Martes, 24.10.2017 - 08:19 h
Universidad Complutense de Madrid. Ex Ministro de Industria, Turismo y Comercio

El artículo 155 'económico'

E
l pasado 9 de junio el Govern de la Generalitat anunciaba el referéndum definitivo para la secesión de Catalunya, a celebrarse este 1 de octubre con la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?”. Desde entonces y hasta bien entrado septiembre, nadie se tomó en serio el desafío. Durante el verano, el discurso del Gobierno español se había limitado a ignorar el problema o a manifestar que ese referéndum no se iba a celebrar, mientras que otras fuerzas políticas pedían “diálogo”, pero sin demasiado entusiasmo. Los atentados terroristas de agosto supusieron una tregua efímera, y de ahí pasamos a un enconamiento en el mes de septiembre. La aprobación por el Parlament, en unas jornadas de dudosa calidad democrática y clara ilegalidad, de las Leyes del Referéndum, el 6 de septiembre, y de Transitoriedad, el día 7, abrió los ojos a mucha gente, que empezó a ver que el tema iba en serio. Pese a ello, el empeño del Gobierno seguía siendo la no celebración del referéndum ilegal, más que la aplicación posterior de ambas leyes.

La campaña de persecución de la organización de la consulta, y algunas medidas financieras para apretar su margen de maniobra, lejos de debilitar al movimiento secesionista, lo reforzaron. Y lo cierto es que los independentistas se apuntaron dos victorias: (i) el referéndum se celebró en el 85% de los colegios previstos y (ii) las imágenes de la represión policial fueron hábilmente explotadas, lo que se tradujo en una ganancia de apoyo y simpatía, interna y externa. En el último mes, no han sido pocas las voces que han pedido una actuación firme del Gobierno, para defender la legalidad y la Constitución. Se ha apelado a todas las herramientas a su disposición, como la aplicación de los artículos 155 o 116 de la Constitución, o la Ley de Seguridad Ciudadana. El artículo 155, poco concreto y del que no se ha desarrollado ninguna Ley, otorga un importante margen de maniobra sobre el autogobierno de una región que “atente gravemente al interés general de España”. Pero lo cierto es que, los secesionistas no sólo no se han visto frenados por la amenaza de estos artículos, sino que a veces parece que están deseando que se apliquen.

La reacción de los mercados

Y en esto llegaron los mercados financieros. Habían prestado nula atención al “problema catalán” pero, de repente, lo empezaron a tomar en serio. Es verdad que la deuda de Cataluña ya había empezado a sufrir un deterioro desde julio, tal y como recoge el gráfico, y su rentabilidad a 9 meses subió desde un mínimo del 0,70% a principios de junio, cuando se anunció el referéndum, al 1,70% a primeros de agosto, mientras que la de la deuda de la Comunidad de Madrid se mantenía en valores negativos. Y, desde el 1 de octubre, esa rentabilidad se ha disparado desde el 2% hasta el 3,5% en apenas 10 días, con un spread de casi 400 puntos sobre la deuda madrileña. Pero lo más llamativo desde esa fecha ha sido la caída de las cotizaciones en Bolsa de las principales empresas catalanas, que hizo saltar todas las alarmas. Entre ellas conviene distinguir entre las no financieras y las financieras. Aunque todas cotizan en Bolsa y eran castigadas por la incertidumbre, las implicaciones de uno y otro caso son distintas.

Para las empresas no financieras, su problema era frenar la caída de sus cotizaciones y el posible contagio a sus bonos. El temor de los mercados es que estas empresas, muchas de ellas exportadoras, sufrieran restricciones comerciales en caso de salida de la Unión Europea y del Mercado Común. A otras les preocupaba el deterioro de la actividad económica general. Y a las del sector turístico, una huida de los visitantes hacia destinos menos inciertos. Cuando Oryzon Genomics, una mediana empresa biotecnológica, cambió su sede social de Barcelona a Madrid, el mercado lo celebró con una subida del 20%. Ello valió de señal al resto de las empresas, incluyendo los “buques insignia” de la economía catalana,que siguieron su ejemplo y fueron premiadas por el mercado, que había castigado duramente la incertidumbre política y llevado al Ibex por debajo de los 10.000 puntos, por primera vez desde marzo.


Tipos de interés a 9 meses
Tipos de interés a 9 meses / economía


En realidad, para estas empresas no financieras, el movimiento de sedes es más bien simbólico y no tiene efectos a corto plazo, más allá de parar la hemorragia de los mercados. A medio y largo plazo, si la situación persiste, mandan una señal muy negativa sobre la economía catalana y su capacidad de atraer capital y talento. Pero a corto no cambia ni su producción, ni su empleo, ni su capacidad de resultados. Y tampoco la distribución geográfica de los impuestos, pues el Impuesto de Sociedades es competencia estatal. Para las empresas financieras, sin embargo, hay un matiz muy importante.

De sucursales a filiales

Cambiar las sedes sociales de los bancos supone que, en caso de independencia, las oficinas de esas entidades en Cataluña ya no serían “sucursales” sino “filiales”. Ello quiere decir que las posibles retiradas de depósitos ya no se cubren con todos los depósitos del conjunto de la entidad, sino solamente con los de las oficinas de ese territorio. También supone que no se cubren con el Fondo de Garantías de Depósitos español, sino con el hipotético fondo que se cree en Cataluña, que de entrada no existe. Tampoco tendrían los depositantes un “prestamista de última instancia”, como es el BCE, pues Cataluña quedaría fuera de la zona euro. Sin todas estas salvaguardas, el corralito no sólo sería posible, sino que sería probable. Y el corralito es el apocalipsis, como bien sabe el actual CEO de Sabadell, Jaume Guardiola, que dirigía el BBVA-Banco Francés en Argentina en 2002.

Buena parte del movimiento independentista y del conjunto de la población catalana ha comprendido estos riesgos. Ha sido un baño de realismo que ha compensado el exceso de romanticismo y la componente emocional del separatismo. Y este “155 económico” ha sido mucho más efectivo, y menos cruento, que cualquier otra medida coactiva. Sólo quedan en el aire dos preguntas: ¿Por qué no se ha aplicado antes? Y, si funciona, ¿para qué aplicar “el otro 155”, que es mucho más costoso y arriesgado y que, sin duda, serviría para fortalecer a los independentistas?

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