![El almacén submarino de gas Castor, en Castellón](https://imagenes.lainformacion.com/files/image_150_113/files/fp/uploads/imagenes/2020/10/12/el-almacen-submarino-de-gas-castor-en-castellon.r_d.929-733-0.jpeg)
Sismólogos y otros estudiosos de la materia muestran su disconformidad con el informe, el cual vincula los terremotos de 2013 con la falla de Amposta, ubicada en Tarragona, por ser "especulativo" y "erróneo".
Sismólogos y otros estudiosos de la materia muestran su disconformidad con el informe, el cual vincula los terremotos de 2013 con la falla de Amposta, ubicada en Tarragona, por ser "especulativo" y "erróneo".
Mientras continúa el juicio por los seísmos derivados de la inyección de gas en la planta, la Cámara Alta ha admite a trámite crear una comisión de investigación centrada en las posibles responsabilidades políticas.
“Tuve que cambiar todo el salón”, ha relatado una vinarocense que, pese a todo, renuncia a reclamar los daños: “¿Para qué? Si ya está todo arreglado”.
La actividad que llevó a cabo la empresa en 2013 "no ha alterado" la peligrosidad en la falla de Amposta, han declarado en el que desde este lunes se sigue contra ellos en la Audiencia de Castellón.
Esta sismicidad se considera antropogénica, al ser provocada por la actividad humana, y es frecuente en el contexto de explotaciones petrolíferas.
El Gobierno coló en un decreto, el 29 de diciembre, la autorización para emitir deuda y cumplir la setencia del Supremo favorable a Santander, Caixa y Bankia.
El Supremo reconoció el pasado octubre el derecho del Santander, CaixaBank y Bankia a ser indemnizados por el Estado con 1.350,729 millones.
El Ministerio de Transición Ecológica tiene que decidir quién paga la factura, si el conjunto de los contribuyentes vía presupuestos o las empresas y hogares en el recibo del gas.
"Hay que ver si la cobertura de esa responsabilidad del estado legislador ha de hacerse a través de la factura, dado que era algo que se integraba en el sistema gasista, o con cargo a los PGE", según la ministra.
La pelea legal dura ya más de dos años; los bancos la iniciaron en abril de 2018 con la presentación de una reclamación para recuperar 1.350 millones de euros.