El despropósito del Gobierno para la digitalización de España

Ya lo veníamos advirtiendo. Este Gobierno, definitivamente, suspende en sus responsabilidades para la transformación digital de este país. Justo en el momento en que más lo necesitamos y cuando tanto las administraciones públicas, como los ciudadanos, la industria y el propio sector, esperaban que esos más de 27.000 millones de euros de los Fondos Next Generation con los que nos viene a ayudar la UE para la digitalización de nuestro país, les diesen el impulso que necesitaban.

Nos jugamos mucho. Competimos con todos los países por tener las industrias más potentes, las pymes más tecnológicas, los ciudadanos mejor formados, los territorios conectados, la menor brecha digital y la posibilidad de atraer a inversores y grandes compañías.

Para este Ejecutivo, impulsar la digitalización del país es crear agendas, estrategias, planes y consejos consultivos, para luego dedicar la mayoría de los fondos europeos a proyectos que ellos han decidido bajo su criterio y sin consultar a los sectores o a las Comunidades Autónomas. Sin capacidad para gestionar todo este dinero, que hay que gastarlo urgentemente para cumplir con Europa, en proyectos que en su mayoría no tienen demanda, ni interés, ni utilidad.

Y es que, para recibir el dinero de Europa, la CE nos pidió aprobar antes de finales de 2023, unas leyes para la digitalización tales como la Ley General de Telecomunicaciones, La Ley de Comunicación Audiovisual, la Ley de StartUps o la Ley de Ciberseguridad 5G. Todas se aprobaron con el apoyo del PP en las Cortes Generales durante 2022, dando respuesta así a las exigencias de Europa y evitando, de esta manera, obstaculizar el cumplimiento de estas obligaciones. Más fácil, imposible.

En todas ellas, el Gobierno debía aprobar el reglamento de cada una de ellas para desarrollarlas y todavía no ha hecho nada. El caso más llamativo es la de Ciberseguridad 5G, aprobada sin trámite de proyecto de Ley, que precisaba calificar en un plazo de 3 meses a los suministradores de la tecnología 5G, para garantizar la seguridad en los despliegues de la red. Esto fue en el mes de marzo de 2022 y seguimos sin saber nada. Se ve que este Gobierno de coalición no ha entendido lo importante que son las redes de comunicación de un país, está más ocupado y preocupado en intentar salvar el Gobierno de coalición y así poder mantenerse en la Moncloa. Además, el Ejecutivo sabe que no se puede hacer caja con los operadores de telecomunicaciones.

Para desplegar redes 5G hacen falta las frecuencias que, en España, ya le costaron a las operadoras más de 1.000 millones de euros en la subasta de los 700MHz (octubre 2021), mientras que en la de 26 GHz (diciembre 2022) el fracaso fue estrepitoso. El Gobierno solo pudo adjudicar el 75% de las frecuencias, sin interés para las empresas privadas por conseguir alguna y quedando desierta la adjudicación de los bloques reservados para las CCAA.

También, la ausencia del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, desde hace casi 9 meses, dificulta aún más las actuaciones administrativas para el despliegue. Y luego está la Ley de Comunicación Audiovisual, que ha creado una verdadera inseguridad jurídica y un nuevo riesgo para los mismos productores, plataformas e inversores.

Pero el suspenso en mayúsculas de Pedro Sánchez, lo encontramos en la definición de los proyectos de digitalización con el dinero europeo y en la gestión de su ejecución. Actuaciones de las que nadie sabía nada, ni los ciudadanos, ni las empresas, ni las Pymes, ni las Administraciones Públicas, ni las propias CCAA. Y ahora todo son problemas y sorpresas.

Muchas convocatorias están quedando casi desiertas y ya no hay flexibilidad para cambiar de ruta. El truco del Gobierno consiste en darles -tarde- a las CCAA y a las empresas públicas el dinero y que se apañen. Convocatorias sin cerrar y otras que ni han empezado; y los gastos justificables no se aclaran bien. Además, estos proyectos no interesan y las empresas y ciudadanos no los demandan. Entonces, ¿para quién se ha pensado la transformación digital? Esta transformación nos afecta a todos, es algo muy serio: hablamos de la transformación digital de nuestro país.

Cuando menos es lamentable y grave que este Gobierno vaya a transferir un total de 580 millones de euros a las CCAA para proyectos de digitalización que se han inventado, que no han consultado con el sector afectado. Además, para rizar el rizo, si las comunidades autónomas no ejecutan esos millones porque no hay demanda, deberán devolver el dinero con intereses.

Tenemos muchos ejemplos de este fracaso. El famoso Kit Digital; el Bono Social, para colectivos vulnerables que se darán de baja transcurrido el año, porque no es una estrategia sostenible; el programa UNICO Edificios, para cofinanciar las redes de internet a edificios construidos antes del año 2000, como si no lo tuvieran ya; o UNICO Redes para cobertura móvil en servicios 4G en zonas sin servicios mínimos, resuelto sin ninguna solicitud. Cuando las cosas se diseñan mal, es imposible que terminen funcionado bien. En el caso del Kit Digital, con 3.000 millones de euros de los fondos europeos, de momento solo se ha convocado la mitad del dinero con 290.000 solicitudes de un total de un millón y medio que esperaba la ministra. Y quedan diez meses para adjudicar 1.400 millones de euros para antivirus, webs y cosas así. Y eso que el objetivo era transformar las empresas de nuestro país, apoyados en la tecnología. De igual modo, ya veremos en qué quedan los 3.500 millones de euros para competencias digitales de los ciudadanos, que algo deberíamos notar. 

En definitiva, ya sabemos que no se van a cumplir los objetivos y que repetiremos curso, pero esta vez, además, sin dinero. A final de 2023, la mayoría de las actuaciones de digitalización deberán estar presentadas, asignadas y comprometidas. Y luego, miles de millones a devolver por culpa de la incapacidad de un Gobierno que, insisto, solo está pendiente de mantenerse en La Moncloa, cueste lo que cueste.