema productivo de los avances tecnológicos basados en la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial van a requerir competencias profesionales distintas a las del pasado. Entre ellas, las más demandadas serán la versatilidad, la capacidad de análisis y comprensión de lo que hacen las nuevas máquinas y algoritmos y la solvencia para seleccionar información y transformarla en conocimiento. Por ello, la formación en materias STEM (acrónimo del inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Gestión) debe aumentar, si bien eso significa que otros estudios deban ser abandonados o despreciados. No se trata de abogar por establecer posiciones elitistas entre estudios (como hace el “físico teórico” Sheldon Cooper protagonista de la divertidísima serie “Big Bang Theory” que en un episodio llega a afirmar despectivamente que ni siquiera la ingeniería es una ciencia y que el MIT es una escuela de oficios. De lo que se trata es de que, sea cual sea el campo de estudio, este debe enseñarse y difundirse teniendo en cuenta el nuevo contexto tecnológico.

No es (solo) un problema de insuficiencia de gasto público en educación. En realidad, en España el gasto por alumno (casi 8.000 euros) es alrededor de un 27% del PIB per cápita (es menos del 24% en Alemania). Sin duda la composición de ese gasto es mejorable y no todas las necesidades educativas están bien atendidas, habiendo, además, diferencias significativas entre Comunidades Autónomas. Pero, en cualquier caso, donde mejor se manifiesta la ausencia de una inversión decidida por la educación es en el sector privado en niveles universitarios. Al contrario que en otros países de nuestro entorno, no tenemos universidades privadas que ocupen puestos de privilegio en los rankings internacionales (ni siquiera puestos más avanzados que los de las universidades públicas españolas).

Hay, por tanto, también problemas de eficiencia del gasto probablemente derivados de una organización y gestión deficiente de las instituciones educativas que deben resolverse con una legislación que promueva la calidad y la excelencia educativas, así como un cambio en los currículos académicos para que se ajusten mejor a las nuevas necesidades del mercado laboral. A este respecto, dos nuevas leyes están en marcha: la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional y la Ley del Sistema Universitario, que pretenden, respectivamente, mejorar la calidad de la educación de grado medio y hacerla más flexible y adecuada a las demandas por el mundo laboral y modernizar permanentemente el sistema universitario español para que pueda contribuir decisivamente en el desarrollo económico y a la cohesión social y territorial del país.

Reformas educativas hemos tenido demasiadas y no muy exitosas. En esta ocasión, las señales tampoco son favorables. La reforma de la formación profesional no puede hacerse al margen de cambios en la legislación laboral que permitan una transición del sistema educativo al mercado laboral menos traumática y más estable. Y, a juzgar por los debates suscitados en relación con la nueva ley universitaria, se está prestando más atención a lo accesorio que a lo verdaderamente importante, que es la capacitación profesional de los graduados universitarios con una oferta curricular diferente a los del pasado y que permita explotar las ventajas del nuevo contexto tecnológico.

No obstante, espero equivocarme y que estas señales sean solo el humo que suelen desprender confrontaciones políticas, que en este campo no deberían tener lugar. Ojalá esta vez las reformas educativas cumplan con lo que de verdad se necesita de ellas.