El BCE, De Cos y la guía para políticos 'manirrotos' con el dinero público

El Banco Central Europeo (BCE) se dispone este próximo jueves a adoptar un cambio en su política monetaria que no se producía en más de una década. Llega a Europa la gira mundial de las temidas subidas de los tipos de interés que llevan tocando por medio mundo desde mediados de 2021. Se busca poner coto a la inflación, el principal problema económico del momento, aunque sus propios promotores auguran escaso éxito porque el alza de precios generalizada se debe a dos 'shocks' externos: energía y cadena de suministros de todo tipo. Donde sí actuará de forma implacable el endurecimiento monetario es en las fuerzas subyacentes que impulsan los precios como el mercado laboral.

Como ejemplo, quien marca el camino a Christine Lagarde, la Reserva Federal (Fed) de EEUU ya sitúa la ‘destrucción de empleo’ como uno de sus objetivos a corto plazo porque allí, con casi pleno empleo, hay “alta tensión” con efectos de segunda ronda como escasez de mano de obra y espiral alcista de salarios. ¿Se acuerdan del ‘pay them more’ (páguenles más) que pronunció Joe Biden hace justo doce meses para solucionar la cosa laboral? Lo que parecía una buena idea y eslogan político tiene un reverso tenebroso que encarece el coste de la vida vía alimentación, transportes, vivienda y financiación. Loretta Mester, gobernadora del banco central, habló este viernes sin complejos de “moderar la actividad” y “enfriar el mercado laboral un poco”, un eufemismo para esquivar el concepto de destruir. No es el caso de la zona euro, ni mucho menos España, donde todavía no hay presión de salarios en el sector privado ni pleno empleo. En cambio sí que saltan chispas cuando de lo que hablamos es de pagas en el sector público.

Suele decir algún economista que los políticos suelen ir sin luces, sin intermitentes o con las de posición como mucho cuando plantean sus estrategias y opiniones sobre economía. Esto es porque mayoritariamente su visión termina en las próximas elecciones. Siempre hay una cita con las urnas que puede moverles la silla. Por eso el debate más importante de esta semana hay que interpretarlo en esa línea. Por primera vez en mucho tiempo, el Gobierno se echado encima del Banco de España, una autoridad teóricamente independiente que permite echar esas luces largas tan necesarias para la economía. Pablo Hernàndez de Cos, su gobernador, ha dicho lo que todos sabemos: “Hoy somos más pobres de lo que éramos antes por el alza de los precios energéticos”.  

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De Cos, que además es uno de los miembros más respetados en el seno del BCE, ha pedido un “pacto de rentas” y moderación después de los llamamientos de las ministras Ione Belarra y Yolanda Díaz a aplicar una subidas de pensiones y salarios en el sector público conforme a la evolución de la inflación, que ya corre sobre el 8%. La famosa indexación al IPC de las pensiones puede costar alrededor de 15.000 millones de euros adicionales a las arcas públicas, es decir, una paga extra que se sumará a los cerca de 160.000 millones de euros que se pagaron en 2021. El ombligo electoral en el que todo político se mira no echa cuentas del verdadero coste de esta medida y, sobre todo, de dónde se saca. La vicepresidenta Díaz ha acusado a De Cos de meterse en “opciones políticas” solamente por levantar la voz y hacer un ejercicio de matemáticas, que siempre dicen la verdad.

La verdad también es contar al votante de dónde saldrá el dinero. Ahora que Pedro Sánchez cumple cuatro años en Moncloa, casi dos en solitario y otros dos en compañía de la ultraizquierda, hay que recordar que la deuda pública se ha incrementado en más de 200.000 millones de euros, hasta los 1,42 billones de euros. Está más que justificado porque la mayoría de ese agujero se ha generado para paliar los efectos de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, es importante subrayar que conseguir esa financiación ha sido posible gracias al BCE, su política de liquidez masiva y tipos cero. También explica el grueso de la inflación que sufrimos en 2022. Ahora que eso va a cambiar también habría que explicar a los votantes que la otra gran carga de los presupuestos estatales es el pago de intereses de la deuda. 

Olvídense de cantinelas populistas como educación, sanidad o carreteras… Lo cierto es que cada año destinamos más de 30.000 millones de euros a pagar intereses de la deuda que hemos adquirido como Estado… y ya hemos gastado. El cambio de ciclo de los tipos también conlleva un aumento de esa factura y no será moderado, sino que hablamos de extras equivalentes a lo que se pretende destinar a revalorizar las pensiones. Cada punto porcentual que aumente el coste medio de la deuda pública requerirá apartar una partida presupuestaria de otros 14.000 millones de euros cada año. Seguro que algún político dirá aquello que pagarán “los que más tienen” pero la realidad es que, como habrán notado, ese dinero llegará vía recaudación e impuestos al sector privado como están notando autónomos, empresas y asalariados pero también de todo ciudadano que se lance a la aventura de consumir o de los recortes que, tarde o temprano, se tendrán que realizar en el gasto público. Si no, ¿de dónde se sacarán los 30.000 millones nuevos para pensiones o el servicio de la deuda pública para el año que viene?