El secretario general del PP de Guipúzcoa, David Hernández, ha denunciado el "mercadeo del padrón" en anuncios en Internet en los que se ofrecen empadronamientos "ficticios" en viviendas del País Vasco, "sin derecho a vivir en ellas a cambio de una cantidad mensual que gira en torno a los 200 euros al mes", lo que, a su juicio, es "un síntoma más del fraude en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)".
En un comunicado, Hernández ha denunciado "el mercadeo del padrón se está volviendo un negocio lucrativo para algunos propietarios que se enriquecen ilícitamente, mientras el Gobierno vasco no actúa para evitarlo".
El dirigente del PP ha explicado que "por un precio que ronda los 200 euros al mes, hay propietarios que inscriben en el padrón, como si residiesen en su vivienda, a quienes quieren saltarse los límites establecidos en la ley que regula la RGI".
"Los anuncios son fáciles de encontrar, es tan sencillo como introducir en cualquier buscador de internet 'padrón sin vivir'; y ahí, a ojos de todo el mundo, está la ausencia de control de este gobierno", ha añadido.
Hernández ha apuntado que "la mayoría de anuncios que hemos encontrado a día de hoy son de viviendas en Vizcaya, pero también existen casos en Beasain, en Tolosa, en Errenteria, en Donosti". "Es importante recordar que independientemente de dónde se produzca el fraude, nos afecta de igual modo a todos, porque la competencia pertenece al gobierno central del País Vasco", ha añadido.
A su juicio, "si bien es cierto que la RGI es un derecho subjetivo y por tanto esta práctica no impide que quienes actualmente tienen reconocida la ayuda por Ley la perciban también, no podemos cerrar los ojos ante esta profunda injusticia", puesto que, "mediante esta práctica ilícita hay a buen seguro familias ingresando gracias a las prestación sociales más que otras que tienen a alguno de sus miembros trabajando".
Hernández ha incidido en que "no cabe justificación ninguna a esta práctica" y ha recordado que "el empadronamiento ficticio, que es como popularmente se conoce a la inscripción en el padrón de personas que sin domicilio se encuentra en grave situación y requieren de ser reconocidos para acceder a los recursos de protección social y otros derechos, ya se prevé en el 54.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales", en el que se especifica que "el único medio por el que se puede realizar esta práctica es bajo el conocimiento de los departamentos de asuntos sociales".
Por otro lado ha destacado que en el PP han sido "perseverantes y coherentes" denunciando "la ausencia de controles en la aplicación de la RGI" y "a cambio" han recibido "descalificaciones absurdas y acusaciones sacadas de contexto".
"Nuestras críticas no deben poner en duda la necesidad de que existan mecanismos para la distribución de la riqueza y la protección social, del mismo modo que cuando criticamos la pésima gestión del Gobierno vasco en educación no se pone a debate la necesidad de que exista un plan educativo", ha defendido, para añadir que lo que "está en el centro de nuestros planteamientos y a ojos de todos nuestros vecinos son las carencias de este gobierno para hacer cumplir la Ley".
"Estamos a la espera de una nueva ley que deseamos sea más justa, aplique más controles, disponga de medios reales para que los ciudadanos que perciben la ayuda y que están en edad de trabajar puedan integrarse al mercado laboral", ha afirmado.
LOS INGRESOS PRIMEN
En este contexto, ha sostenido que aspiran a que "los ingresos primen sobre otras consideraciones a la hora de determinar quién recibe la ayuda, pudiendo de este modo ampliarse el derecho a personas que han contribuido con la comunidad durante toda su vida y en este momento no tienen reconocido ese derecho".
Asimismo, ha subrayado que "para aplicar los controles que existen en este momento, no hace falta esperar a una nueva Ley", sino "voluntad de quien gobierna" y ha advertido de que "si la nueva Ley se pretende ejecutar con el mismo rigor que la actual, la RGI no dejará de perder legitimidad porque seguirá permitiendo el enriquecimiento ilegítimo de quienes defraudan".
"La actuación de las partes (propietarios y empadronados) que perpetran el fraude y la dejadez del Gobierno Vasco, son altamente insolidarias, porque están dilapidando con estos escándalos la legitimidad de las prestaciones sociales", ha insistido.
LLAMAMIENTO A ALCALDES
Por otra parte, ha destacado que "la llave del padrón la tiene los alcaldes de cada municipio" y ha pedido a los alcaldes que "actúen por iniciativa propia, atendiendo a las evidencias de fraude que estamos denunciando, revisando las posibles irregularidades que pudieran existir en el padrón".
"Denunciamos el fraude en la RGI, porque hay fraude en la RGI; denunciamos que la norma es injusta, porque no atiende adecuadamente a vecinos que han contribuido a mejorar nuestra sociedad y que hoy lo están pasando mal; denunciamos la desidia del Gobierno Vasco porque no hay derecho a que los delitos se estén cometiendo ante los ojos de todos con impunidad".
Finalmente, ha denunciado que "el Gobierno Vasco conoce este mercadeo del padrón desde hace al menos un año, fecha en que un medio de comunicación lo denunció y un año después, todo sigue igual", para añadir que "luego se tirarán de los pelos cuando salgan noticias de familias acaparando varias RGIs y ofrecerán estadísticas y datos para intentar demostrar que no es verdad lo que todos vemos que está sucediendo".
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