De leyes de baja calidad nacen malas sentencias

El Tribunal Supremo ha dado a conocer esta semana una sentencia en la que brinda un respaldo total al controvertido Real Decreto 900/15 sobre autoconsumo eléctrico. Nada que objetar. Para eso están los jueces y para eso está el Tribunal Supremo. Para aplicar las leyes y para corregir excesos en su aplicación si los hubiera.

Sin embargo, la sentencia, como han señalado los productores fotovoltaicos que recurrieron el decreto, tiene extremos llamativos. La sentencia critica el término "impuesto al sol" que hizo fortuna para describir la esencia del decreto de autoconsumo, que es dificultarlo. Lo hace "motu proprio". Nadie había planteado la cuestión.También recoge que las sanciones previstas para incumplidores, de entre 600.000 euros y 6 millones de euros, no son desorbitadas. Eso sí, el Supremo reconoce que esas sanciones se encuentran “en el límite de lo admisible”.

Para muchos, y no solo los afectados, la sentencia del Supremo no es una buena sentencia. Más aún. Es una mala sentencia. Como ha habido otras muchas. Lo que lleva a una pregunta fundamental: ¿por qué se dictan malas sentencias? ¿Es una cuestión de formación de los jueces? ¿De mala calidad de las leyes? ¿O de que el mismo sistema, con puertas giratorias incluidas, facilita los deslices?

Una mezcla de factores

Probablemente, las malas sentencias son fruto de una mezcla de factores. No hay suficientes jueces o fiscales especializados en cuestiones relativamente nuevas como pueden ser las emisiones contaminantes o, en general, el medio ambiente. Además, tienen que aplicar normas a menudo mal redactadas que dejan un margen más que amplio a la interpretación.

Por si fuera poco se enfrentan a menudo a antiguos abogados del Estado – en 2015, la mitad de la plantilla estaba en excedencia-; a una élite magníficamente formada que en buena parte trabaja para intereses privados. 

Se ha impuesto así, al menos por el momento, la tesis de que la especialización judicial quizá no es buena porque, aunque puede traducirse en más agilidad en los procesos, incrementa el peligro de que los jueces sean "capturados" por determinados intereses o posiciones.

Pero no hay que cerrar los ojos a la realidad. La combinación de falta de formación, normas pobres y  puertas giratorias explica hechos muy llamativos. Por ejemplo, que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) imponga multa tras multa a eléctricas, grandes compañías de telecomunicaciones o petroleras para que la Audiencia Nacional, en segunda lectura, las tumbe una tras otra.

Sentencias que tumban multas

En los últimos meses, hasta seis sentencias de la Audiencia Nacional han tumbado multas multimillonarias impuestas a grandes empresas como Telefónica, Repsol, Vodafone u Orange. Las arcas de la CNMC suenan como tripas vacías porque las sanciones se quedan en los titulares. En el mejor de los casos, se cobrarán en seis u ocho años.

La Audiencia Nacional no corrige las decisiones de Competencia por capricho. Como es de rigor, aplica las normas. Otra cosa es cómo están redactadas esas normas, cómo nacieron y cuántos intereses fluyeron e influyeron en su redacción.

La realidad, terca, indica que la calidad de las leyes no es precisamente una de las grandes preocupaciones de quienes controlan el poder legislativo. Lo puso de manifiesto hace unos pocos días la diputada socialista –y exjuez- Margarita Robles. La diputada explicó en el Parlamento que, en lo que va de legislatura, solo se han aprobado dos leyes. Además, solo se están tramitando siete proyectos legislativos. Eso sí, el Gobierno ha aprobado 21 decretos.

Son datos sobre los que reflexionar. Porque luego pasa lo que pasa. Y lo que pasa es que la combinación de normas de mala calidad y prisas al aplicarlas ha convertido al Reino de España en el Estado más demandado ante el órgano de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi. Y así estamos. Con un equipo de ocho abogados del Estado, dos inspectores de Hacienda y dos técnicos administrativos -según recuento de El Mundo- para analizar desde un punto de vista multidisciplinar 28 procesos de arbitraje contra España.

Ese equipo se enfrenta a la élite de la abogacía mundial, los Allen & Overy, Clifford Chance o Latham Watkins, acompañados en lo más cercano por Cuatrecasas o Gómez Acebo y Pombo. En el primer arbitraje perdido por España en el Ciadi, en mayo pasado, quedaron de manifiesto las consecuencias de mezclar normas discutibles- de baja calidad-, prisas y defensores mal preparados. Así resumió El País por qué la partida acabó mal para España, con una multa de 128 millones de euros: "Rajoy no contestó las cartas, los testigos se contradijeron, los peritos no fueron convincentes y los abogados [de España] dieron un vuelco a su estrategia de defensa". Hay mucho que mejorar.