La banca exige seguridad jurídica ¿para todos?

La banca tiene miedo. Tiembla. La sentencia del Supremo del 16 de octubre que obliga al banco y no al cliente a abonar el impuesto de las hipotecas ha estremecido a la patronal bancaria AEB y a la asociación de antiguas cajas, CECA. Temen que la sentencia que debatirá el Pleno del Supremo el próximo lunes suponga una hemorragia mayor que la provocada por la decisión del Alto Tribunal en mayo de 2013 sobre las cláusulas suelo abusivas. Tratándose de banca, la hemorragia es de dinero, por supuesto. La otra, la hemorragia de la reputación, la dan casi por perdida tras las sentencias de los tribunales europeos por los abusos de la ley hipotecaria en materia de desahucios.

El temblor de bancos y cajas se ha traducido en una campaña para reclamar, dicen, seguridad jurídica en un negocio sensible; un negocio basado en escarbar céntimos allí donde es posible y que es fundamental para mantener la actividad económica del país mediante la concesión de préstamos y créditos. Tienen parte de razón: es cierto que el Tribunal Supremo ha modificado su criterio de sentencias anteriores y es cierto que el mercado, especialmente el hipotecario, vive momentos confusos que han afectado a la formalización -que no a la concesión- de hipotecas.

Pero tener parte de razón no significa tener razón. Uno de los argumentos que maneja la banca en su campaña es que las entidades se han limitado a aplicar la ley actuando como meros recaudadores del impuesto hipotecario en cuestión -el de actos jurídicos documentados-. Y lo han hecho durante más de dos décadas, lo que eliminaría el concepto de abuso en los contratos. Es un argumento discutible. También la Ley Hipotecaria se aplicó (mal) durante décadas. Y no hay que olvidar que la directiva europea de 1993, ignorada en España, establecía que “corresponde a los Estados miembros velar por que no se incluyan cláusulas abusivas en los contratos” y que, en caso de duda, debería “prevalecer la interpretación más favorable al consumidor”.

Limitación de daños

Ante el panorama, la banca apela a la seguridad jurídica para limitar los males. El peor de los escenarios que contemplan es el de una sentencia contraria a sus intereses, pero sin efectos retroactivos. Otros supuestos, retroactividad incluida, afectarían al riesgo país y a las expectativas de las entidades ante un más que probable empeoramiento de la situación económica. Así que apelan a la seguridad jurídica como supremo valor, aderezado además con la estricta separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial.

Los bancos están convencidos de que el poder judicial ha ampliado tanto su espacio que ha comido terreno al legislativo. Hasta tal punto, explican en el sector, que hay leyes en tramitación -se refieren a la Ley del Crédito presentada por el PP en 2017- que no avanzan porque nadie se atreve a mover ficha hasta que no se pronuncien los jueces. Por eso alzan la voz, para reclamar seguridad jurídica y no espantar a los inversores internacionales.

La seguridad jurídica es importante. También la invocan los inversores nacionales e internacionales que entraron en el negocio de las renovables, sobre todo en proyectos fotovoltaicos, y que de la noche a la mañana vieron recortadas sus primas con efectos retroactivos. El Supremo avaló el tijeretazo con el argumento de que los inversores “no tienen un derecho inmodificable a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula la percepción de sus retribuciones”. Los bancos, que financiaron muchos de los proyectos afectados, no elevaron la voz por el cambio de reglas.

Tampoco lo hicieron cuando los Gobiernos del PSOE –2010- y del PP –2012- reformaron la legislación laboral que debilitó la negociación colectiva, humilló a los sindicatos y consagró la devaluación salarial como fórmula para salir de la crisis. La reforma, aplaudida por las organizaciones empresariales, banca incluida, llevó a que nueve de cada 10 despedidos en los años más duros de la crisis fueran individuales y no a través del despido colectivo, es decir, sin negociación alguna. Y en siete de cada 10 (Antonio González), sin que el empresario tuviera que justificar razón alguna y sin posibilidad material de revisión posterior por un juez. Para millones de despedidos no hubo seguridad jurídica alguna. La banca no protestó.

Los portavoces del sector bancario aseguran que acatarán la decisión del Supremo sobre las hipotecas, sea la que sea y sin segundos capítulos. Cabe la duda. En el caso –improbable- de que el Supremo sentenciara la devolución de impuestos con efectos retroactivos, la banca sacaría toda su artillería legal. En defensa, claro está, de la seguridad jurídica. De la suya.