Jueves, 19.07.2018 - 01:43 h
En la frontera

En qué se parecen el caso Castor y la flor de los budistas

España es un país moderno. No hay más que ver sus estupendos trenes de alta velocidad y sus magníficas carreteras. Cierto es que todavía hay provincias casi aisladas -Soria, sin ir más lejos- pero se compensa con aquellas otras en las que un pasajero cada cuatro días justifica todo un aeropuerto. Y si no hay pasajeros -ni siquiera uno-, no pasa nada. Se aplica el ingenio (no confundir con la improvisación o con coger algo al vuelo) y se convierte un aeropuerto como el de Teruel en un centro de aparcamiento, reciclaje y mantenimiento de aviones. Modernidad a tope.

​En este país de sol y de emprendedores, han proliferado contratos más extraños que la flor Udumbara. Los budistas creen que la Udumbara florece cada 3.000 años y anuncia acontecimientos raros. Como flores budistas, los contratos público-privados para la construcción y gestión privada de infraestructuras públicas nacen casi ocultos; se forman primorosa y delicadamente durante décadas; dan frutos en forma de beneficios y solo se descubren al cabo de muchos, muchos años, cuando caen sobre las espaldas del contribuyente. Es el "capitalismo concesional" del que habló el economista Antón Costas.

Cualquiera está en su derecho de no creer en la flor de Udumbara. Faltaría más. Pero la existencia de contratos extraños -sobre todo en las concesiones de obra pública- está probada. El tema es importante: en el Estado español, la compra y contratación pública supone en torno al 15% del PIB (162.000 millones de euros aproximadamente, en datos de 2015).

Apaños público-privados

Pero si alguien no cree en la existencia de esos apaños público-privados basta con que examine el contrato de construcción y concesión del almacén de gas Castor firmado en 2008 con la sociedad Escal-UGS, propiedad de la constructora ACS y de la compañía canadiense Dundee-CLP.

El contrato ha acabado en la Audiencia Nacional como parte de una querella planteada por varias plataformas ciudadanas contra Florentino Pérez (ACS) y cinco exministros de dos partidos distintos, PSOE y PP. El asunto es que ACS y sus socios reclamaron y obtuvieron una indemnización de 1.350 millones cuando el almacén de gas, situado frente a las costas de Castellón, se convirtió en un enorme tambor generador de terremotos.

Plataforma del Castor.
Plataforma del Castor. / EP

Las empresas reclamaron y cobraron por varios motivos. Por el extraño contrato que contemplaba la posibilidad de indemnización incluso en caso de dolo o negligencia por parte de la empresa y porque estaba implicado en la operación de financiación el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Un impago habría dañado la imagen del país en plena crisis. Pero el caso es que las empresas cobraron y ahora se piden cuentas. Porque la broma de Castor, con los intereses, se le pone al contribuyente en 2.500 millones pagaderos en 30 largos, que no cómodos, años.

El contrato de Castor, según las plataformas ciudadanas que firman como querellantes, es algo "singular y anómalo". No se ha aplicado algo igual en instalaciones similares como el almacén Gaviota, en la costa de Bizkaia. Y llama poderosamente la atención que el dolo (engaño o fraude llevados a cabo con la intención de dañar) o la negligencia se contemplen como objeto de compensación.

Un cuerpo extraño

El asunto no daría para más si el contrato del Castor fuera una excepción. Un cuerpo extraño en las relaciones con la Administración. Pero no lo es. El rescate de las autovías radiales demuestra que en España los contratos extraños son marca de la casa. La antigua Ley de Contratos del Sector Público (art 247) los normalizaba incluso. Daba garantías de que en caso de resolución anticipada de la concesión, el Estado tendría que abonar al concesionario el importe de las inversiones realizadas para expropiaciones, ejecución de obras y compra de bienes. Un seguro que garantizaba la voluntad negociadora -y pagadora- del Estado.

Los ayuntamientos también saben de capitalismo concesional. Muchos han aplicado el modelo francés de empresa mixta -mayoría pública, gestión privada- a servicios esenciales como el agua en contratos cerrados para décadas y con cláusulas de reversión imposibles. Contratos legales pero extraños.

A menudo, la apariencia de legalidad y el ajuste estricto a la normativa oculta abusos. Nada es lo que parece. Ni siquiera la Udumbara. Su forma y color se asemejan a las puestas de larva de un insecto (Chrysopydae o crisopa)- y se confunden. Consecuencia: la existencia de la Udumbara está en cuestión. La de los contratos extraños en España, no.

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